En medio de la efervescencia pre-electoral provocada por el destape y la embestida mediática para posicionar al próximo candidato del PRI, las controvertidas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto a una posible amnistía a líderes del narcotráfico, así como la expectación sobre el futuro del Frente Ciudadano, en el Congreso se está dando una discusión de la mayor relevancia que, como pocas veces, ha movilizado a académicos, organizaciones y activistas.
La Ley de Seguridad Interior
Tras varios fallidos intentos a lo largo de los últimos años, el pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que había sido una exigencia reiterada de nuestras fuerzas armadas, a partir de una comprensible preocupación ante la ausencia de un marco jurídico que dé sustento a su actuación en las labores de seguridad que han tenido que realizar por instrucciones del Presidente de la República desde hace una década.
Aunque todavía falta que la minuta sea aprobada por el Senado, hasta el momento todo apunta a que así será pues además del apoyo del PRI y sus aliados, los gobernadores emanados de los partidos de oposición han presionado a sus legisladores para que voten a favor y solo se requiere de mayoría simple.
No obstante, existe una gran preocupación por las consecuencias que pudiera tener, particularmente en materia de derechos humanos, como lo han manifestado diversas voces incluso a nivel internacional y que no deben ser pasadas por alto.
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Para empezar, esta Ley representa un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia de seguridad -como lo señalan todos los indicadores-, y de la grave irresponsabilidad de los gobiernos estatales que endosaron toda la carga al gobierno federal incumpliendo con la obligación de depurar a sus cuerpos de seguridad y crear policías confiables a pesar de los miles de millones de pesos que se destinaron para tal propósito.
La participación del ejército era una medida temporal que se fue extendiendo en el tiempo, pero que no resuelve el problema de fondo y como lo apunta el Doctor Pedro Salazar, la aprobación de esta Ley “consolidaría la tendencia a desatender el fortalecimiento de las instituciones civiles para privilegiar la estrategia militar. Es decir, nos metería más en el túnel del que decimos querer salir”.
En el mismo sentido, la CNDH advierte que la propuesta “trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente de la seguridad de las personas, generando el riesgo potencial de que pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la seguridad interior, sin que existan parámetros objetivos para ello”.
Pero también el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que “la autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y supervisión apropiados y carece de las garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”, por lo que pidió que no se aprobara la Ley de Seguridad Interior en los términos planteados.
Necesario un andamiaje jurídico
Es cierto que en este momento resulta impensable retirar al Ejército y a la Marina en algunas regiones del país ante la penetración de la delincuencia organizada y la incapacidad de los gobiernos locales para hacerle frente.
Comparto también la necesidad de regular su actuación y dotarlos de un soporte legal para continuar desempeñando tareas que no les corresponden -y para las cuales no están preparados, como lo reconoció el General Secretario-, pero no por ello se les puede extender un cheque en blanco y abrir la puerta a la discrecionalidad en un tema tan delicado, como tampoco se debe eximir a las autoridades civiles del cumplimiento de una de sus principales responsabilidades con todos los riesgos que esto implica.
Aún estamos a tiempo para construir un andamiaje jurídico que, al mismo tiempo que responda a la situación actual, atienda los problemas de fondo en el marco de un Estado Constitucional de Derecho y con una visión de largo plazo.