Cuando se discutió la reciente Reforma Laboral, uno de los temas más preocupantes fue la enorme cantidad de demandas que ya se registraban en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por violaciones a la seguridad social. Al menos 57 de cada 100 casos en esa materia, se padecían en esas oficinas lúgubres llenas de carencia.
En el año 2012, los ideólogos patronales de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto idearon un procedimiento para obstaculizar toda demanda por riesgos de trabajo. Como si fuera una demanda mercantil y no de carácter social. En todo tenía la carga probatoria el trabajador.
El empleado tenía que detallar todos los lugares donde laboró, puestos desempeñados, antigüedad generada, cotizaciones, unidad de medicina familiar asignada y más de 10 requisitos adicionales.
Esas condiciones punitivas se conservaron de manera inconcebible en la actual reforma laboral de 2019.
Ya se sabe de las penurias que padecen los trabajadores cuando sufren un accidente o una enfermedad de trabajo. Se enfrentan a una colusión de los mil demonios entre el patrón y los indolentes directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Primero, el patrón hace todo lo posible para borrar cualquier huella del accidente de trabajo. Manda a su empleado con un médico particular para que le dé unas aspirinas y le unte Vickvaporub, ya que, como dicen allá arriba, alivia todo. Pasan los días y el trabajador sigue con las molestias y, como respuesta, generalmente es despedido.
Cuando el trabajador afectado acude al IMSS ya es demasiado tarde. Se enfrenta con mucha burocracia, consentida desde las oficinas de su director Zoé Robledo, para desconocer cualquier afección laboral.
Algunos trabajadores me comentan que el IMSS, en lugar de ser una institución de carácter social, se ha convertido en tapadera de los malos patrones que ocultan los accidentes y enfermedades de trabajo para evitar que les aumenten las “primas” por riesgos laborales.
El IMSS ya no vigila como antes y se ha convertido en el hazmerreír de los patrones y en el infierno para los trabajadores.
Cuando el trabajador logra que le reconozcan un riesgo de trabajo, le dan el porcentaje más bajo que se pueda tener en la tabla. Algunos llegan a recibir 200 pesos a la quincena y que digan que les fue bien.
Por eso llaman la atención los primeros informes que llegan de los juzgados federales, donde ya se atienden los reclamos de los trabajadores que acuden por desatención del IMSS, del INFONAVIT o de las Administradoras de Fondo para el Retiro, en el reconocimiento de sus riesgos de trabajo.
En la primera etapa, que inició el 18 de noviembre de 2020, se han acumulado en 8 estados 1,529 demandas por violaciones en seguridad social contra las 3 mil 149 demandas por despido a nivel federal.
En la segunda etapa, que inició hace menos de tres meses y que opera en 15 Estados de la República, existen 203 demandas por violaciones a la seguridad social contra 107 demandas individuales por despido. Son casi un cien por ciento más las demandas por atropellos a la vida y salud laboral.
Cabe aclarar que no presento cuadros de los conflictos de carácter local porque éstos no conocen de reclamos de seguridad social, que son materia exclusiva del Poder Judicial Federal.
Si así está la semilla de la reforma laboral en estos meses ¿cómo será en algunos años?, es evidente que el problema se agravará si no se pone remedio.
La Reforma Laboral de 2019 no debe detenerse y debe considerar la necesidad de que se constituyan juzgados especializados en materia de seguridad social. Es una necesidad imperante. Nuestros jueces laborales no pueden convertirse en todólogos, porque esto demerita la justicia en materia de trabajo.
La seguridad social es una materia más compleja que el derecho laboral, y a quien no esté de acuerdo le podemos afirmar que son dos campos de estudio totalmente distintos y que requieren de una especialidad técnica particular.
Una de las primeras acciones es quitar toda la polilla y gusanos que se anidan en la dirección del IMSS, y crear un área especializada que dé atención a los trabajadores, con respeto y dignidad, para calificar sus riesgos de trabajo.
Una segunda acción, y en esta deben confluir todas las autoridades, incluso las penales, es imponer un límite a los patrones que se pasen de listos, que se burlen de las autoridades del IMSS y que pisoteen los derechos de los trabajadores.
Una tercera acción es que el gobierno federal se ponga la camiseta de los desarraigados, de quienes sufren violencia contra su vida y salud, y que sea congruente con lo que dice.