Opinión

¡Adiós al Ágora!

Las únicas voces con derecho a opinar y definir los senderos de acción pública son las administraciones gubernamentales. | Ricardo de la Peña

  • 13/07/2020
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Hace ya tiempo, al menos desde la Gran Recesión, se viene advirtiendo del declive de las condiciones propiamente democráticas en el mundo. Ni la “Primavera Árabe”, ni el triunfo electoral de una persona de origen étnico distinto al mayoritario en Estados Unidos, ni la llamada “Marea Rosa” en América Latina derivaron en aumentos del poder real de las ciudadanías. Al contrario: luego de una década lo que encontramos es el ascenso de regímenes autoritarios en muchos lados y en otros nos topamos con gobiernos calificados como populistas, cualquier cosa que ello signifique. Ciertamente estamos ante una retracción de los espacios liberales y del modelo democrático.

El riesgo que existía

El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) advierte en su informe sobre “El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019” que “hoy en día, el valor, viabilidad y futuro de la democracia, están siendo puestos a prueba más que nunca en la historia moderna” y señala que esta erosión de la democracia ocurre en distintos contextos, pues “las democracias jóvenes son frecuentemente frágiles y sufren de debilidad, mientras que las democracias más antiguas encuentran dificultades para garantizar un desarrollo económico y social sostenible”, a lo que añade que “la proporción de democracias de alta calidad está en descenso y muchas de ellas se enfrentan a los retos del populismo”.

El riesgo que se suma

Y en la carta “Una llamada para defender la democracia”, recientemente dada a conocer, precisa que “la pandemia de COVID-19 (…) amenaza el futuro de la democracia liberal”, al observar que “los regímenes autoritarios (…) están usando la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político (y que) algunos gobiernos democráticamente electos vienen combatiendo la pandemia concentrando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y refuerzan el Estado de vigilancia sin consideración alguna por las restricciones legales, la supervisión parlamentaria o los marcos temporales para la restauración del orden constitucional”.

Y esto, que resulta cierto como advertencia a escala mundial, lo es también para México. Más allá de consideraciones sobre lo acertado o errado de las decisiones adoptadas por el gobierno para responder a los retos que impone la pandemia, es claro que las decisiones están siendo tomadas de manera centralizada y unilateral por el Ejecutivo federal, cuando mucho con el concurso de los Ejecutivos locales. La labor legislativa de otorgamiento de avales y revisión de políticas está callada, pero tampoco se escucha a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles, a los científicos e intelectuales que pueden y quieren participar en la construcción de soluciones a los problemas que hoy se presentan. No: las únicas voces con derecho a opinar y definir los senderos de acción pública son las administraciones gubernamentales. Los otros son, somos, meros espectadores silentes que debemos atenernos a las fórmulas, tiempos y condiciones que se nos imponen.

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