Después de la jornada de consulta popular del pasado domingo, hemos visto básicamente dos lecturas contrapuestas sobre sus resultados que van a tono con el ambiente de gran polarización en que hemos caído estos últimos años. Aunque no en todos los casos se compartieron las mismas razones para participar en este ejercicio o abstenerse.
Los opositores a la consulta la calificaron como un fracaso y un desperdicio de recursos que se hubieran podido utilizar para atender otras necesidades como la compra de medicamentos oncológicos o para vacunar a menores de edad, y celebraron lo que consideraron como una derrota de López Obrador. Incluso han llegado a afirmar que la baja participación es muestra de que el presidente está perdiendo su base de apoyo y que la cifra del 7% representa su voto duro real, lo que me parece una interpretación equivocada si nos atenemos a lo que arrojan las encuestas o a los resultados de las recientes elecciones federales y locales –lo que quizá pueda ser cierto, es que la capacidad de operación del partido gobernante fue mucho más limitada de lo que se esperaba–. También se dieron algunas expresiones lamentables como las burlas del ex presidente Vicente Fox.
Sin embargo, la indiferencia o la decisión de abstenerse del 92.9% de la ciudadanía no necesariamente tiene que ver con sus preferencias políticas o su percepción respecto al presidente o al desempeño de su gobierno, ya que pudieron influir diversos factores como la falta de claridad sobre el objeto de la consulta y sus consecuencias ante la desafortunada redacción de la pregunta, la confusión que se pudo haber generado por la promoción del juicio a expresidentes que no estuvo en la boleta –recordemos que la SCJN resolvió que la pregunta presentada por el presidente era inconstitucional y por tanto la modificó sustancialmente–, el miedo por el disparo de contagios en esta tercera ola de la pandemia, o simplemente porque sus preocupaciones son otras (salud, seguridad, economía). De igual forma, algunos de quienes decidieron participar, vieron una oportunidad para que por fin se creara una comisión de la verdad y se haga justicia a las víctimas, aunque eso tampoco estaba en la boleta.
Por su parte, para los impulsores de la consulta fue un éxito dada la abrumadora votación por el Sí, desestimaron que el porcentaje de participación haya quedado tan lejos del que se requería para que el resultado fuera vinculatorio (40%), y contrastaron los más de 6 millones y medio de votos de la consulta con los que obtuvieron algunos partidos de oposición en lo individual el 6 de junio.
Llama la atención que aunque López Obrador lo calificó como un hecho histórico y una jornada ejemplar, ello no impidió que se arremetiera contra los que no estuvieron de acuerdo con la consulta señalándolos como traidores a la democracia –siendo que paradójicamente López Obrador tampoco acudió a votar–, y en particular contra el INE por considerar que no mostró entusiasmo en su organización, que no se instalaron las mesas receptoras suficientes, o que no se le dio la difusión suficiente (además de la campaña institucional mediante más de 377 mil anuncios en radio y tv, redes sociales, publicidad exterior, folletos, jornadas de diálogo, ruedas de prensa etc., el mismo presidente la promovió constantemente en sus conferencias mañaneras y, contrario a la ley, se desplegaron cientos de espectaculares de origen desconocido en las principales ciudades), desalentando con ello la participación.
En este punto, vale aclarar que las reglas para la realización de la consulta, su fecha de celebración, la redacción de la pregunta, o los tiempos para emitir la convocatoria y su difusión fueron establecidas por el Congreso en la legislación respectiva y no por el INE, quien a pesar de que se le negó el presupuesto solicitado y su personal acumulaba el desgaste que implicó la organización de la elección más grande y compleja de la historia, cumplió con la responsabilidad que le correspondía.
También les provocó mucha molestia que la autoridad electoral precisara que la consulta no se trataba del juicio a los expresidentes, lo que era rigurosamente cierto pues así lo mandató la Suprema Corte. No obstante, el representante de Morena ante el Consejo General afirmó reiteradamente que sí era para eso, y llegó al extremo de acusar al presidente Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama de hacer contracampaña, por lo que una vez más se les pretende iniciar juicio político, siendo que las decisiones en el INE son tomadas por un órgano colegiado integrado por once consejeras y consejeros. La intención de doblegar al INE o desparecerlo es manifiesta.
Sin duda la inauguración de este mecanismo de democracia participativa pudo haber sido más afortunado, y se deben revisar las reglas y las condiciones para que estos ejercicios despierten el interés de la ciudadanía y realmente puedan incidir en las decisiones públicas –como ocurrió por ejemplo con la iniciativa ciudadana al impulsar la denominada ley 3#3 que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción–, pero representa un punto de partida que no debemos desestimar.