Se cumplió un mes del #19S, 30 días del sismo de 7.1 grados que cobró la vida de 369 personas, principalmente en la Ciudad de México, y que dejó a muchas personas sin hogar en los estados de Oaxaca, Morelos, Puebla, Chiapas y en la capital del país.
A un mes de distancia, el panorama de la reconstrucción plantea un largo camino, no sólo porque los inmuebles, hogares y oficinas, que están siendo dictaminados para determinar si pueden habitarse, si necesitan reforzarse o si deben demolerse y plantear desde ahí la magnitud del reto al que se tiene que hacer frente; sino porque además falta una tarea sin la que este trabajo estará incompleto, debemos reconstruirnos como personas.
Treinta días después del terremoto la sociedad civil sigue organizada para ayudar, más focalizada y coordinadamente, pero continúan los esfuerzos de ciudadanos y organizaciones privadas por ayudar a pueblos y comunidades que quedaron devastadas y donde la ayuda no parece ser suficiente.
La acción gubernamental se ha decantado por la vía de aprobar programas y acciones para apoyar las labores de reconstrucción y a las personas que lo perdieron todo. Las medidas que se tomen deben proteger la vida y patrimonio de las personas y deben tomarse acciones legales en contra de aquellos –particulares o funcionarios públicos– que al corromper la ley en materia de construcción y vivienda, son responsables de las tragedias humanas y materiales a las que tiene que hacer frente nuestro país.
La reconstrucción, sin importar la presión en cuanto a plazos y costos, debe tener como premisa la protección de la vida de las personas.
El contexto internacional fue empático con la difícil situación en nuestro país. Diversos países enviaron donativos en dinero y en especie así como equipos de rescate para ayudar a los mexicanos. Lo mínimo que debe hacer nuestro país para agradecer esta solidaridad internacional es que las aportaciones lleguen a la gente que lo necesita y se utilicen para la reconstrucción de los lugares más afectados.
Hasta este momento, el manejo de los donativos internacionales y de empresas, sigue siendo un misterio. El gobierno federal no ha dimensionado la importancia de que esos recursos que no provienen del erario público deban ser usados con la mayor transparencia y mediante mecanismos que permitan su minuciosa fiscalización. La ciudadanía no cuenta con información puntual respecto a la cantidad a la que ascienden estos donativos y mucho menos a la forma en la que se destinarán para ayudar a las personas damnificadas por el sismo. El gobierno de la Ciudad de México ha señalado públicamente que el dinero que se está destinando para ayudar a los damnificados y para las labores de reconstrucción en la capital del país son recursos públicos que han sido redireccionados para atender la emergencia así como las acciones para la reconstrucción, por lo que no ha recibido un solo centavo de los donativos de particulares o empresas nacionales o internacionales, lo que profundiza aún más el cuestionamiento sobre el destino de estos recursos.
En medio de la crisis de corrupción e impunidad en la que se encuentra nuestro país y con el ejemplo que pusieron los mexicanos para unirse sin dudarlo en la ayuda de los que lo necesitaban, el sector público debería aprender de la lección ciudadana y proveer lo necesario para ayudar sin ningún miramiento ni dilación alguna a todos los que resultaron damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. La sociedad civil debe acompañar estos programas gubernamentales y exigir cuentas cuando el destino de los recursos no sea claro, cuando los damnificados no reciban la ayuda necesaria y, por supuesto, cuando no resulten evidentes los beneficios para las personas y comunidades afectadas.
Es responsabilidad de México dar buena cuenta del uso eficiente y transparente de los donativos recibidos. Es momento de demostrar que la ciudadanía responsable y solidaria, que fue ejemplo internacional después del #19S, no dejará que estos recursos sean devorados por la corrupción y la impunidad que reina en nuestro país.