El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, decidió celebrar el 9 de agosto de cada año, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Los pueblos indígenas son herederos de prácticas culturales y formas únicas de relacionarse con los demás y con su entorno. Sus características, rasgos sociales, económicos pero sobre todo, culturales y políticos son además, diferentes a los que predominan en las sociedades en las que viven. Lo anterior, conlleva en muchas ocasiones, dificultades para hacer efectiva, en condiciones de igualdad, la protección de sus derechos como pueblos con diversidad cultural.
El artículo 2º de la Constitución mexicana, reconoce la pluriculturalidad de nuestra Nación y da el sustento original de la misma en sus pueblos indígenas; asimismo, les reconoce su derecho a la libre determinación y autonomía. En el ámbito internacional, la Declaracio´n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indi´genas reafirma el principio de libre determinación aludido y establece entre otras cosas, que los indígenas, como pueblos e individuos, tienen derecho al disfrute pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaracio´n Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos; esta normativa en su conjunto, es de observancia obligatoria en nuestro país en virtud del artículo 1º de nuestra Constitución. El marco normativo existe en lo formal, sin embargo, el rezago y la marginación de los pueblos indígenas persiste.
Este Día Internacional de las Poblaciones Indígenas es, por tanto, una oportunidad y un compromiso para reflexionar y sobre todo, sensibilizarnos siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, el objetivo es que las autoridades e instituciones den a conocer las problemáticas sin resolver y precisar la adopción de medidas y políticas concretas como alternativas de solución.
En ese sentido, el derecho humano de acceso a la información, puede y debe ser una herramienta al alcance de los pueblos indígenas para materializar su libre determinación y autonomía más allá de contenidos normativos formales que pierden sentido si los dejamos en sólo declaraciones sin aplicación en la realidad social.
Debemos replantear la relación de los pueblos indígenas con las instituciones por medio del aseguramiento de su pleno acceso a información veraz, oportuna, cabal, útil y en su lengua, que sirva de base para cristalizar sus ricas y ancestrales diferencias en el modo en el que ellos, libremente determinen. Debemos pensar el concepto de “nosotros” de modo que no nos uniforme, sino que nos regocije en su pluriculturalidad; ello implica diálogo e intercambio de ideas informadas entre todas y una profunda consideración de los principios de justicia social y equidad.
Es preciso apropiarnos de la convicción de que nadie puede quedarse atrás y proactivamente, hacer accesible la información pública en las diversas lenguas indígenas existentes. Minimizarlas es continuar con su marginación y afectar el disfrute de los derechos humanos de estos pueblos al reducir sus posibilidades de conocer cómo funciona este derecho humano, y ejercerlo desde su unión cultural para obtener un poder inmediato sobre la información que les permita decidir sobre lo que les atañe y defender su modo de vida. Debemos devolverles y darle la palabra a cada una de las personas indígenas de nuestro país.