El periodismo en México ha adquirido una centralidad innegable en la sociedad. En los últimos años, se ha hecho evidente el papel esencial que desempeñan sus miembros en la construcción de una sociedad crítica y con capacidad de debatir, pues fungen como puente entre los productores de información y las personas, dando a conocer acontecimientos de interés general, y colocando bajo el escrutinio público la labor gubernamental.
Además, el periodismo coadyuva a la investigación académica, al análisis de las políticas públicas, fomenta el debate público y la movilización social, así como la educación para la vida democrática.
Este rol de los profesionales de la información como agentes que propician el cambio social les ha puesto en situación de amenaza, derivado de sus indagaciones en temas sensibles en el espectro de lo económico, lo político y lo social, como son el crimen organizado, la corrupción, el abuso de poder y los intereses particulares.
La narración de hechos y la difusión de la verdad, como elementos constitutivos del periodismo, se han puesto en situación de vulnerabilidad en el mundo y particularmente en México, que, según datos de Reporteros Sin Fronteras, en su informe 2018, sigue siendo uno de los países con mayor riesgo de letalidad en el mundo para los integrantes de los medios de comunicación.
Esto a pesar de que, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han configurado las obligaciones que tienen los Estados con respecto de los periodistas. Al respecto, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intitulado Violencia contra periodistas y trabajadores de medios, se establecen tres medidas en ese sentido, a saber, prevenir la violencia contra periodistas con acciones razonables; proteger a aquellos comunicadores que se encuentren en una situación de riesgo a sus derechos fundamentales, adoptando medios de protección que aseguren, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión; e investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a quienes cometan un acto de agresión en contra de periodistas, para lo cual se deberá de disponer de un marco institucional adecuado y actuar con la debida diligencia.
Las falencias en la aplicación efectiva de las medidas reseñadas han sido ejemplificadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su documento Zonas Silenciadas, en el que se señala que éstas se entienden como comunidades que son desinformadas y silenciadas por efecto de la violencia del crimen organizado, en algunos casos con la complicidad de autoridades locales o regionales infiltradas por delincuentes. En tal contexto, se afecta particularmente a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, siendo víctimas directas de asesinatos, secuestros y agresiones en estos complejos contextos de violencia. En el texto se establece como paradigmático el caso del estado de Tamaulipas, bajo la consideración de que el nuestro es el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo y que en la entidad federativa mencionada desde el inicio de la década de 2000 el crimen organizado empezó a dirigir actos violentos en contra de medios de comunicación y periodistas con el objeto de acallar la cobertura de sus actividades delictivas. Algunos datos que expresan la situación del estado refieren que, además de suscitarse un alto número de homicidios de periodistas, también han tenido lugar amenazas y agresiones a blogueros independientes, ataques a rotativos e, incluso, a una televisora nacional; además de que se presenta una circunstancia de violencia estructural, acompañada de impunidad y autocensura en la prensa estatal.
Otro ejemplo que delinea la grave situación en México se encuentra en las cifras de las agresiones impunes dirigidas a periodistas, que alcanzan un nivel extremadamente alto. En un estudio presentado recientemente por Artículo 19, se desprende que, aún con la existencia de un órgano de investigación ad hoc, como lo es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, en el 99.13% del total de las investigaciones que ha iniciado por delitos cometidos contra periodistas, no ha logrado una sentencia condenatoria.
Ante la conmemoración, el próximo 2 de noviembre del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, es pertinente reflexionar que, cada vez que un periodista es agredido, además del carácter criminal que en sí misma conlleva una conducta así, la afectación incide de manera negativa en la vigencia de la libertad de expresión, de la libertad de información, en la vigilancia sobre el ejercicio del poder, y en la capacidad de la sociedad para participar en las mejores condiciones en el ágora pública.
A partir de la conciencia de la importancia que tiene el periodismo para nuestra vida en común, es posible identificar y dimensionar la grave vulneración al pacto social que es causada por la violencia ejercida en contra de sus integrantes, al erosionar prerrogativas individuales y colectivas.
Hoy, en nuestro país, no es posible pensar en la sostenibilidad de la democracia sin el periodismo veraz, objetivo e independiente, que esté en condiciones de proveer a la sociedad de información oportuna y útil. El riesgo es que sea secuestrado por intereses, poderes o por el miedo. En un escenario así, la sociedad perdería uno de los pilares de la libertad de información, que podría transitar hacia un periodismo apático, anulado, rehén de las peores intenciones.
Por lo anterior, toda la sociedad debe volcar su apoyo y exigencia para que las autoridades construyan un entorno de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo, que implique el ataque frontal y decidido contra la impunidad y las agresiones. Adicionalmente, el compromiso y la voluntad política de todas las autoridades implicadas son básicas para contrarrestar la situación que existe en México en el caso de la violencia contra los informadores.