Opinión

A revisión la Norma Electoral

El rubro más polémico tiene que ver con la coordinación entre el INE y los Institutos Electorales Locales.

  • 30/07/2015
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La reforma constitucional en materia político electoral y cristalizada en las respectivas leyes generales fue anunciada como la gran reforma que daría mejor dirección a la conducción de las elecciones tanto federales como locales; por lo que se le otorgaron al Instituto Nacional Electoral más de 70 nuevas facultades en comparación con el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) con el objetivo de que por su conducto se canalizaran diversas acciones y decisiones, como por ejemplo, dotarle de la facultad de que a través de un proceso de selección, lleven a cabo la designación de los consejeros electorales, que son los integrantes de los máximos órganos de dirección en los respectivos Institutos Electorales Locales en las entidades federativas y el Distrito Federal; facultad legal que antes estaba supeditada a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respectivamente.

 

Otros aspectos que la reforma impulsó fue que a través del INE se emitieron diversos criterios, lineamientos y procedimientos que pretendieron uniformar rubros de la organización y la logística electoral; tópicos que estuvieron a prueba en la elección concurrente de junio de este año tanto a nivel federal como a nivel local.

 

La reforma pretendió generar mejores condiciones de coordinación entre el INE y los Institutos Electorales Locales que se transformara en ahorros presupuestales y en esquemas homogéneos para la recepción de la votación de los ciudadanos; en programas similares de operación electoral o de sistemas informáticos que garantizaran la difusión oportuna del desarrollo de la jornada electoral o bien de los resultados electorales y de los cómputos distritales tanto de las elecciones federales como locales.

 

Otro aspecto que me parece importante, entre otros más que derivaron de la reforma, fue dotar al INE de la facultad de la Fiscalización de los recursos que son utilizados por los partidos políticos y candidatos en el desarrollo de precampañas y campañas en los procesos electorales federales y locales. Justamente hace unos días se emitieron sendas Resoluciones de la autoridad electoral federal con severas sanciones tanto en el ámbito federal como local; sanciones que ante las impugnaciones presentadas por los partidos políticos están siendo revisadas por la autoridad jurisdiccional.

 

Sin embargo, considero que es viable un análisis de las áreas de oportunidad que la puesta en marcha de esta reforma nos presenta para encauzar con propuestas claras, mejores condiciones en la organización electoral con miras a los ejercicios electivos de junio del año entrante en donde habrá elecciones en 13 entidades federativas, a saber: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  Sobresalen la renovación de 12 gubernaturas (con excepción de Baja California); en todas las demás entidades habrá elecciones para la renovación de los Congresos Estatales y de miembros de los ayuntamientos.

 

Aspectos que deben de ser analizados se encuentran principalmente los siguientes:

 

La operatividad de la llamada Casilla Única, que pretendió ser un espacio unificado, con funcionarios que atendieran tanto la elección federal como local concurrente. Así, de acuerdo con lo publicado por diversos medios de comunicación a raíz de expresiones formuladas por los representantes de los partidos políticos ante diversos órganos electorales, se hicieron señalamientos sobre que algunas casillas que se instalaron de manera tardía; que no existió una adecuada capacitación a los funcionarios de casilla y que incluso, existieron muchas sustituciones de dichas figuras que derivaron en errores en la operación de la casilla misma.

 

El aspecto de la coordinación entre el INE y los Institutos Electorales Locales debe ser otro rubro a analizar, ya que, como también lo han publicado diversos medios de comunicación existen pagos que no se han efectuado a la autoridad electoral federal en esta elección concurrente.

 

Otro rubro que es necesario analizar es que, si bien se procuró armonizar las legislaciones locales, no en todos los casos dicha armonización quedo completa.  El ejemplo más evidente tiene que ver con la llamada “paridad de género” en donde en algunos casos, sobre todo en las elecciones locales para elegir miembros de los ayuntamientos, dicha paridad sólo quedó de manera vertical y no horizontal.

 

Pero tal vez el rubro más polémico tiene que ver con la coordinación entre el INE y los Institutos Electorales Locales para que, una vez que concluyó la jornada electoral, se procediera al escrutinio y cómputo de casilla y a conformar los paquetes electorales con la documentación respectiva ya sea de la elección federal o bien local.  El asunto es que la logística no fue del todo exitosa, lo que generó que el clímax de la elección, es decir, la difusión de los resultados electorales se viera mermada; inclusive algunos medios llegaron a publicar que hubo caída de los sistemas PREP en algunas entidades ante el flujo tan lento de la información.  Ya se imaginará amable lector, la presión y suspicacias de los partidos políticos.

 

Estos y otros tantos puntos deben de ser analizados a la luz de encontrar áreas de oportunidad que hagan de los procesos electorales verdaderas fiestas cívicas.  Además, en caso de que el embudo sea por la propia ley o leyes electorales quedará la propuesta en la cancha de las autoridades electorales y la decisión en manos de los señores legisladores que abran los espacios a una auténtica armonización de las normas electorales. 

 

Veremos con atención las acciones que se vayan definiendo.

 

@fdodiaznaranjo