Opinión

Acoso sexual e impunidad

Siete mil 637 mujeres son agredidas o acosadas en su centro de trabajo. | Leonardo Bastida

  • 20/07/2019
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Insinuaciones, comentarios obscenos, intentos de tocamiento sin su consentimiento fueron parte del cotidiano que vivió Norma Campos Vázquez por varios años, cuando laboraba en Teléfonos de México (Telmex).  Hace 17 años, dejó de trabajar en la empresa telefónica tras ser despedida por denunciar los hechos.

Desde aquel entonces ha tocado múltiples puertas para pedir ayuda, después de que se atrevió a denunciar que su jefe la acosaba sexualmente. Ella ha argumentado que su despido fue injusto y ha obtenido varios fallos legales a su favor, incluida la orden de su reinstalación, pero la propia empresa sólo ha simulado acatar dichas ordenes, pues le niega el paso, y no ha pagado los salarios vencidos derivados del incumplimiento de dichas órdenes.

En los 17 años de labores en la empresa telefónica, nunca había tenido problemas. Ella se incorporó en  Irapuato, ciudad donde radica hasta el día de hoy, a la compañía telefónica desde 1985, en tiempos en que aún era una empresa paraestatal. Su área era la de especialistas administrativos. Posteriormente, fue removida al departamento de líneas privadas. Su desempeño en dicha área fue bueno y no tuvo problemas hasta que llegó Luis Alberto Cañas, quien comenzó a abordarla con fines sexuales. Ella siempre se negó y el acoso se transformó de sexual a laboral, recibiendo un trato hostil de manera continua, negándosele los insumos básicos para poder desempeñar su función.

Alarmada, denunció los hechos ante el sindicato, tanto de manera verbal como escrita, pero no recibió el apoyo solicitado, y la situación continuó por varios meses sin que nadie pudiera poner un freno.

Al poco tiempo, en 2001, uno de sus hijos presentó problemas de salud. Esto la obligó a tener que solicitar un permiso sin goce de sueldo por 10 meses, a partir del 20 de agosto del mismo año y hasta junio de 2002. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana la apoyó para esta gestión. Una semana después de reintegrarse a sus labores, fue notificada que se le investigaría por registrar algunas faltas injustificadas.

A principio de julio, se le entregó una carta en la que se le informó sobre la rescisión de su contrato bajo el argumento de haber presentado dichas faltas.

Desconcertada, decidió emprender un proceso legal (911/2002) en contra de Telmex, el cual prosperó después de casi ocho años de litigio, y le dio la razón. Se ordenó su reinstalación, que se cumplió un año después, pero al momento de regresar a su fuente de empleo, una vez que la actuaria de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje salió del recinto, Norma fue conminada a salir del lugar y ni siquiera pudo volver a comenzar a trabajar.

Esto provocó una segunda demanda (1838/2011) por lo que la empresa le hizo un ofrecimiento de empleo, suscitándose una segunda reinstalación. Regresó a trabajar el 16 de junio de 2013, pero el 17 de junio, un día después de su reinstalación, se le impidió acceder a su centro laboral.

Una vez más, se inconformó con la decisión e interpuso una tercera demanda (967/2013). Una vez más, tres años después de investigaciones e interpelaciones, se le otorgó la reinstalación. La situación fue similar, le permitieron ingresar el primer día de labores, pero al siguiente, le fue negado el acceso.

Empeñada en que su lucha es por una causa justa, entabló una cuarta demanda (925/2016), de la cual espera que se emita un laudo en próximas fechas, pues tampoco pudo reinstalarse en su centro laboral.

Entre tanto, de sus demandas anteriores, se emitieron laudos en los que se establece que se le deben de pagar los salarios caídos del período de entre la segunda y tercera demanda y del de la tercera demanda hasta la fecha.

Para Norma, es increíble que tenga que pasar por toda esta situación mientras que al sujeto que la acosó sexualmente nunca se le sancionó y permaneció laborando en la empresa.

Su caso no es aislado, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares de 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró que en el país, cada día, siete mil 637 mujeres son agredidas o acosadas en su centro de trabajo. De estas, la mitad sufrió alguna situación de violencia sexual, desde un comentario inapropiado, pasando por tocamientos, amenazas, acoso y hostigamiento, hasta una violación. El mayor perpetrador de este tipo de situaciones fue un superior o alguna figura con autoridad.

De estos casos, sólo se denunciaron uno de cada 10.