Opinión

Abuso sexual clerical e impunidad

El camino no ha sido fácil para ninguna víctima de abuso sexual por parte de clérigos, en ningún rincón del mundo. | Leonardo Bastida

  • 15/02/2020
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Esa mañana, Ana Lucía se sintió especial, pues el sacerdote del colegio donde estudiaba, el Instituto Cumbres de Quintana Roo, le había pedido que le ayudará a recoger las copas utilizadas durante la celebración de una misa. Jamás sospechó, que seria en la propia capilla, donde el padre Fernando Martínez comenzaría a besarla y a tocar diferentes partes de su cuerpo. Su niñez terminó esa mañana, a los ocho años de edad.

El Instituto Cumbres de Quintana Roo es parte de la red de colegios a cargo de los Legionarios de Cristo, orden fundada por Marcial Maciel Degollado, sacerdote oriundo de Cotija de la Paz, Michoacán, sobrino de Rafael Guízar y Valencia, en 1941. Muy cercano al papa Juan Pablo II, acompañándole en sus tres primeras giras a México en 1979,1990 y 1993.

Este caso es de los primeros que se dan a conocer por parte de mujeres, aunque, desde hace más de dos décadas, se habían dado a conocer otras situaciones similares vividas por hombres, que en su momento fueron niños o adolescentes, al interior de la orden.

En 1997, ocho ex miembros de los Legionarios de Cristo: Félix Alarcón Hoyos, José de J. Barba Martín, Saúl Barrales Arellano, Alejandro Espinosa Alcalá, Arturo Jurado Guzmán, Fernando Pérez Olvera, José Antonio Pérez Olvera y Juan José Vaca Rodríguez, denunciaron en carta enviada a Juan Pablo II las vejaciones sexuales sufridas por parte de Marcial Maciel en su adolescencia en España e Italia, abusando de su condición de casi niños.

Como parte de sus argumentos, compartieron cartas escritas por clérigos en los años 50, en las que se denunciaban conductas ilícitas cometidas por Maciel Degollado, las cuales, llegaron al Vaticano, pero nunca obtuvieron respuesta.

En una charla sostenida hace algunos años con uno de los denunciantes, Saúl Barrales, este explicó que al ser niños no alcanzaban a percibir la gravedad del problema, ni a entender el por qué de los toqueteos; además de que la orden se fortalecía con el apoyo de gente de poder económico, haciendo muy difícil poder cuestionar lo que sucedía al interior de la institución religiosa.

De igual manera, otro de los denunciantes, José Barba, indicó que al interior de la orden había un sistema de lealtad y muchas confusiones.

Esta denuncia produjo que se iniciara un proceso judicial contra el fundador de los Legionarios de Cristo en 1998. Sin embargo, fue hasta el pontificado de Benedicto XVI que hubo una sanción, aunque sólo al interior de la iglesia católica.

En 2005, después de que el propio Maciel se hizo una serie de autohomenajes en las principales iglesias del Vaticano (Santa María la Mayor, San Pedro y San Pablo Extramuros), se determinó que se reabriría el caso. Este hecho trajo como resultado que en 2006 Maciel Degollado fuera retirado del sacerdocio a una vida de oración y penitencia, la cual consideró "una nueva cruz que Dios le dio".

Al igual que en los casos de otros denunciantes, el caso de Ana Lucía Salazar culminó con una orden del Papa Francisco, emitida en enero de este año, para separar de su cargo religioso a Fernando Martínez, hoy de 81 años, aunque continuará siendo parte de la orden religiosa y vivirá en situación de retiro espiritual.

En 2008, tras la muerte de Marcial Maciel, los ocho demandantes consideraron que el caso quedó impune debido a la falta de un juicio y sanción reales en contra de Marcial Maciel a pesar del conocimiento de sus delitos desde muchos años atrás. Además de una clara protección por parte de las autoridades eclesiásticas.

Hoy en día, Ana Lucía considera que el Papa Francisco prefirió garantizar el bien de la Iglesia en lugar del bien de las víctimas de la violencia sexual clerical.

La orden de los Legionarios de Cristo ha reconocido que a su interior han ocurrido 175 casos de abuso sexual en más de ocho décadas. La mayoría de ellos, 111, cometidos por su fundador, Marcial Maciel, o por alguna de sus víctimas. En total, 33 sacerdotes han sido responsabilizados de acto de abuso sexual. De estos, seis fallecieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno dejó la congregación, y los otros 18 se mantienen en el grupo, aunque 14 ya no tienen funciones en público y cuatro no realizan actividades con menores. Sólo un caso fue procesado judicialmente.

A diferencia de lo que ocurrió en 1997, cuando se visibilizaron por primera vez los casos, y su veracidad fue ampliamente cuestionada. En esta ocasión, a propósito de la denuncia pública de Ana Lucía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para ella y otras denunciantes a fin de salvaguardar su integridad, además de exhortar a diferentes instancias de gobierno a generar mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes, sobre todo, al interior de agrupaciones religiosas, escuelas y cualquier otro espacio donde se pudieran congregar.   

Además, a principio de este mes, la Cámara de Diputados aprobó la imprescriptibilidad del  ejercicio de la acción penal a quien cometa el delito de pederastia, a fin de que las víctimas denuncien en el momento que puedan y decidan hacerlo, sin que haya un límite de tiempo específico.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil para ninguna víctima de abuso sexual por parte de clérigos, en ningún rincón del mundo. En Francia, como lo muestra el filme "Gracias a Dios", del realizador Francois Ozon, se volvió a discutir públicamente el caso de Bernard Preynat, ex sacerdote de la diócesis de Lyon, quien durante los 70 y 80 estuvo a cargo de los grupos de scouts y cometió abusos sexuales en contra de más de 20 integrantes de dichas agrupaciones.

En estos momentos, se lleva a cabo el juicio de Preynat, obteniéndose como resultados parciales, la absolución del cardenal Philippe Barbarin, a quien, entre 2014 y 2015, víctimas de Preynat acudieron para denunciar que el clérigo continuaba ejerciendo el ministerio clerical a pesar de haber perpetrado actos de abuso sexual y solicitar su separación del ministerio.

Además de lograr revertir una condena original de seis meses de prisión por no haber tomado medidas al respecto, el cardenal francés continúa en su cargo por encomienda del Papa Francisco.

Otros casos similares, como los visibilizados hace algunos años por el diario Boston Globe, que colocaron en la palestra pública a la arquidiócesis de Massachussets, tampoco obtuvieron una respuesta judicial favorable a pesar de haberse demostrado la existencia de un entramado complejo de protección para quienes cometieran este tipo de delitos.

A pesar del panorama, Ana Lucía no cesa su lucha y llama a muchas otras personas que han padecido situaciones similares a la suya a no callar y denunciar lo ocurrido, pues, en la mayoría, de los casos, lo hechos provocaron serias alteraciones en sus vidas.