Main logo

¿A quién sirve la Fiscalía?

La Fiscalía General de la República ha sido cuestionada en diversas ocasiones. | Agustín Castilla

Por
Escrito en OPINIÓN el

La propuesta que hiciera el presidente con la posterior designación del Senado en enero de 2019 de Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General de la República por nueve años, no fue una buena noticia para los colectivos, organizaciones y académicos que durante años impulsaron la sustitución de la PGR por una nueva Fiscalía autónoma con capacidad técnica cuya actuación no estuviera sujeta a los poderes políticos y económicos, debido principalmente a la falta de transparencia en el proceso de designación así como a los claros vínculos de Gertz Manero con López Obrador y su movimiento.

A poco menos de tres años, la Fiscalía General de la República ha sido cuestionada en diversas ocasiones por el polémico manejo en casos como el de Odelbretch y el trato privilegiado que ha dado a Emilio Lozoya, la liberación de Alonso Ancira (dueño de Altos Hornos de México), la exoneración al general Salvador Cienfuegos, la investigación a Ricardo Anaya o el silencio frente a las imputaciones a los hermanos del presidente, lo que cuando menos ha generado la percepción de que sus decisiones responden a criterios políticos alineados a los intereses gubernamentales.

También resulta preocupante la historia que se ha difundo ampliamente en las últimas semanas sobre la denuncia que en 2015 presentó Alejandro Gertz por el homicidio de su hermano Federico, contra quien fuera su pareja por más de 50 años y sus dos hijas supuestamente por no proporcionarle los cuidados médicos que requería. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, durante 4 años las acusaciones no prosperaron por falta de elementos, pero en octubre de 2020, ya siendo titular de la FGR, se giró orden de aprehensión contra su cuñada, Laura Morán de 94 años, y detuvieron a su hija, Alejandra Cuevas de 67 años quien lleva casi un año recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Al parecer este asunto tiene muchas inconsistencias por lo que en días pasados, una juez federal determinó concederles el amparo y ordenó que se repusiera el procedimiento al estimar que las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México son violatorias a sus derechos humanos ya que se detectaron incongruencias en la acusación, la motivación legal fue deficiente y hubo omisión en valorar las pruebas que ofrecieron las imputadas.

Por otra parte, desde 2010 Gertz Manero presentó en cinco ocasiones la solicitud para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); sin embargo, en cada una de ellas fue rechazado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al considerar que no cumplía con los requisitos que establecía el reglamento como insuficiente producción de obra científica. No obstante, en agosto del 2020 logró que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitiera una recomendación para que CONACYT revisara nuevamente sus méritos al considerar que había recibido un trato diferenciado por las comisiones dictaminadoras, y el pasado mes de abril no sólo se aprobó su ingreso al SNI, sino que le otorgaron el nivel III dada la trascendencia nacional e internacional de su obra, con lo que no tuvo que pasar por los niveles I y II como la mayoría de los investigadores. Es de mencionar que en un análisis que hizo el investigador y periodista Guillermo Sheridan de una de sus obras sobre la vida de Guillermo Prieto, descubrió que la mayor parte era una copia de un libro de Salvador Ortíz Vidales publicado en 1939, y el resto de otro libro escrito por Malcolm McLean de 1960, pero a la fecha no ha pasado nada.

En el colmo, hace un par de días la FGR solicitó una orden de aprehensión contra 31 científicos e investigadores -entre los que coincidentemente está Enrique Cabrero, ex director del CONACYT cuando se negó su ingreso al SIN- por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado con la intención de que fueran recluidos ni más ni menos que en el penal de Almoloya, por la supuesta transferencia ilegal de recursos del CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico del que formaban parte, a pesar de que la SCJN ya había determinado la legalidad de dichas transferencias conforme a la normatividad aplicable en ese entonces, y que recientemente un juez ya había rechazado otra solicitud con el mismo propósito y le devolvió el expediente. Tan no había elementos, que ayer mismo otro juez resolvió que no ocurrieron los delitos imputados por la FGR y en consecuencia negó las ordenes de aprehensión. La gran pregunta que surge a partir de todos estos hechos es ¿a quién realmente sirve la FGR?