El eje central del discurso de AMLO como candidato ganador y presidente de la república, fue señalar que su gobierno abría un ciclo de transformación, alineado con otros tres momentos en la historia política del país: la Independencia, la Reforma y la Revolución, fundamentalmente en su versión cardenista. Entendimos no pocos de sus partidarios y votantes, que además de las convicciones nacionalistas de las etapas anteriores, el gobierno de la 4T vendría a rescatar al Estado y a la sociedad mexicanas de la descomposición y debacle que los traen en picada desde décadas atrás y, a redireccionar, el rumbo de estos dos componentes para recuperar nuestro futuro como nación próspera, igualitaria, democrática.
Coincidimos también en el diagnóstico de que la corrupción lo había inundado todo y aparecía como una causa de la descomposición y aunque la duda de su fácil solución con la barrida de escaleras nos asaltara, convenció su defensa de las causas populares, su compromiso con las reivindicaciones sociales de los movimientos populares así como su reiterada apelación a la fuerza transformadora de nuestra cultura. Todo esto nos llevó a pensar que, en efecto, estábamos a las puertas de un despertar nacional donde las decisiones del pináculo del poder, la Presidencia de la República, armonizarían con los esfuerzos, demandas y luchas que vienen desde abajo, encontrando una nueva síntesis política y social.
Hoy, a diez jornadas de los primeros cien días de gobierno no es que el desencanto haya roto las aspiraciones de lograr cambios importantes. No aún. Pero si comenzamos a ver señales que preocupan y formularnos preguntas sobre cuál es en realidad el rumbo que se avizora con la 4T. Para decodificar o interpretar estos primeros pasos no tenemos más que pistas, porque no hay una formulación ideológico política clara de parte de los actores de la 4T. Retomo aquí algunas muy significativas. Estas son: la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, seguido de la Circular del Ejecutivo donde indica a las dependencias de gobierno eximirse de fondear a organizaciones de la sociedad civil y, más recientemente, la declaración mañanera del Presidente de la República (24/02/19) que en alusión al programa de apoyos a la población discapacitada, señaló la conveniencia de cerrar “instituciones burocráticas –como el Instituto para personas con discapacidad- que intermedian en la entrega de recursos a la población, cuando se pueden hacer transferencias directas a los y las beneficiarios” (aunque el presidente no usa lenguaje incluyente). Sugiere así que no ve mal redirigir los recursos empleados en el sostenimiento de instituciones (en su opinión burocracias siempre sospechosas de corrupción) en beneficio de la población. Lo que supondría una definición de política social con muchas y serias consecuencias
La política social ha sido considerada la mano que corrige los estropicios en términos de exclusión, desigualdad, marginalidad, desviación social, etc. que la mano invisible del mercado produce en la estructura social. Aunque también es reconocida como un recurso para generar características deseables en el orden social. En este sentido como señala Esping-Andersen la política social es productora de orden social.
La ubicación de los gobiernos en la geometría política de izquierdas y derechas del siglo XX, dependió en buena parte de las definiciones en política social; de qué tanto el acceso a bienes y satisfactores sociales que por derecho entrega el estado, independizan a las personas y sus oportunidades de vida al margen de que tengan familiares que cuiden de ellos; del lugar que ocupa su familia de origen en la estructura social o, del sitio o localidad de nacimiento. También importa en las definiciones políticas de la política social, qué tanto las medidas y servicios procuran la igualdad o equilibran las oportunidades y derechos entre hombres y mujeres; adultos y menores de edad; nativos del país o migrantes; afrodescendientes o caucásicos; discapacitados y no discapacitados; pertenecientes a minorías étnicas o a grupos de la diversidad sexual. Ya que de todo esto depende la universalización con la que el estado entrega los satisfactores sociales y también el grado de inclusión y democracia de las sociedades.
Rematar la infraestructura social del estado
El poder de estado democrático moderno está por lo demás fincado en el nexo entre esta infraestructura estatal de derechos y la legitimidad política; pues de esta infraestructura depende su capacidad para impregnar la vida social y estar presente en la cotidianidad de sus habitantes en todos los rincones del estado nación. Pero el poder de la infraestructura estatal (Michel Mann dixit) no es otra cosa que el conjunto de instituciones que permiten a los estados radiar desde el centro sus decisiones, articular a los actores sociales para que concurran por esas pautas y, desde ahí, penetrar en los poros de la sociedad.
Con la llegada de los gobiernos neoliberales (Thatcher y Reagan en GB y EUA; Salinas y Zedillo en México) animados por el Consenso de Washington, se abrió paso a una política de ajuste o achicamiento del estado acompañado del recorte sostenido al gasto social, con privatización en la salud, la educación, la vivienda, y, el consiguiente desmantelamiento de las instituciones de la seguridad y protección social hasta llevarlas a la crisis actual. En términos de la jerga bienestarista, el estado fue reducido hasta llevar al mínimo posible ese espacio de bienes y satisfactores a los que la población podía acceder por derecho.
En el camino, bajo la égida del Banco Mundial (BM), se fue desarrollando una política social de corte paliativo, afín a las leyes del mercado, consistente en la contención de la pobreza extrema. No para resolverla y lograr el bienestar y el desarrollo humano, sino para mantenerla en límites manejables o hacerla gobernable si se prefiere, vía la focalización de apoyos hacia los grupos más vulnerabilizados por las reformas estructurales. Estos apoyos ya no consistían en bienes o servicios prestados por instituciones públicas sino en efectivo, dinero constante y sonante. Mientras, la base infraestructural del Estado se desmantelaba y se echaban a la calle, por onerosos y ociosos, a los equipos especialistas del estado en las políticas dedicadas al bienestar social y al desarrollo regional y urbano. No se requería planeación, la mano invisible nos llevaría al paraíso.
A partir de aquí lo que se buscará es que los pobres “voten en el mercado”, que consuman bienes adquiridos con sus tarjetas de débito fondeadas con los apoyos en numerario, para cumplir la máxima neoliberal de lograr: “tanto mercado cuanto sea posible, tanto estado cuanto sea necesario”. Pasamos así a la fase de monetarización de ciertos derechos para no alterar el sistema de precios del mercado, renunciando el estado a dirigir u orientar la socialización, la educación, la salud, el desarrollo urbano, etc. Ocupándose solamente de crear las externalidades más convenientes a la inversión para que por obra y gracia del goteo, llegara el bienestar y el desarrollo para todos.
Sabemos que el paraíso solo fue para unos cuantos privilegiados del capitalismo de mercado de compadres en que terminó el proyecto neoliberal y que en los hechos, la reducción de la base infraestructural del estado dejó enormes vacíos en la gestión cotidiana de la vida de más de 30 millones de familias en situación de pobreza: niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, productores precarios, trabajadores informales, jornaleras y jornaleros, etc., generando una crisis de cuidado y oportunidades de vida que es hoy día una de las causas del deterioro, la descomposición social y moral de la sociedad y el estado que atestiguamos diariamente. Porque el vacío dejado por el estado fue llenado por actores anti sistémicos como el crimen organizado, siendo hoy éste uno y, quizá el principal sustituto del poder infraestructural del estado en la vida cotidiana de millones de hogares precarizados. Hoy, como apunta Sergio Aguayo que ha estimado en 27% el apoyo social entre la población a las actividades ilícitas, el crimen organizado se encuentra totalmente incrustado en el tejido social (como ha dejado ver el caso del huachicol) bajo una gran diversidad de figuras que van desde el contrabando de todo género de mercaderías incluyendo armas de alto poder, el comercio informal y callejero en no pocas ocasiones es punto de venta de productos robados y piratería y otras actividades económicas, que en conjunto pasan de representar casi 40% de las transacciones comerciales, más las actividades altamente criminales como tráfico y venta de drogas, tráfico y venta de personas, extorsión o cobro de derecho de piso hasta sicariato a domicilio, etc. Por lo que, para extirpar este monstruo alienígena del cuerpo social, requeriremos la mejor microcirugía para separar las partes sanas de las enfermas y muchos años de mucha y buena política social.
Por eso hoy cuando escuchamos al presidente o a sus colaboradores decir que es mejor y más eficiente materializar el derecho al cuidado de la niñez, de los ancianos, jóvenes y discapacitados, en una tarjeta de débito, para que puedan comprar o adquirir bienes y servicios de cuidado en el mercado, en lugar de contar con una infraestructura social de servicios adecuados, limpios, dignos para su atención, con especialistas que apoyen en su crecimiento, su desarrollo físico, su salud mental, emocional, su recuperación educativa, su reincorporación a las actividades productivas y legales, sabemos que hay algo no han entendido. Que no conocen las condiciones y la estructura demográfica de los hogares mexicanos y que les falta claridad sobre los impactos de las decisiones de política social en la estructura de oportunidades, el orden y la desigualdad social. Sabemos que rematar la infraestructura social del estado para transmutar en dinero efímero su presencia en la vida social, es llevar al estado mínimo por el carril de la izquierda y poner en entredicho el alcance, la equidad y la sostenibilidad de la transformación por la que las y los mexicanos elegimos gobierno en las pasadas elecciones.