Los acontecimientos del pasado fin de semana en Guadalajara han planteado la mayor crisis en los 18 meses de gestión del gobernador Enrique Alfaro, que ha decidido abrir múltiples frentes de batalla con riesgo de ser arrastrado por errores que están a la vista.
Por la extensa base social que lo llevó al poder, por su estilo claridoso y sus logros en diversos campos (como una eficaz estrategia ante la pandemia), Alfaro ha sido muy prematuramente señalado como eventual candidato a la Presidencia de la República en 2024. Pero su camino exhibe cada vez más hoyancos; el mayor, la inseguridad pública, casi siempre ligada al crimen organizado.
Alfaro Ramírez responsabiliza frecuentemente al gobierno López Obrador de sus problemas.
Sin embargo, las evidencias apuntan en el sentido de que su mayor enemigo está en casa, lo que incluye su inclinación personal hacia el desbordamiento escenográfico, que le ha provocado gran desgaste político, dentro y fuera de su estado.
El pasado viernes 5 se produjo una violenta manifestación por el centro de Guadalajara, formalmente en repudio al asesinato, un mes antes, del joven albañil Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, una comunidad cercana a la capital jalisciense.
Ha sido sobradamente demostrado que este crimen fue producto de la brutalidad policiaca bajo el argumento de que Giovanni no portaba el cubre bocas al que estaba obligado por disposición oficial, y que había ya transcurrido un mes sin que ninguna autoridad estatal hubiera mostrado interés alguno para evitar que fuera dominado por la impunidad.
En las protestas del viernes una turba lanzó proyectiles contra el palacio de gobierno y causó múltiples destrozos en la zona. Pero lo que vino después oscurece cualquier argumento ofrecido posteriormente en favor del gobernador Alfaro y lo hace aparecer como un mentiroso contumaz y un encubridor de criminales.
Entre la noche de ese viernes y las primeras horas del sábado un comando de policías ministeriales, ordenado por el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, cateó de forma ilegal al menos 60 domicilios de jóvenes incluidos en una “lista negra”, de oscura confección, que supuestamente habían participado en los disturbios. Testimonios diversos dan cuenta de “levantones” ilegales, golpizas, interrogatorios bajo coacción y un largo etcétera que dibuja apenas una de las facetas del clima de abusos por parte de cuerpos de seguridad que adereza el alto nivel de inseguridad en todo el estado, pero en particular en su zona metropolitana.
Reportes periodísticos publicados por medios como “El Informador” de Guadalajara, alertan sobre indicios de que la referida “lista negra” habría sido entregada a la Fiscalía por dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), una organización de la Universidad de Guadalajara que durante años ha mostrado características porriles. Según esos mismos reportes, en la lista figuraban muchos activistas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, asiento de agrupaciones ultraconservadoras, rivales de la FEU.
El citado fiscal Solís Gómez es un habitante eterno de los pasillos de la deficiente procuración de Justicia en el estado. En 2004, cuando se desempeñaba como procurador de Justicia, ya había sido señalado por incurrir en casos de desaparición forzada.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado decenas de incidentes de esta naturaleza cometidos por policías ministeriales, como fue este caso que pudo haber llegado a constituir una tragedia mayor. Recomendaciones del ombudsman estatal, entre ellas la 11/2020 o la 25/2019, detallan un centenar de episodios que en su mayoría derivaron efectivamente en la desaparición de personas a manos de efectivos policiales de diversos ámbitos en la entidad.
En lugar de encarar los problemas internos, el gobernador Alfaro optó por acusar de los disturbios a personajes que identificó como presumiblemente ligados al gobierno López Obrador. Desde su conferencia mañanera, el Presidente rechazó la imputación y pidió pruebas o una disculpa por parte del mandatario estatal. Ninguna de ellas ha sido ofrecida de manera formal.
El mandatario estatal optó después por ubicarse como víctima de una conjura al declarar que manos desconocidas intentaron montar en el estado “algo parecido a Ayotzinapa”, aludiendo al secuestro y probable asesinato en 2015, por parte de fuerzas del orden, contra 43 estudiantes de Guerrero.
El senador Dante Delgado, fundador del partido Movimiento Ciudadano que postuló a Alfaro para la gubernatura, publicó una carta dirigida a López Obrador en términos muy duros, en particular si se considera que ambos fueron aliados políticos por muchos años. En su misiva, Delgado deja entrever que cuenta con testimonios escabrosos sobre la vida pública del ahora ocupante de Palacio Nacional.
El posicionamiento tanto del gobernador Alfaro como del senador Delgado habría cobrado autoridad política si a la presentación tardía de disculpas por parte del primero hubiera dictado sanciones ejemplares contra los policías municipales que presuntamente asesinaron a Giovanni López el 4 de mayo, o sobre los agentes ministeriales que irrumpieron ilegalmente en casas de jóvenes a los que no se les pido demostrar delito alguno, lo que llevó a su inevitable liberación. O que hubiera instado al Congreso estatal a aprobar, por fin, una ley de desaparición forzada que debieron haber pasado desde 2018 por disposición legal federal.
Diego Petersen, uno de los columnistas jaliscienses más acreditados, escribió en días pasados que sería necesario que Alfaro emprendiera cambios, entre ellos la salida del fiscal estatal Solís Gómez, quien formalmente es independiente, pero de cuya sumisión al palacio de gobierno no existe ninguna duda.
En caso de dar la espalda a esta urgencia, el gobernador Alfaro se deslizará hacia un precipicio desde el cual nadie podrá escuchar sus palabras, porque éstas se hallarán cubiertas por el horrible ruido de sus actos.