La seguridad nacional surgió al seno de la bipolaridad, sin embargo, la serie de cambios que se registraron en el mundo y que tienen como fecha simbólica el año de 1989, dieron paso a un llamado nuevo orden internacional, en ese marco, se pensó en que la seguridad nacional tal y como se concibió casi cinco décadas atrás debía ceder su lugar a otra visión que incoporara las dimensiones del liberalismo democrático y sus declaradas apuestas con el desarrollo social y humano.
La probabilidad de un conflicto catastrófico para la vida humana se diluyó con el fin de la Guerra Fría, sin embargo, simultáneamente permanecieron y aparecieron conflictos locales y regionales, nacionalismos periféricos, y el resurgimiento de patologías identitarias en clave racial, religiosa y hasta biologista, donde el caso emblemático fue la antigua Yugoslavia: la guerra étnica en el corazón de Europa.
Por una parte, se insistía en que la seguridad con mayúsculas, esto es, la seguridad nacional debía incorporar un cariz tendente al desarrollo humano y ocuparse de temas cercanos a la seguridad pública e interior, y por otro lado, se apreciaba la emergencia o el surgimiento de otras fuentes de riesgo, que podían comprometer los objetivos nacionales, la seguridad de amplios sectores de la población o de plano postergar por décadas expectativas de desarrollo.
Varios de estos nuevos o viejos antagonismos no se expresaban con armas, artefactos explosivos o violencia como modo de declaración política, sino con la cesión de recursos estratégicos, la pérdida de recursos fiscales ante la especulación financiera, la dependencia de los mercados mundiales de alimentos y medicinas, los desastres relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, la amenaza contra los ecosistemas, la desigualdad global, y los estallídos sociales que tendencialmente habrían de registrarse ante acelerados procesos de pauperización social.
Ha de decirse, más allá del panegírico del liberalismo democrático conocido también como “discurso único”, que las formas de intervención de los países centrales en otras naciones cambiaron, así como las de actores no estatales con inéditas capacidades económicas, así avanzó la influencia para impulsar cambios jurídicos y políticos en diversos países y en el orden internacional, bajo la perspectiva de liberalizar las economías y consolidar el nuevo modelo de creación de riqueza afianzado en el sector servicios.
Más allá de las reformas que suponía la expansión a escala de este modelo de creación de riqueza, el problema radicó en sus contradicciones internas, que se resumen en la concentración del ingreso, la destrucción de modos locales de producir y organizarse, en la no sustentabilidad ambiental y social, y desde luego en las contradicciones que este conjunto de factores generó ante inicipientes procesos de democratización, donde las promesas de la propia democracia se vieron, por lo menos, incumplidas.
Nunca actores no estatales habían acumulado tanto poder económico y político, y nunca el Estado había cedido tanto ante las lógicas del interés y el beneficio, pero particularmente, el modelo mostró uno de sus peores síndromes: privatizaba los beneficios y socializaba los costos.
La crisis del 2007 en los Estados Unidos y en el mundo fue emblemática sobre cómo el Estado tuvo que resolver con los recursos de la ciudadanía los altos costos provocados por unos cuantos en un sistema financiero incapaz de regularse a sí mismo. La ficción de la autorregulación, de vicios privados y beneficios públicos se hizo ostensible ante las pérdidas sociales y públicas provocadas por los capitales financieros.
Este fue el contexto para considerar que la seguridad nacional no podía abandonarse desde las iniciativas de los actores que promovieron el repliegue del Estado y que admitieron que se habían equivocado. Sobra decir que otra expresión que postergó la posible sustitución de la seguridad nacional como concepción para proteger a la sociedad ante diferentes y graves antagonismos, fueron los ataques terroristas del año 2001.
La primer década del siglo XXI arrojó algunas de las líneas de la seguridad nacional para el nuevo milenio, es decir, cambio climático, terrorismo, especulación financiera internacional, concentración del ingreso a escala, altas condiciones de exclusión impuestas por el modelo de creación de riqueza, poder e influencia acumulado por actores no estatales, patrocinios de países centrales a intereses privados; conflictos por el agua, territoriales, étnicos y religiosos, y al seno de todo esto, los riesgos para el modo de vida democrático ante las promesos incumplidas, el escepticismo político, la desconfianza en lo público y la creciente indignación ante las cleptocracias.
Así las cosas, diferentes países también comenzaron a resentir en el siglo XX el poder e influencia de potencias y actores no estatales en su vida interna por nuevas vías, de las armas se transitó a la incitación al desorden social, al financiamiento de movimientos sociales, a la influencia en la opinión pública mediante las redes sociales, a la aparición del llamado “golpe blando” que hasta metodología dice tener; a las estrategias para fracturar la voluntad política de actores políticos o gobiernos contrarios para cerrar espacios a políticas no concordantes con las visiones dominantes en los mercados y para promover la inestabilidad política.
Cada uno de estos temas son campos de interés para todo orden institucional, si son o no son temas de seguridad nacional queda en el ámbito de decisión y responsabilidad de los gobiernos.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM