Qué les cuento, que desde finales de noviembre de 2021 y hasta lo que va de este febrero, Banjército tiene a sus trabajadores en Tijuana sin seguridad social, por lo que los gastos médicos –en la cuarta ola de contagios por la variante ómicron de covid-19– han tenido que correr a costa de sus propios bolsillos.
Por si esto fuera poco, con la llegada de la quesque cuarta transformación los pagos de utilidades, un derecho que por ley les corresponde a todos los trabajadores, desaparecieron, y la única respuesta que les dan es que éstos se encuentran “detenidos”.
En entrevista, empleados de Banjército, quienes por miedo me pidieron hablar en anonimato, denunciaron las arbitrariedades que viven a diario.
“A partir de que entra este gobierno cortaron utilidades, prácticamente éste es el tercer año que no las pagan, no se han podido cobrar”, relató uno de los afectados.
Tal parece que la institución encargada de brindar apoyos financieros a los integrantes de las Fuerzas Armadas se olvidó de garantizar el derecho a la salud y asistencia médica, así como a servicios sociales necesarios para el bienestar de su personal.
Gato por libre
Fue entre julio y agosto del año pasado cuando el problema del seguro social comenzó, de acuerdo con los testimonios, el banco les prometió “algo mejor”, es decir, un seguro de gastos médicos mayores, lo cual sólo duró escasos dos meses.
“Otorgaron un seguro de gastos médicos mayores: en un principio estuvo mejor, pero la atención era en un solo hospital, era deficiente. A mitad de noviembre cortaron el servicio”.
De hecho, les prometieron que los cambiarían de hospital, que buscarían otras opciones para asistencia médica, lo cual a la fecha no ha ocurrido, pese a los contagios por covid.
Ah, pero déjenme contarles que aquellos que se atrevieron a levantar la voz, como gerentes de sucursales, tal como pareciera ser un modus operandi en este gobierno, tuvieron repercusiones y hasta perdieron su trabajo. Desde entonces nadie más se había atrevido a denunciar lo que les pasa.
Sin derecho a incapacidad
Durante el fin de año y con la llegada de connacionales a territorio mexicano, la presión sobre los trabajadores, algunos con síntomas de covid, aumentó y no podían ausentarse. ¡Así, tal cual lo está leyendo!
Como Banjército es quien otorga los permisos para que vehículos del extranjero puedan entrar al país, debían presentarse en las sucursales a trabajar; las consecuencias: más contagios, pero al no contar con seguro social no se les permitió la incapacidad por coronavirus que otorga el IMSS.
“Hubo un contagiadero, pero como no tenemos IMSS, pues no nos pudimos incapacitar”.
Con un “gástalo tú y después te lo reembolso”, quienes se enfermaron no tuvieron más remedio que buscar atención médica particular, mientras que los siete días que ofrece el instituto a cargo de Zoé Robledo con el llamado Permiso Covid no fueron una opción para ellos.
La presión por gastos de asistencia médica privada, estudios, medicamentos y demás, aunado a que gerentes se quedaron sin aguinaldo, otra violación a la Ley Federal del Trabajo, obligó a que algunos renunciaran.
“Las cuotas de seguridad social las siguen cobrando, eso es lo peor, quitaron la seguridad social cuando es algo inconstitucional, es algo grave”.
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 994, contempla multas para aquellos patrones que no cumplan las obligaciones en lo relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades, pero en Banjército, desde hace tres años, nadie ha sido sancionado.
A su vez, la Ley del Seguro Social advierte, en su artículo 307, que se incurre en el delito de defraudación a los regímenes del seguro social cuando patrones obtienen un beneficio indebido con perjuicio a los trabajadores, mismo que se castiga con cárcel.
¡Quihúboles con las injusticias! ¿Y Luisa María Alcalde, apá? Bien, gracias…
No me ayudes, compadre
Es lo que diría el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, pues resulta que, en esa entidad, el periodista Alejandro Payán Vázquez se encuentra bajo la protección del mecanismo de la Secretaría de Gobernación, mismo que obtuvo tras denunciar ante la Fiscalía del Estado las amenazas recibidas de parte de José Luis Aguilera Rico, regidor del municipio capital, y de José Luis Aguilera Ortiz, padre del primero, y quien es nada más y nada menos que ¡el representante del gobierno del estado en la CDMX!
Los Aguilera, padre e hijo, no sólo le están causando un grave daño al gobernador Kuri, sino a la administración del presidente municipal de la capital, Luis Nava.
Vale la pena recordar que el regidor José Luis Aguilera Rico es un personaje que ha estado en el centro de verdaderos escándalos, como fue su separación, en 2019, como secretario del Trabajo en aquella entidad, tras darse a conocer un video donde extorsionaba a Cecilia Ojeda, líder sindical estatal.
Hoy, la denuncia penal hecha con valor por el reportero Alejandro Payán Vázquez en contra de los Aguilera no es menor, puesto que este país ha sido testigo del asesinato artero de seis periodistas, sólo en lo que va de 2022.
¡A los voceros del gobierno les va muy bien!
O cómo entender que Lorenzo Meyer tiene un hijo de secretario, Román Meyer, en Sedatu; a su mejor amigo, José Antonio Romero, como director del CIDE, y a su otro hijo, Lorenzo Mauricio Meyer, lo acaban de nombrar como consejero “independiente” de Pemex, y aquí les dejo las pruebas. Ah, Lorenzo Mauricio trabajó en Sener, con los neoliberales, y después con Guillermo García Alcocer, sí, el perseguido de la 4T, que llegó a la CRE para ahora saltar a Pemex, pero ellos son diferentes... ¡ok no!
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducido aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.