No es la primera ocasión que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador beneficia a su propagandista estrella, Epigmenio Ibarra.
Ya antes, en 2019 y 2020 el Servicio de Administración Tributaria confirmó la condonación de impuestos —calificados eufemísticamente como “disminución de multas”— de que fue objeto Argos Comunicación, empresa que contribuyó a edificar la imagen de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador cuando este era candidato a la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral, pero también de Rafael Sebastián Guillén Vicente, conocido primero como “subcomandante Marcos”, cabeza visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y amigo íntimo de Rosario Robles Berlanga, con quien acostumbraba recorrer, del brazo, las calles de Coyoacán, en la Ciudad de México.
La condonación de impuestos a Epigmenio Ibarra ocurrió a pesar de que el 20 de mayo de 2019, López Obrador emitió un decreto —publicado en el Diario Oficial de la Federación— que puso fin a las resoluciones emitidas por los anteriores jefes del Ejecutivo, por virtud de las cuales se condonaron adeudos fiscales a personas físicas y morales. Actos tachados como “inmorales” por el propio López Obrador.
Latinus dio a conocer que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) concedió un crédito por 150 millones de pesos a la empresa Argos Comunicación, productora de series como “El Señor de los Cielos” —relativa a la vida del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes— que han hecho de la apología de los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada su modus vivendi.
Bancomext funge como fiduciaria del fideicomiso 10,660 que beneficia a Argos Comunicación. La información fue confirmada por el propio presidente de la República quien —en defensa del propagandista que le hiciera una “entrevista íntima” en Palacio Nacional en mayo del año pasado— dijo que Epigmenio Ibarra “no es chayotero”, al tiempo que, en abierta violación del precepto contenido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito —relativo al secreto bancario— dio a conocer que dicha institución financiera también concedió un crédito por “mil millones de pesos” a una empresa papelera en la que tiene participación accionaria el empresario Claudio X. González, a quien el presidente ataca un día sí y otro también.
Allí está, como ejemplo, el contenido de la carta que el jefe del Ejecutivo envió al ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se conduele por la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, por haber concedido la suspensión de un acto reclamado en un amparo contra los efectos de la Ley de la Industria Eléctrica, pero que también aprovechó para calificar de “conservador”, “reaccionario” y “pseudo defensor de la sociedad civil” a quien encabeza a Mexicanos contra la Corrupción, organización que ha exhibido de manera puntual la corrupción de la administración obradorista —cosa que molesta sobremanera al primer mandatario— pero también de administraciones pasadas.
Acostumbrado al aplauso facilón y zalamero, el presidente beneficia a quienes le queman incienso y ataca a quienes exhiben la corrupción de su gobierno.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Pública que encabeza José Merino otorgó un contrato a través del mecanismo de adjudicación directa por 3 millones 274 mil 989 pesos a Juan Carlos Brambila Ramírez, hermano de Julieta Alejandra Brambila Ramírez, titular de la Unidad de Comunicación Social y vocera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el “Servicio Integral de Mantenimiento de las Oficinas” de dicha agencia, según lo dio a conocer la cuenta de tuiter @ALEPHBIO, que da puntual seguimiento a los vínculos familiares y de negocios de los servidores públicos de las actuales administraciones federal y locales.
A los zalameros “justicia” (condonaciones de impuestos, créditos, asignaciones directas) y gracia. A los enemigos (ataques, descalificaciones) y “justicia” a secas. La impunidad juarista llevada a extremos superlativos.