La agenda regulatoria en telecomunicaciones y radiodifusión está más que activa, algunas de las definiciones en torno a ella están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Veamos algunas.
Tarifa cero. El amparo interpuesto por Telcel - Telmex en contra del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que determina que mientras sea un Agente Económico Preponderante no podrán cobrarles a sus competidores la interconexión desde sus redes para conectar al usuario final en las llamadas telefónicas pero sus competidores sí pueden cobrarle en el caso de que utilice sus redes. Por la gratuidad que se da al resto de las compañías telefónicas para usar las redes de América móvil es que se le denomina como tarifa cero. El caso quedó en manos del ministro Javier Laynez en la Segunda Sala de la Corte.
El centro de la disputa es si el congreso tiene la facultad para determinar las tarifas de interconexión o si debe ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien, con base a estudios de mercado determine cuánto deben pagar los competidores al preponderante; es decir, es una función regulatoria del IFT y no del Congreso.
Se esperaba con mucha expectación el proyecto de sentencia, que fue publicado el pasado jueves y da la razón a América Móvil, es el IFT quien tiene la libertad regulatoria para determinar las tarifas para la terminación de las llamadas en sus redes y que el congreso se extralimito al haber determinado una tarifa unilateralmente que afecta a la empresa en sus negocios. Lógicamente se tendría que aplicar una retroactividad para que las empresas tuvieran que pagar por el uso que han hecho de la red del señor Slim, sin embargo, el ministro Laynez establece que el pago tendrá efectos a partir de la fecha de aprobación de la sentencia, la cual se discutirá este miércoles 16 de agosto, de acuerdo con las tarifas que establezca para tal caso el IFT.
Mucha tinta y declaraciones han corrido sobre este caso a favor y en contra, algunas que me parecen exageradas como que se va de por medio toda la reforma en telecomunicaciones. Hay quienes sostienen que es una decisión técnica y otros política, lo cierto es que tiene una parte de ambas, pues las decisiones técnicas siempre tienen una carga política. Todo parece indicar que el ministro Laynez tiene los votos suficientes para que se apruebe su proyecto de sentencia, lo veremos este próximo miércoles.
Los amparos de AT&T. La SCJN también deberá resolver los tres amparos interpuestos por esta empresa en contra del artículo 137 que ordena al IFT publicar periódicamente las tarifas de interconexión. AT&T quiere impedir la publicación de los precios que cobra a sus competidores por llamadas terminadas en su red, porque de acuerdo con su argumento esa publicidad interfiere en las negociaciones que tiene con sus competidores por este cobro.
Derechos de las audiencias. Como se recordará, se interpusieron controversias constitucionales por parte del Senado y la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de los Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias emitidos por el IFT y en contra de las facultades de este para tutelarlos o garantizarlos, las cuales fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán, en tanto la Cámara de Diputados aprobó una minuta de reformas a la LFTR que prácticamente derogan estos derechos y arrebatan al IFT sus facultades en la materia. Esta contrarreforma estaba lista para aprobarse de inmediato en el Senado, al estilo la Ley Televisa, en el periodo extraordinario que nunca ocurrió. Se esperaba que la SCJN resolviera el caso antes de que iniciara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso este septiembre y así evitar el albazo que quiere dar el legislativo, adelantándose al poder judicial al reformar la ley, dejando sin materia a la Corte para su dictamen, pero resulta que el tema se retiró de la lista de casos pendientes a resolver.
El IFT difirió la entrada en vigor de los Lineamientos para el 16 de agosto en lo que resolvía la Corte, pero como eso no sucederá de nueva cuenta el Pleno aprobó otra vez diferirlos hasta el 16 de noviembre, dejando sólo en pie el artículo transitorio 43, que determina el uso de lenguaje de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional para las televisoras que tengan más del 50% de cobertura nacional.
Es lamentable la decisión del regulador, en tanto aplaza los lineamientos para hacer efectivos los derechos de las audiencias, gasta millones de pesos en una Unidad Móvil que tiene entre otros objetivos llegar a miles de estudiantes de educación básica para dar a conocer los derechos de los usuarios en telecomunicaciones y de las audiencias en servicios audiovisuales, o sea derechos que ha determinado no entren en vigor.
Se suponía que la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión reduciría la alta litigiosidad que desgastaba al sector, pero parece que no. En el caso del regulador y sus facultades muchos litigios nos estaríamos ahorrando si en su momento el IFT hubiera interpuesto la controversia constitucional por sus facultades como lo habían planteado las dos comisionadas Labardini y Estavillo, ¿no cree?
En otros temas. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la oficina de la presidencia de Estados Unidos emitió un documento con los temas a incluir en dicha renegociación entre los que se incluyen los temas de telecomunicaciones, la fuente se ha centrado mucho en ese tema, pero creo que poco se ha abordado las implicaciones que tienen las propuestas integradas en las secciones sobre Comercio Digital de Bienes y Servicios y Flujo de Datos Transfronterizos, donde pueden intuirse condiciones muy desventajosas para nuestras industrias culturales y digitales.
La semana pasada se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca el Foro Internacional sobre Medios Comunitarios e Indígenas organizado por la UNESCO y el IFT, por primera vez en la historia el regulador hace un evento de este tipo con esta parte del sector, algo que considero positivo, ojalá que esto dé pie a mejorar la política regulatoria en los hechos y no quede como un mero acto testimonial.