Como balde de agua fría cayó entre los accionistas y directivos de las Afores, la propuesta del presidente López Obrador, de revisar el sistema de pensiones, una vez que pase la emergencia por la pandemia de covid-19.
Pero los embates hacia la operación de las Afores provienen también del legislativo. El pasado 21 de abril el diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos, propuso reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro a fin de que el Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), sea quien administre los recursos de los trabajadores que se encuentran en las Administradoras.
Hace apenas unos días, diputados del Partido Verde, plantearon la posibilidad de que los afiliados puedan retirar parte de sus ahorros en las Afores para enfrentar el impacto económico por la pandemia; estos recursos que se sumarían a los que ya pueden disponer los trabajadores por desempleo. Al cierre de abril, los retiros parciales por este concepto sumaron 5 mil millones de pesos y se espera que las solicitudes lleguen a un millón.
Incluso, el Partido Verde expuso que el trabajador tendría la opción de disponer un máximo a el equivalente de 10 veces el salario mínimo mensual. No obstante, la respuesta fue inmediata por parte de analistas, quienes alertaron que las Afores invierten los recursos en instrumentos de muy largo plazo, por lo que avanzar con este planeamiento, podría en grave riesgo la operación de las Administradoras de Fondos.
Desde hace varias semanas, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Amafore mantienen un diálogo permanente con los legisladores y les entregaron una propuesta para reformar al sistema de pensiones, la que contempla la posibilidad de elevar de 6.5% a 15% las aportaciones, este incremento recaería en el sector patronal, una vez que la planta productiva logre recuperarse del revés económico.
La intención es que el patrón aporte 13.65%, el trabajador 1.125% y el gobierno 0.225%; esta alternativa la recibió con buenos ojos el sector obrero, quien reconoció que las pensiones no alcanzarán para tener una vejez digna.
De acuerdo cifras de la Amafore, para el próximo año sólo 24% de los trabajadores con 65 años cumplidos podrán solicitar su pensión y lo más grave es que de este universo, 17% tendrá que optar por la pensión mínima garantizada que asciende a cerca de 3,700 pesos al mes.
Otro de los puntos centrales de la propuesta del CCE es la flexibilización en el número de semanas de cotización, tema que se sigue analizando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Por lo pronto, la mala noticia es que los que opten por jubilarse por la Ley de 2007 lo harán con apenas el 30% de su último salario, por ello, nos dicen, es primordial avanzar en la aprobación de las reformas, ya que éstas consideran la posibilidad de elevar la tasa de reemplazo a por lo menos 60%.
Los cambios que plantea el CCE y que avalan los sindicatos no requieren recursos adicionales por parte del gobierno federal, es decir, que no tendrá costo para la actual administración, por lo que las cuentas individuales, junto con una fuerte promoción para elevar la cuota obligatoria y el ahorro voluntario lograrían un retiro más sostenible.
Así las cosas…