“Las elecciones ordenadas son la mejor respuesta a la violencia que busca privar a los ciudadanos de sus derechos a elegir a sus líderes – nacionales y locales - libres de intimidación”. Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz 2001 y Ex-Secretario General de la ONU.

En México los derechos de acceso a la información pública y los correlativos de carácter político-electorales coexisten en una coyuntura de extrema exigencia y de mutua interdependencia. Ambas categorías de derechos deben entenderse a la luz de las reformas constitucionales de 2011 y de 2014, así como a su interpretación jurídica, para que se atiendan eficazmente.

Bajo esta premisa, es necesario enfatizar que dichas reformas, tanto en materia de derechos humanos, transparencia, así como la electoral, han permitido que interactúen los Sistemas Nacionales que los rigen, y con ello, conseguir fines como la fiscalización y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados al campo electoral que, como lo refiere Diego Valadés, es el talón de Aquiles de toda democracia; para esto, el derecho de acceso a la información se convierte en un elemento indispensable, porque actúa de manera recíproca con los derechos de participación política. Así, podemos conocer datos e información de nuestros candidatos, calendarios electorales, criterios jurídicos, formas de votación, planes y proyectos de gobierno, posiciones ideológicas y saber las posturas propias de nuestras comunidades que nos interesan en el día a día: seguridad, educación, empleo, salud y economía.

La jornada electoral

Como sabemos, el próximo 1° de julio se llevará a cabo la jornada electoral más grande y compleja en la historia del país, concluyendo con la calificación que deberá hacer el Tribunal Electoral, a más tardar, el 8 de septiembre de este año. El proceso electoral implica 629 cargos a elegir en el ámbito federal: 1 Presidente de la República, 500 Diputados y 128 Senadores; mientras que en su vertiente local comprende 30 entidades federativas, 17 mil 670 cargos de elección, constituidos por 8 Gubernaturas y 1 Jefatura de Gobierno para la CDMX, 972 Diputaciones, 1 mil 596 Presidencias municipales, 16 Alcaldías, y el resto distribuidos en un gran número de Regidurías, Sindicaturas y Concejales, incluyendo las Juntas Municipales. Las múltiples candidaturas a nivel federal y local, suman un total de 18 mil 299 cargos, que podremos definir mediante el sufragio. En este proceso existe un total de 59 millones, 731 mil 200 spots que se han pautado en radio y televisión para partidos políticos y autoridades federales y locales; todo ello con reglas nuevas en materia de fiscalización, reelección y paridad de género.

Para un voto informado

Al respecto, en un ejercicio de transparencia proactiva, la ciudadanía puede consultar en el portal web del INE, las plataformas denominadas “Conócelos”[1],y “Numeralia”[2] ahí encontrarán información desagregada de los candidatos, partidos, coaliciones, por entidad federativa, síntesis curriculares, así como información de interés general para el voto informado. Lo anterior, me parece de vital importancia, porque el derecho a la participación política es el derecho fundamental para ejercer otros derechos.

No pasa inadvertido que lo histórico de la elección también radica en que los diputados y senadores al Congreso de la Unión que resulten electos en este proceso podrán ser reelectos. Dicha circunstancia implica, en el contexto de un parlamento abierto, un ejercicio de rendición de cuentas entre los legisladores y los ciudadanos, en el que el derecho de acceso a la información se convierte en un elemento central para tomar decisiones.

De las discusiones sobre la reforma constitucional en materia de reelección se advierte, en beneficio de los derechos de acceso a la información y los político-electorales que la reelección genera un vínculo más estrecho con los electores, abona a la rendición de cuentas, fomenta las relaciones de confianza entre representantes y representados, profesionaliza la carrera de la legislatura y ayuntamientos y da continuidad y consistencia a las funciones inherentes al cargo. Así que habrá que observar, en aras de la eficacia de los derechos, que estos postulados se cumplan; y aquí las instituciones tendrán un papel crucial.

La tarea no es sencilla

Se trata de un enorme proceso electoral que trae aparejado una serie de obstáculos en la garantía de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la intimidación al ejercicio de la libertad de prensa mediante violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los periodistas; los homicidios de aspirantes a cargos populares de representación en el país; el uso indebido y no autorizado de datos personales mediante copias a las credenciales para votar; el registro indebido de ciudadanos en los partidos sin su consentimiento; así como la propagación de información falsa y difamatoria que tiene la intención de confundir al electorado para evitar la emisión de un voto informado.

Si bien el esquema de rendición de cuentas democrática ha abierto la puerta para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abonen en la garantía de los derechos, aún es necesaria la articulación de mayores esfuerzos para que dichas instituciones, en conjunto con la Academia y las organizaciones de la sociedad civil, atiendan y corrijan todo aquello que ha limitado o -en su caso- ha generado abusos de poder. Por ello, quiero enfatizar la sinergia de todas estas entidades como la solución principal para garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información pública y los político-electorales, en un contexto electoral como el aludido.

El derecho a la información

Es urgente conformar grupos de trabajo que reflejen el crisol de intereses de la sociedad, y conjuntar esta última con las instituciones para contrapesar las amenazas que enfrenta el derecho a la información como herramienta de empoderamiento ciudadano. No olvidemos que el derecho a la información propicia el voto reflexivo y prospectivo, disminuye de las campañas sucias y las denominadas fake news. Debe considerarse también que este proceso electoral fue diferente por la intensa campaña en redes sociales, elemento inédito en la democracia mexicana que sin duda es y será definitorio en los resultados electorales.

En síntesis, el derecho de acceso a la información es de carácter instrumental para el ejercicio de los derechos político – electorales, esto es, son interdependientes entre sí, porque para votar, ser votado (vía partido o independiente), afiliarse o asociarse a un partido político es una condición necesaria que la ciudadanía cuente con los elementos indispensables para discernir su decisión de la manera que mejor le convenza. Por ello, es tarea de las instituciones garantes, como el INAI, que en conjunto con la sociedad, atiendan de manera prioritaria la agenda de las noticias falsas, el modelo de comunicación política y la garantía en general de los derechos fundamentales en coyuntura, garantizando un derecho a la información pública libre de intimidación.