Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto inició ya un tour de force mediático muy costoso y en tono de justificación de hechos de su gobierno, halago en boca propia y en términos de “ya me voy”, la procuración de justicia en México entra en arenas movedizas de las que no saldrá ilesa.

Renunció el Procurador General de Justicia, Raúl Cervantes, el 16 de octubre durante su comparecencia en el Senado de la República, aunque la decisión la había tomado desde el jueves pasado; la comentó con el Presidente y recibió instrucciones: la anunciaría el lunes para dar una sorpresa institucional, pero sobre todo, mediática. Como ocurrió. No hubo sorpresa para el gobierno y a los ciudadanos no les importa.  

Pero su salida fue adelantada por el periodista y director de La Silla Rota, Roberto Rock, en su artículo publicado un día antes de la dimisión:


Un solo lustro de respaldo político absoluto le permitió a Raúl Cervantes ser un poderoso integrante del Senado, presidente del mismo, firme candidato a ministro de la corte, procurador general de la República y aventajado prospecto para convertirse en el primer fiscal general, con un mandato transexenal de nueve años. Todo eso se ha desvanecido

Escribió Rock ese domingo.

El lunes ocurrió. Está bien. No se lamentará esta salida como tampoco se lamentó la salida de los dos anteriores procuradores de la República: Jesús Murillo Karam y Arely Gómez. Ambos pasaron a mejor vida, porque eso es dejar esa famosa Procuraduría General de Justicia de la República.

Ahora se va quien fue motivo del gran debate nacional no solo por el impulso extraordinario que le dio el presidente de México para hacerlo Fiscal GeneralFiscal Anticorrupción en un modelo de protección de salida de su gobierno, como también porque Cervantes tenía en sus manos causas de altísimo calado en el gobierno, la mayoría de ellas no resueltas.

Al irse deja una procuraduría embarcada en causas no resueltas, porque se trata de gente que tuvo un altísimo poder político en México: gobernadores como Javier Duarte – Veracruz; como el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y en proceso de atracción el asunto de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo y otros más… Tlatlaya está sin resolverse. Ayotzinapa sin resolverse. Crimen organizado sin resolverse… Narcotráfico sin resolverse…

Pero sobre todo deja pendiente de un hilo el tema Odebrech, que también ha causado estragos en México, pues se involucra a altísimos funcionarios de Pemex, como es el caso de Emilio Lozoya, el exdirector de la petrolera estatal, Pemex, entre otras  figuras a quienes, se presume, recibieron sobornos de la constructora brasileña. Asunto sobreprotegido.

Al asumir la responsabilidad, Cervantes, como cada uno de los dos anteriores procuradores de este sexenio inaudito, juraron que pondrían todo su empeño, conocimiento, calidad moral y ética para solucionar el tema de la justicia mexicana. Pero no ocurrió así en muchos casos ¿por qué?

¿Hasta qué punto el ex procurador Cervantes tenía espacio de decisión en los temas de interés claramente político? Que son muchos más de los que se conocen y, por lo mismo, se les trata con base en órdenes superiores, con criterios contables de cargos y abonos políticos para obtener ganancia o la menor pérdida posible. El tema era presentar un gobierno “transparente” y “anticorrupción”, al mismo tiempo no castigar y salir ileso, todo eso junto.

Tanto el gobierno federal como gobiernos estatales o incluso municipales, meten mano en el asunto de la justicia, siempre a su favor. 

En todo caso ya se sabe que las Procuradurías de Justicia, tanto federales como estatales, son el resumen de lo peor de una sociedad en tanto culpabilidades; pero también son el resumen de injusticias cotidianas asestadas a gente inocente que no se presta o no puede pagar sobornos.

La tarea de la procuración de justicia en México es eso: procurar que haya justicia, sin distingos, sin encomiendas, sin corrupción y sí en el término exacto de lo justo. Es el ideal. No lo cotidiano.

Las procuradurías, procuran justicia, no la debieran administrar. No obstante se da el caso de que es desde estas procuradurías donde se administra la justicia para obtener resultados a modo.

En todo caso, Cervantes regresará al Senado; aunque siguiendo el estilo Peña Nieto pronto será acomodado en una función relevante para premiar sus esfuerzos nacionales. Ya lo hizo con Alfredo Castillo luego de Michoacán o con Luis Videgaray, luego de la metida de pata – Trump y así…

Pero mientras tanto un rezago importante en México es el de la procuración de justicia. Los legisladores tienen ahora en sus manos las reformas que conduzcan a solucionar ese inframundo nacional. ¿Lo harán con base a criterios de justicia? ¿De gobierno? ¿A intereses de partido o particulares? ¿Quién los detiene? ¿Quién los contiene?

Hay miles de casos en manos de la Procuraduría General de la República. No solo los de índole política. Y todos esos miles de casos requieren un tratamiento con base a lo justo y legal.

¿Se podrá contar algún día con esa ética, transparencia y bien hacer ahí? ¿Y los operarios de estas procuradurías están listos para el cambio? ¿Sí? ¿No? El panorama ahí es desolador y trágico. ¿Hasta cuándo?




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