Hay algunas personas que solicitan información y cuando la reciben, no pueden leerla. ¿Por qué? Requieren que esté en formatos accesibles porque son personas con discapacidad. En México, según el INEGI, más del 6% de la población está en esta situación y el 58.4%, tiene dificultades para ver, aunque use lentes. La reforma al sexto constitucional y los marcos normativos en la materia, nos obligan hoy a garantizar plenamente el derecho de acceso a la información a este sector de la población.
El 12 de junio de este año, México ratificó el Tratado de Marrakech, que al 30 de ese mes fue ratificado por 19 países más. La importancia de este Tratado es que, en referencia a la propiedad intelectual, compromete a los países firmantes a facilitar el acceso a obras publicadas, la cultura y la información a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad visual. Al firmarlo y ratificar este Tratado, nuestro país se comprometió a incluir en su legislación nacional las disposiciones que permitan la reproducción, distribución y puesta a disposición de obras publicadas en formatos accesibles.
Si bien este Tratado corresponde a derechos de autor, permite llamar la atención con respecto a la información pública. En este sentido, la legislación en la materia incorpora objetivos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículos 9 y 21) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad (artículo 32 fracción I). La Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública dispone la generación de formatos accesibles, algo que no estaba presente en el marco legislativo anterior.
Hoy se deben proveer estos formatos, es decir, maneras o formas alternativas para que los solicitantes de información con discapacidad accedan a ella de forma tan viable y cómoda como sea posible (artículo 3, fracción XI) y se puede recurrir la respuesta de un sujeto obligado cuando esto no se cumpla (artículo 143). Aún más, los organismos garantes y los sujetos obligados debemos coordinarnos con las autoridades competentes para adecuar nuestros procedimientos y garantizar la producción de este tipo de formatos (artículo 42 fracción III). La ley federal y las leyes estatales que se armonizaron con la Ley General también secundan estas previsiones.
En mi colaboración pasada para La Silla Rota insistí en que es tiempo de que la información vaya a la población y no al revés. La accesibilidad de la información y los formatos accesibles contribuyen a este propósito y en el INAI estamos comprometidos con garantizar la inclusión en el acceso a la información pública: generar entornos accesibles para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, su derecho de acceso a la información, pues a partir de él pueden exigir la garantía de derechos como la salud o la educación. Sin embargo, para lograrlo debemos trabajar juntos autoridades, organismos garantes y población. Es tiempo de formar una alianza donde las organizaciones de la sociedad civil y autoridades con conocimiento y experiencia en el tema colaboremos para llevar a la práctica lo que dice la ley. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos publica textos en braille y macrotipos y pone a disposición para su reproducción libros en braille descargables para imprimir.
La verdadera apertura gubernamental y la inclusión se alcanzan cuando tanto autoridades como población colaboran. La accesibilidad de la información debe responder a las necesidades de los solicitantes. Esto significa que debemos conocer las necesidades de la población con discapacidad en cada lugar; ¿quién mejor que ellos para decirnos qué mecanismos o instrumentos son más idóneos y eficientes para garantizarles el acceso a la información? Podemos canalizar sus demandas y propuestas mediante ejercicios de gobierno abierto tanto a nivel federal como local. Incluso, podría contemplarse incluir un compromiso relacionado en el Plan de Acción de México en la Alianza para el Gobierno Abierto. Precisamente, estamos en el proceso de confeccionarlo. Sólo estoy dando algunas ideas. Lo importante es enfatizar que debemos trabajar en conjunto para compartir experiencias y buenas prácticas.
Lo primero es difundir entre la población con discapacidad que las autoridades debemos entregar información de manera accesible para que realmente puedan utilizarla. Ya no hay pretextos que valgan; todos los mexicanos tenemos derecho a acceder a la información pública para estar enterados sobre las políticas y programas públicos que nos afectan y defender nuestros derechos. La ley nos obliga claramente a garantizar la inclusión en el acceso a la información pública. La información debe ir la población y no al revés. Es un insumo para construir el México que todos deseamos, un México justo e incluyente.
Agradezco a Alejandra Donají Núñez la información que proporcionó para la redacción de esta columna.
También te recomendamos:
Acciones para prevenir la corrupción: seguir la ruta del dinero