Luego de más de 20 años de que diversas expresiones de la sociedad, organismos no gubernamentales, académicos, empresarios, estudiantes, legisladores de distintas fuerzas políticas y ciudadanos, el pasado martes 28 de abril de este 2015, el pleno del Senado de la República aprobó con 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la tan anhelada reforma política del Distrito Federal, con lo que nuestra Ciudad Capital adquiere la denominación de Ciudad de México y gozaría de autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
Esta reforma implica que una vez conformado el Distrito Federal como entidad federativa, adoptaría para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativa, democrático, laico y popular, y se dividiría para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los titulares e integrantes de estos poderes tendrían responsabilidades muy similares a los titulares de los tres poderes en los estados de la República Mexicana.
La Ciudad de México seguiría siendo la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se conformaría con el territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, pasaría a erigirse como un estado de la Federación.
La reforma otorgaría igualdad en su autonomía y gobierno, pues se suprimiría la atribución que ostenta el Senado de la República para designar al titular del gobierno el Distrito Federal en caso de ausencia o remoción. El presidente seguiría conservando el mando de la fuerza en la capital, pero el jefe de gobierno nombraría directamente al secretario de Seguridad Pública. En dicha reforma destaca que la Federación conserva la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud. La Hacienda Pública de la ahora Ciudad de México estará a cargo del gobierno central y el Legislativo local tendría la alta responsabilidad de analizar y aprobar anualmente el presupuesto para esta Ciudad Capital y de las respectivas demarcaciones territoriales.
Se conformaría un Congreso local que se denominaría Legislatura de la Ciudad de México y en lugar de las jefaturas delegacionales se daría lugar a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México conformadas por alcaldías, mismas que contarían con concejales (en un número de entre seis y 10) para la toma de decisiones en materia presupuestal y ejecución del gasto, mismos que serían electos por la ciudadanía. Justamente sería la Constitución local la que establecería la división territorial de las alcaldías, así como los términos de su función interna; así y según lo descrito por diversos medios de comunicación, a partir del año 2021 las 16 delegaciones políticas podrían subdividirse, situación que es necesaria para generar un equilibrio poblacional, de servicios y de atención ciudadana, entre otros. De igual modo, señalaría las funciones, atribuciones y obligaciones de los concejales así como los requisitos de elección respectiva.
La integración de la Constitución local estaría elaborada por una Asamblea Constituyente de 100 integrantes, 60 de ellos elegidos por el principio de representación proporcional y 40 designados (habría 14 senadores, 14 diputados federales, seis designados por el presidente y seis por el jefe de gobierno), cuya conformación se realizaría el primer domingo de junio de 2016, para instalarse el 15 de septiembre de ese mismo año y contaría con un plazo, a más tardar el 31 de enero de 2017, para aprobar, con al menos las dos terceras partes de sus integrantes, lo que sería la primera Constitución Política de la Ciudad de México. La ruta que sigue es el envío de dicha reforma a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación.
Los aspectos enunciados anteriormente de manera muy resumida dejan ver que la reforma política de la Ciudad de México marca, un hecho histórico fundamental para la vida política de nuestra Ciudad Capital, pero más, genera la esperanza de que la Constitución Local integre las diversas demandas de la población que ha manifestado ya largamente y con ello generar un modelo ejemplar de derechos para los ciudadanos de esta gran urbe. Sin embargo el camino es aún largo, pero lo importante es que se ha avanzado en un reclamo social ya de varias décadas.
Habrá que estar atentos a los subsecuentes pasos que se darán en los meses que vienen.