Las instituciones públicas no le pertenecen a quien gobierna. En todo caso, son patrimonio de los gobernados. Su misión es cumplir con los objetivos para los que fueron creadas, vinculados éstos a derechos humanos como la educación, la salud, el derecho a la información y la seguridad, por sólo citar algunos.
Las instituciones públicas son personas jurídicas; son ficciones; no existen en el mundo fáctico. No se corrompen. En todo caso lo hacen quienes laboran en ellas. Para prevenir la corrupción de los servidores públicos o para sancionar a quienes lo han hecho, existen leyes, procedimientos y otras instituciones encargadas de investigar y sancionar las conductas ilícitas por la vía administrativa o penal.
Las instituciones existen porque no es dable depender eternamente de los caudillos, que también son falibles. La frase “si Zapata viviera” no sólo es un recordatorio de que el líder ha muerto, sino también de que las instituciones que debieron ocupar su espacio no han cumplido a cabalidad con sus objetivos. En ese sentido, muchas personas, que conforman instituciones públicas, han fallado.
Han fallado legisladores, jueces y presidentes de la República. Han fallado servidores públicos de todos los niveles, pero no por ello las instituciones deben demolerse, porque al final están hechas de hombres y mujeres falibles.
Ha fallado también el diseño institucional y la altura de miras. En vez de preocuparse porque quien ocupe la titularidad de órganos de autonomía constitucional como el Instituto Nacional Electoral o la Fiscalía General de la República, carezcan de vínculos con el presidente de la República, el diseño constitucional que se ha propugnado es que éste lo determine todo y que de un modo u otro sean sus allegados quienes ocupen esas posiciones.
Eso explica el por qué la Auditoría Superior de la Federación —ese “órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados”— desvaneció las pruebas del desvío por 685 millones de pesos del gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas, según documentó Animal Político.
David Rogelio Colmenares Páramo se dibuja a sí mismo como un alcahuete no muy distinto de los senadores de Morena, que votaron a favor de otorgarle licencia a Velasco Coello para que regresara a concluir su periodo como gobernador de Chiapas, pasando por encima del precepto establecido en el artículo 116 constitucional.
No existe procedimiento alguno por el cual una periodista —como es el caso de Irais Ortega— deba ser sacada por policías de las instalaciones de la Agencia Mexicana de Noticias, después de 16 años de labor. Y no, los servidores públicos no cometen “pecadillos” como afirma el presidente de la República, quien confunde la máxima magistratura ejecutiva con un púlpito de pueblo. En todo caso, se tendría que probar que dicha periodista cometió ilícitos y, desde luego, respetar su derecho humano a la presunción de inocencia y ser vencida en juicio.
Tampoco es la Policía Federal la que “se echó a perder”. Si algunos de sus elementos han cometido ilícitos, deben ser sancionados, como corresponde. De otro modo no se explica el por qué éstos deban pasar a formar parte de la Guardia Nacional, ni que hayan sido ellos quienes impartieran capacitación a algunos marinos y militares respecto del sistema penal acusatorio adversarial.
Las instituciones son reflejo del modelo de Estado que se desea. Destruirlas bajo la lógica simplista de que “se echaron a perder” —como si de un puchero tabasqueño se tratara— es no tener idea de para qué sirve el Estado ni quienes lo representan.