El crimen organizado, la violencia criminal, la delincuencia, la confrontación entre unos con otros que termina en tragedia están a la vista por todos lados en el país. Hoy casi ningún estado de la República ‘está libre de pecado’ y son muchos los casos en los que ese fenómeno cuesta vidas de inocentes y el patrimonio de muchos.
Tan sólo en 18 meses de gobierno actual fueron asesinadas 53 mil 628 personas en México, entre ellas, más de 5 mil 800 mujeres y mil 800 niños y adolescentes. En promedio, son casi 100 personas muertas con violencia todos los días en el actual sexenio.
En solo siete días de junio de este año, el domingo 7, se registraron 117 homicidios, con lo que se convierte en el día más violento de 2020. Todo esto de acuerdo al reporte diario dado a conocer por el gobierno federal.
No obstante que el gobierno federal insiste en que tiene una estrategia muy clara y contundente para hacer frente al crimen organizado, a las pandillas de delincuentes y frente a la transgresión cotidiana de la ley. Pero ésta no parece ser eficiente y cada día la situación empeora.
Cuando el 28 de febrero de 2019 se echó a andar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, la creación de la Guardia Nacional, se dijo que este organismo sería la solución al estado de criminalidad que por entonces ya era extremo.
Se aseguró que aunque está integrada con militares y agentes de la seguridad pública del país, el cuerpo sería operado por un civil (Alfonso Durazo), aunque éste delegó lo operativo a militares.
Pronto se vio que esto no daba resultados pues el crimen organizado se convertía cada vez más en grupos más estructurados no sólo para operar en sus intereses sino también como cuerpo que es capaz de confrontar a la autoridad de forma extremadamente violenta.
Para el 8 de mayo de 2020, el presidente López Obrador, tuvo que firmar un decreto por el que se autorizó al Ejército y la Marina a “participar en la aplicación de la ley civil y a velar por el orden y la seguridad pública durante los próximos cuatro años”.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo detalla que el Ejército y la Marina mexicanos llevarán a cabo "tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional".
Con todo y esto, posterior a esa fecha la violencia criminal se ha incrementado. En distintos estados del país han ocurrido hechos de violencia que muestran a fuerzas criminales organizadas de forma estratégica y con armamento cada vez más sofisticado. Ciudades y zonas han sido sitiadas y bañadas de terror. Culiacán, Celaya, Oaxaca...
Lo sorprendente es que mientras que para la integración de la Guardia Nacional el gobierno federal hizo un llamado a la población joven del país a incorporarse a la institución, lo que no se consiguió de forma masiva como se suponía. Los muchachos dijeron no a este llamado.
Y sin embargo llama la atención que cada día son más jóvenes los involucrados con esos grupos del crimen organizado. ¿Por qué? Esa es una pregunta que se hace cada día con más énfasis al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales.
La respuesta de sociólogos es la de la pobreza. Muchos jóvenes prefieren involucrarse con estas organizaciones a fin de hacer acopio de los recursos que no consiguen a falta de trabajo, de oportunidades, de labor en el campo, la ganadería, la industria, los servicios... la educación.
Es el caldo de cultivo de estos grupos: el desahucio de muchachos que no encuentran solución a su condición extrema. También los hay que llevan en su patología la violencia, el crimen, el dolor ajeno. Pero muchos otros están ahí porque no encontraron otra salida… O la inanición o la salida del país en busca de una nueva vida, o la vida violenta y peligrosa pero redituable a corto plazo.
Quedarse en el país en estas condiciones es su recurso. Son adiestrados para el crimen. Son adiestrados para la confrontación. Son adiestrados para rebelarse...
Porque eso es. A la vista de estallidos violentos por uno y otro lado del país, lo que se puede percibir es una forma de rebelión criminal que hace frente al Estado. Lo del atentado al secretario de Protección Ciudadana de la CdMx, Omar García Harfuch fue eso: una señal de rebelión en contra del gobierno local, del gobierno federal y del Estado mismo.
Poco se ha hecho para recuperar a esos muchachos. Sí, si han delinquido deberán sujetarse al estado de Derecho; si cometieron delitos u homicidios deberán pagar su cuenta con la ley. Pero también corresponde al Estado mexicano, al gobierno federal el rescate de esos jóvenes antes de incorporarse a estos grupos criminales. No con dádivas. No con caridad.
No con abrazos y besos, sí con las oportunidades que le son propias a todo gobierno, la de dotar de trabajo, oportunidades, facilidades, educación, fortaleza social... Ésta también puede ser la solución al estado de violencia que se vive hoy en México y que, como se ve, cada día es más grave y más trágico para muchos. Ojalá si se desarrollen estrategias en este sentido. Es un recurso urgente. Ojalá.