Hace un año, en los primeros días del proceso electoral 2017-2018, los partidos políticos, convocados por el Instituto Nacional Electoral y por ONU Mujeres, se unieron a la campaña #HeForShe, comprometiéndose con la protección y garantía de los derechos políticos de las mujeres.
Los institutos políticos se comprometieron, entre otras cosas, a promover dentro de sus plataformas electorales los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país; a garantizar el acceso de las mujeres a los medios de comunicación y a los recursos para sus campañas, en condiciones de igualdad que los hombres; a elaborar y poner en marcha un protocolo para atender la violencia política por razones de género, así como a capacitar a las personas que ocuparan una candidatura en materia de género y no discriminación.
El cumplimiento de estos compromisos con las acciones emprendidas tanto por los partidos políticos como por las autoridades electorales rindió los frutos esperados. México alcanzó la paridad legislativa en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales que, en algunos casos como Morelos, el setenta por ciento de las curules son ocupadas por mujeres. A nivel internacional, nuestro país es el mejor referente del avance de mujeres en el poder legislativo, colocándonos, en menos de cuatro años de la implementación de la paridad en las postulaciones en los congresos federal y locales, en el cuarto país en el mundo con mayor participación de mujeres en estos espacios.
¿Paridad cualitativa?
Hemos alcanzado la paridad cuantitativa, pero en la cualitativa, que nos permitirá consolidar la igualdad sustantiva, queda mucho por hacer. Entre las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señala que nuestro país debe acelerar la participación de las mujeres, en condiciones de igualdad, en todos los espacios públicos, tal como el poder ejecutivo y el judicial; combatir las prácticas discriminatorias de los institutos políticos que inhiben u obstaculizan la participación de mujeres como candidatas en los tres niveles de gobierno y, de manera urgente, aprobar la legislación que tipifique la violencia política contra las mujeres.
Los partidos políticos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, han presentado ya diversas iniciativas de reforma constitucional y legal para garantizar la paridad en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno, tanto en la integración de los gabinetes del poder ejecutivo, en el poder judicial y en la integración de organismos autónomos, así como para establecer como delito la violencia política en razón de género.
Las dos pasadas legislaturas dejaron pendiente la legislación en materia de violencia política, que sigue sin aprobarse. La paridad conseguida en la integración del Congreso de la Unión debe servir para garantizar la aprobación de las iniciativas presentadas ya que, tal como hemos constatado en el tema de paridad, acelerar la llegada de mujeres a todos los espacios de decisión pública así como eliminar la violencia política en razón de género, requiere de la aprobación de las reformas que permitan su materialización. El camino hacia la igualdad sustantiva necesariamente requiere la acción del Congreso Federal y los locales para conseguirla. Ese es el reto y la oportunidad de nuestros congresos. La paridad debe ser suficiente para garantizar espacios públicos libres de violencia para las mujeres en cualquier parte de nuestro país.
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