Opinión

Agenda digital para el 2019

Para lograr que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación sean un motor de crecimiento se requiere también de otras iniciativas. | Aleida Calleja

  • 01/01/2019
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Una de las promesas de campaña del actual presidente López Obrador fue dar acceso universal para la conectividad a Internet, por lo que este 2019 empieza con expectativas en lo que habrá de desarrollarse en la agenda digital.

El gran reto de abatir la brecha digital es un punto neurálgico pero no basta, para lograr que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación sean un motor de crecimiento económico y humano requiere también de otras iniciativas que incluyan la innovación social, la alfabetización digital, la inversión para el desarrollo de tecnología y nos guste o no también una revisión de la agenda regulatoria pendiente.

Como bien menciona José Otero en su más reciente artículo en su blog personal, sería interesante comenzar a hablar de las telecomunicaciones ya no tan sólo como una industria que solamente da acceso a redes sino como una que tiene que transformarse en proveedora de servicios digitales, el internet de las cosas como la inteligencia artificial a partir de la tecnología 5G es la ventana para dicha transformación, este salto que comenzaremos a ver en este año debería de ir acompañado de un debate abierto para la construcción de políticas públicas que garanticen competencia pero también derechos.

Por eso, resulta interesante el anuncio que hizo en diciembre pasado el secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous, que informó que como parte de mejorar una política pública para el transporte privado serán reguladas las aplicaciones móviles como como Uber, Cabify, EasyTaxi y la de reciente entrada que es DiDi, para cumplan con obligaciones como lo hacen los taxis convencionales. Sin más, el gobierno de la Ciudad de México agarra el toro por los cuernos y da el paso que otros reguladores no han querido dar con respecto a las plataformas tecnológicas, que evaden regulaciones nacionales bajo el pretexto de que son servicios transfronterizos, de eso se han agarrado sectores como el de telecomunicaciones para clamar por la desregulación, lo que se traduciría en una mayor indefensión por parte de los usuarios.

En el país dan sus servicios las llamadas Over The Top (OTT´s), de la más diversa naturaleza, además de las mencionadas también están Airbnb con la renta de espacios, o las audiovisuales como Netflix, de música como Spotify, o las intermediarias como Facebook, Google, entre otras, con cada vez mayor penetración, pero casi sin ninguna regulación, lo que les permite imponer usos y condiciones de sus servicios de manera unilateral y no en pocas ocasiones hasta abusivas.

Es el caso de Uber que a mediados del año pasado, modificó sus términos del servicio para afirmar que no da un servicio de transporte, sino que es tan sólo una aplicación digital y se deslinda de cualquier responsabilidad por lo que le pudiera pasar a los viajeros, de esta manera se evade cualquier obligación de las conductas de los choferes, como ya ha sucedido, que pueden resultar violadores o asaltantes.

Por eso es buena noticia lo anunciado por Lajous, que afirmó que como punto de arranque se revisará y transparentará la relación del gobierno con las empresas tecnológicas, para, a partir de ahí diseñar la regulación de sus servicios y emparejar el piso, pues mientras a los taxistas tradicionales se les obliga a controles como exámenes de salud, toxicológicos, psicométricos y de pericia al conducir para obtener la licencia-tarjetón, así como una revista físico-mecánica y documental anual, pago de concesión, entre otros pagos por derechos e impuestos y se les tiene registrados en una base de datos que puede ser consultada en caso de que haya un delito, a las tecnológicas sólo aplica su autorregulación, con lo cual nos dejan en la indefensión como usuarios, incluso en sus tarifas.

Uber, Cabify, EasyTaxi y DiDi sólo están obligadas a registrarse ante el gobierno y únicamente aportan el 1.5% de cada viaje al Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón, este fondo podría ampliarse sustancialmente si las aplicaciones pagan como el resto de los taxistas y además se podrá hacer un mejor análisis sobre el mercado para regular prácticas monopólicas relativas y absolutas en beneficio de los usuarios.

Acciones como está deberían de revisarse para otras aplicaciones, aunque de manera diferenciada, pues tienen naturalezas y servicios diferenciados, pero lo que sí está siendo una tendencia global es que por principio de cuentas deben de pagar impuestos como cualquier otro servicio en el territorio nacional, que serviría además para incrementar el presupuesto público que se necesita para tantas cosas.

Así, por ejemplo, el impuesto que paguen las empresas llamadas intermediarias como Facebook, Google, etc., podría destinarse para ampliar la infraestructura para la conectividad en zonas rurales, el que paguen las OTT’s audiovisuales como Netflix, Amazon, Spotify para fortalecer las industrias culturales, las de movilidad al transporte público. Existe experiencia internacional que puede retomarse para pesar en una regulación y políticas públicas para México, la pregunta es si el Congreso, reguladores y gobierno se atreverán y si soportarán el gran Lobby de dichas empresas para evitar a toda costa su posible regulación.

Renovación en el IFT

El pasado 20 de diciembre el Comité de Evaluación dio a conocer las lista de los candidatos que obtuvieron las mayores calificaciones para que uno de ellos sea escogido por el presidente de la República, con la ratificación del Senado por mayoría calificada, para que sustituya a María Elena Estavillo que culminará su periodo como comisionada en febrero próximo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la mala noticia es que no hay una sola mujer en dicha lista, con lo cual la integración del Pleno quedaría conformada sólo por hombres, además como en otras ocasiones están en dicha lista personas que actualmente trabajan en el instituto. Los tres últimos nombramientos de comisionados han sido trabajadores del IFT, por lo que muchos opinamos que debería de revisarse el proceso para la elección de los integrantes del Pleno en tanto ha terminado por favorecer la endogamia en el instituto y omitiendo la necesaria paridad de género. Voces de organizaciones como Conectadas han solicitado al presidente que no acepte una lista sin mujeres candidatas, hasta el cierre de esta colaboración el tema seguía en suspenso.

Estrenamos año, esperemos que le vaya mejor al país y por supuesto a ustedes también queridos y queridas lectoras.

Las prioridades del presupuesto

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