El contexto que rodea a la instalación de la nueva Legislatura y el arranque del período de sesiones es especialmente delicado para el país, en particular, por los efectos de una economía que no crece lo suficiente y que se deteriora ante las erráticas decisiones del gobierno, por la disminución en la producción y el precio del petróleo y por el alza del dólar; aunado a la crisis de credibilidad y confianza en las instituciones, en la democracia, en la política y los políticos a consecuencia de la corrupción y la falta de reglas claras y justas en la convivencia cotidiana.
Para completar el cuadro, el inicio de la segunda mitad del sexenio está marcado por signos de sucesión adelantada, de pasiones políticas desbordadas ante la baja calificación del desempeño presidencial y los pronunciamientos de distintos actores, un día sí y otro también, buscando posicionarse al interior de las fuerzas políticas o por la vía independiente. También se caracteriza por el cambio en las dirigencias partidistas de las principales fuerzas, lo que representa una oportunidad en la medida en que los nuevos líderes pueden imprimir un nuevo impulso y una visión renovada a la agenda nacional. Y por si fuera poco, se distingue por el inicio de un nuevo período electoral para 2016, que incluye renovación de doce gubernaturas, decenas de alcaldías y congresos locales.
En este ambiente se definirá la agenda legislativa, de manera particular la de este primer período que incluye el paquete económico con el que se hará frente al anunciado recorte presupuestal y a los ajustes de la malograda reforma fiscal a fin de proteger, si se quiere, nuestro mercado interno y de canalizar los incentivos económicos a donde existen mayores desigualdades y el mayor potencial productivo del país.
Para ello es indispensable que en cuanto se definan los coordinadores parlamentarios se abra un espacio de diálogo que permita la construcción de acuerdos. A los nuevos legisladores les corresponde traducir correctamente el mensaje de las urnas, colocar en las leyes, decretos y acuerdos lo que está presente en la calle, en las comunidades, lo que verdaderamente importa a los ciudadanos y que dista mucho de lo que normalmente interesa a los políticos.
Entre las propuestas que hasta ahora se han comentado destaca la del llamado presupuesto base cero, una idea impulsada desde la Secretaría de Hacienda que choca con el escenario inercial del presupuesto, determinado por los compromisos ineludibles que representan más del 90% del gasto. Hasta donde se conoce y previo a la presentación del paquete económico, parece inaplicable y una mala idea pensar sólo en recortar el gasto sin dejar claro el destino de la inversión social y productiva ante las crecientes tensiones sociales por el aumento de la pobreza y la falta de empleo para los jóvenes. Por otra parte, los representantes del sector privado se han pronunciado por el cambio a las reglas fiscales para permitir la deducibilidad inmediata y medidas adicionales para proteger el capital de las empresas y los incentivos a la inversión productiva, hasta ahora sin mayor énfasis en la atención a la desigualdad y la marginación.
Y con todo, sobra decir que no habrá plan económico que funcione si no se toman medidas para recuperar la confianza y la credibilidad, lo que solo se logrará combatiendo sin tregua la corrupción y la impunidad que tanto daño han causado a los ciudadanos a lo largo y ancho del país. En consecuencia, habrá que destacar como prioridad en la agenda la correcta implementación del sistema nacional anticorrupción y el de transparencia.
En este propósito, los legisladores tienen una enorme responsabilidad, no sólo al promover la legislación secundaria que está pendiente, sino también ejercer la función de control y fiscalización que es inherente a su encargo para señalar y denunciar cualquier desviación sin miramientos y con las consecuencias que la ley prevé. Demostrar que la ley se aplica y que la corrupción se castiga es el nuevo paradigma a construir, hacer vigente la cultura de la legalidad y el estado de derecho es la nueva realidad donde los mexicanos queremos y debemos vivir luego de décadas de corrupción, soterrada o abierta, que ha quedado impune.
El Partido Acción Nacional ha definido con claridad estos temas: Modificar la reforma fiscal para corregir sus efectos tóxicos y erradicar la corrupción de la vida pública de México. Ricardo Anaya, el nuevo presidente del PAN, ha marcado una agenda contundente en estos dos temas y ha pedido a los legisladores de Acción Nacional que hagan de éstos su prioridad, les ha exigido congruencia, tanto en su desempeño como servidores públicos como en la presentación y debate de los temas en la tribuna y en las iniciativas a presentar.
No pasará mucho tiempo para conocer la posición del resto de las fuerzas políticas, en particular, la de la nueva mayoría formada por el PRI y sus satélites quienes, a decir verdad, no podrán escudarse en su mayoría acrítica para eludir estos temas, sobre todo porque muchos de ellos se comprometieron ante la sociedad a través de mecanismos ciudadanos como "Tres de Tres" y compromisos de transparencia por "El México que Merecemos", los cuales les serán exigidos.
Habrá que estar atentos a los contenidos la agenda legislativa, en especial, a temas de impulso al desarrollo económico y los de combate a la corrupción. Y habrá que exigir responsabilidad y congruencia a quienes jurarán en próximos días “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión”.