Nuestra nación es parte integrante de diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, primera Ley internacional que rechaza todas las formas tanto físicas como mentales de violencia, abusos y negligencias contra este importantísimo segmento de la población. Asimismo, obliga a las naciones que son parte, a adoptar medidas para dar efectividad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en dicha Convención.
Entre los derechos que este instrumento determinó, se encuentran la no discriminación, el interés superior de la niña y el niño, el derecho a la vida como obligación del Estado, la preservación de la identidad, la libertad de expresión al que tienen derecho las niñas y los niños, el derecho a recibir y distinguir informaciones e ideas, a su libertad de pensamiento, de conciencia y religión, así como el derecho a la protección contra maltratos, derecho a la salud y servicios médicos, entre otros.
Por su parte, tanto en nuestra Constitución Política como en diversas leyes secundarias, se establecen, en concordancia con las directrices de la Convención, diversas disposiciones constitucionales y legales para proteger y garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
No obstante, registros estadísticos refieren que la violencia y el maltrato a la infancia y adolescencia ha adquirido una tendencia al alza en nuestro país, tal cual lo ha comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que indica que de las 33 naciones que conforman dicha organización, México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de menores de 14 años.
Para el caso particular del Estado de México que posee el mayor número de habitantes que cualquier otra entidad federativa del país, con casi 17 millones de personas y de acuerdo con cifras de la Procuraduría local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2021 se registraron más de 48 mil denuncias relacionadas con maltrato infantil.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México de abril de 2020, los tipos de violencia infantil son el maltrato físico, el abuso sexual, negligencia, explotación laboral infantil, maltrato prenatal, el síndrome de Münch (relacionada con la creación de una enfermedad ficticia inducida al menor de edad que es agravada por la administración de medicinas y sustancias no prescritas), el maltrato infantil institucional, el abandono infantil, entre otras.
Este tipo de violencia creció en últimas fechas en nuestro país en gran medida al confinamiento a causa de la pandemia por covid-19 que, además, ha sido un impulsor de niveles de estrés, de inseguridad, de crisis económica y alimentaria.
Consecuentemente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Congreso Mexiquense en días pasados, como parte de una serie de acciones que buscan impulsar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, una iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual, si así lo determina dicha soberanía, se estarían reformando diversas disposiciones constitucionales y legales para garantizar que las y los titulares de las Procuradurías Municipales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tengan una adecuada preparación académica, así como la capacitación y la competencia laboral necesaria para ejercer sus funciones en relación a la protección de los derechos de la infancia.
Asimismo, la iniciativa propone que para el ejercicio de la profesión se cumpla con el requisito del esquema denominado #3De3ContraLaViolencia, es decir, que dichos servidores públicos no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o bien por ser deudor alimentario o moroso.
El objetivo, además de dicha iniciativa es que todas y todos los servidores públicos que busquen la titularidad de dichas procuradurías presenten un curso especializado, aprobar una evaluación teórico práctica realizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, así como obtener una certificación de la competencia laboral en “Gestión para la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, a cargo del Instituto Hacendario del Estado de México.
Con estas acciones el PAN y quienes lo integramos como representantes de elección popular, demostramos que una de nuestras preocupaciones son las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, por lo que esperaríamos que al interior del órgano legislativo se construya un debate de altura, que pavimente el camino para la aprobación de dicha iniciativa en favor y en beneficio de nuestras futuras generaciones.