Opinión

Actuar YA contra la violencia política

Las mujeres no pueden ser objeto de actos violentos por el sólo hecho de ser mujeres y ejercer sus derechos.

  • 22/01/2016
  • Escuchar

Inician en marzo las primeras campañas electorales del proceso electoral que ya está en marcha. Las maquinarias partidistas están ya en la etapa de contiendas internas, de tejer alianzas electorales y preparar el camino para la jornada electoral. Sin embargo, hay cuestiones  que ni los partidos políticos, ni las autoridades electorales ni las encargadas de la procuración de justicia han enfrentado: La violencia política hacia las mujeres.

 

A nivel federal cuatro iniciativas han sido presentadas desde el año 2012. Tres en el Senado presentadas por cinco mujeres y una en la Cámara de diputados, también por otra mujer.

 

Ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada. Lo anterior tiene como consecuencia que no tengamos un concepto legal de violencia política; que no se encuentren claramente definidas las formas en las que puede actualizarse un acto de violencia política; no se tengan diseñados los mecanismos y las autoridades que deben hacer frente a este tipo de violencia y, desde luego, no se tengan previstas las sanciones para los agresores, las medidas de reparación del daño para las víctimas y las medidas de protección o cautelares que deben tomarse de manera inmediata para salvaguardar la vida y la integridad de víctimas.

 

El problema de la violencia política contra las mujeres se visibilizó como consecuencia de la aplicación del principio constitucional de paridad en el proceso electoral 1014-2015. No es que antes no existiera la violencia política hacia las mujeres –recordemos, por ejemplo, el caso de “Las Juanitas”-, sino que este tipo de acciones no se percibían como violentas hacia las mujeres.

 

Las posteriores reformas electorales intentarían solucionar algunas de las cuestiones en relación con estos temas. Así, por ejemplo, una candidata mujer debe compartir fórmula con otra mujer, con el objeto de que si la primera tiene o debe ausentarse del cargo, una mujer ejerza esa función. Además, se previó el registro alternado de fórmulas de candidatos, para evitar lo que desafortunadamente era una práctica habitual entre los partidos políticos: Que las mujeres fueran designadas en los últimos lugares de las listas y, por lo tanto, no llegaran a ocupar esos espacios públicos.

 

La obligación de los partidos políticos de destinar por lo menos el 3% del financiamiento público que les otorga el Estado para la capacitación y promoción de liderazgos femeninos, es consecuencia del desgastado y absurdo argumento utilizado por los institutos políticos de que no encontraban mujeres que quisieran ser candidatas o bien, mujeres preparadas para desempeñar cargos públicos.

 

La reforma legal y constitucional publicada en 2014 se hizo cargo de otros de los temas centrales, la paridad en las candidaturas y la prohibición de que a alguno de los géneros se le destinara a los distritos en los que el partido político hubiere obtenido los porcentajes más bajos de votación en la elección anterior. Antes de la reforma y del proceso electoral del año pasado, las mujeres eran destinadas a los distritos que menos interesaban a sus partidos.

 

En el proceso electoral 2014-2015 los casos de violencia hacia las mujeres fueron conocidos por todos. La consejera presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral golpeada en una reunión de trabajo; la presidenta municipal de Temoác, Morelos, denunció la agresión física que sufrió su padre un día después de tomar posesión del cargo por sus adversarios porque una mujer había ganado las elecciones. Comunidades en que los hombres abiertamente señalan que las mujeres no gobernarán, porque sólo les corresponde a los hombres. Mujeres amenazadas, golpeadas y atemorizadas personalmente o a sus familias y colaboradores en Chiapas, Guerrero, Sonora, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, la ciudad de México, Yucatán y Oaxaca, marcaron las elecciones de 2015.

 

Las mujeres no pueden ser objeto de actos violentos por el sólo hecho de ser mujeres y por ejercer sus derechos político electorales en libertad y con igualdad. El Estado debe garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y, como consecuencia, debe implementar todas las acciones necesarias para cumplir con esta obligación. México requiere conceptualizar la violencia política contra las mujeres, tipificarla y crear los mecanismos y acciones para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

 

Los actos de violencia política hacia las mujeres pueden tener diversas modalidades: Psicológicas, físicas, patrimoniales, familiares y, por tanto, pueden generar diversos tipos de responsabilidades. La actuación coordinada de las autoridades que reciban una denuncia de violencia contra una mujer o la detecten, debe ser inmediata.

 

En materia electoral, debe pensarse en que una mujer víctima de violencia política no debe perder el derecho a ser aspirante, precandidata, candidata ni servidora pública y que estando en el cargo, debe contar con todos los elementos necesarios para las funciones que desempeña.

 

Las consecuencias de un acto de violencia política para inhibirlas a ejercer sus derechos deben partir de la premisa de que ese es el resultado que busca la o las personas que lo cometen, que la mujer que sufrió la agresión deje de participar en una contienda electoral. Las autoridades electorales deben actuar oportunamente para evitar que el daño sea irreparable y que, finalmente, el agresor concrete el resultado perseguido.

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales han hecho aportaciones relevantes en relación con garantizar los derechos políticos de las mujeres; sin embargo, falta concretar esfuerzos en este tema.

 

Hace falta una acción conjunta y una capacitación integral para detectar, canalizar, atender, disuadir y sancionar las actuaciones violentas contra las mujeres en el ejercicio de los derechos políticos. El proceso electoral 2015-2016 está en marcha y la actuación en contra de la violencia política hacia las mujeres no puede esperar otro proceso electoral.

 

@C_Humphrey_J