Opinión

Al Consejo de la Judicatura no le gusta la transparencia

Particulares se suman a la petición de una periodista, para presionar al CJF a efecto de que libere el expediente Villanueva Madrid. | Adolfo Gómez Vives

  • 01/02/2021
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A través de una red social, la periodista Laura Sánchez Ley dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —órgano integrante del Poder Judicial Federal— le negó copia del expediente de la causa penal 101/2003, radicado en el juzgado décimo octavo en procesos penales federales en la Ciudad de México, referente al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación.

La periodista revela dos datos inquietantes: el primero, que entre los alegatos del CJF para no proporcionarle copia del expediente de Mario Villanueva está el que sólo a ella le “interesa conocer cómo se le juzgó” y el segundo, que dicho expediente fue reservado por dos años y medio, a partir de la solicitud de acceso formulado por la periodista.

En el primer caso, los argumentos del Consejo de la Judicatura Federal violan el mandato establecido en el artículo 6o constitucional, relativo a que cualquier persona “sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública”.

En el segundo caso, el CJF se excede en su determinación de reservar la información del expediente Villanueva Madrid, pues el hecho de que el interés en su contenido sea expresado por una sola persona, no se encuentra dentro de las causales de reserva, precisadas en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia, además de que atenta contra el derecho humano de acceso a la información, tutelado por el sexto constitucional.

El ejemplo que presenta la periodista Sánchez Ley exhibe uno de los mecanismos de opacidad más socorridos por el Poder Judicial: denegar el acceso a los expedientes cuyas resoluciones han causado estado. Desde luego que existe la posibilidad de que la periodista se inconforme, lo que implica la intervención del Instituto Nacional de Transparencia quien, en apego al principio de máxima publicidad, deberá pronunciarse por la entrega del expediente completo, para su posterior difusión.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a liberar al ex gobernador priísta, vinculado al extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

El 10 de junio de 2020, el Quinto Tribunal Unitario Penal en Toluca, Estado de México, emitió un fallo por el cual se le concedió a Mario Villanueva la “prisión domiciliaria temporal” para que no se contagie por covid-19, acto que el presidente de la República calificó de “humanitario”. Cabe precisar que no se tiene conocimiento de que a ninguna otra persona sentenciada se le ha concedido tal privilegio.

El proceso seguido contra Villanueva Madrid en su carácter de ex gobernador de Quintana Roo, su sentencia por 22 años, por delitos relacionados con la delincuencia organizada y la eventual intervención del presidente de la República en el proceso por el cual se le concedió la prisión domiciliaria temporal, son elementos que conforman el interés público que prevalece en este caso.

La periodista Sánchez Ley ha convocado a los gobernados, a que también soliciten copia del expediente completo de la causa penal 101/2003, a efecto de demostrarle al Consejo de la Judicatura Federal, que la información contenida en el expediente del caso Villanueva Madrid es de interés público. Su petición es importante, pero no debería ser el elemento determinante para que dicha instancia del Poder Judicial cumpla con sus obligaciones de transparencia.

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