En las últimas semanas, en plena efervescencia pre-electoral, se ha presentado una serie de acontecimientos que difícilmente podríamos pensar se trata de hechos aislados que no tienen relación entre sí, y que por su trascendencia debemos poner especial atención.
Sin duda, entre los temas de mayor preocupación para la ciudadanía están la corrupción e impunidad, así como la violencia provocada por la delincuencia organizada, por lo que no es fácil entender que a 20 meses de que fue aprobada su creación, no contemos aún con una Fiscalía General autónoma, y en vez de ello nos conformemos con una Procuraduría plagada de vicios e insuficiencias al frente de la cual se encuentra un encargado de despacho.
Tampoco que sigamos esperando a que las fuerzas políticas se logren poner de acuerdo para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, mientras los escándalos proliferan y nuestro país desciende cada año en el índice de Transparencia Internacional: en 2015 nos encontrábamos en el lugar 95 y pasamos al 123 en 2016.
Pero tanto o más grave es que en pleno proceso electoral, el gobierno haya decidido destituir al fiscal encargado de perseguir los delitos electorales en condiciones muy poco claras. Otro dato que no debemos pasar por alto, es que a un mes de que el actual Auditor Superior de la Federación concluya su periodo, la Cámara de Diputados ni siquiera ha emitido la convocatoria para iniciar el proceso de designación.
El caso es que a estas alturas no tenemos Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y la FEPADE se encuentra descabezada, habrá que ver a qué se lo atribuimos. Si es mucha coincidencia, incapacidad de la clase política para construir consensos y elegir a los mejores perfiles, o demasiada irresponsabilidad en su ánimo de seguir controlando a las instituciones (a pesar de las reformas que ellos mismos aprobaron), y disputarse los nombramientos para colocar a personajes que les sean afines, garantizando con ello protección transexenal. Pero lo que es un hecho, es que esta situación debilita aún más la confianza en las instituciones y emite señales preocupantes de permisividad por ejemplo en los ríos de dinero ilegal que llegan a las campañas, y que me parece es el principal reto para 2018.
Otro motivo de gran preocupación, deben ser los embates que a últimas fechas ha estado recibiendo ni más ni menos que la institución responsable de las elecciones. Además de que los partidos políticos no han asumido las consecuencias de la desafortunada reforma electoral que aprobaron, complejizando la organización de los procesos electorales volviéndolos aún más costosos y sobrecargando al INE de atribuciones, han dejado prácticamente sola a la autoridad electoral en vez de contribuir a su fortalecimiento e incluso han optado por combatir los esfuerzos que ha realizado por establecer mayores condiciones de equidad, impulsar la participación de candidaturas indígenas o garantizar la paridad.
Pero lo más delicado es que, en vísperas de la elección que ha sido considerada como la más complicada en nuestra historia, decidieron recortarle 800 millones de pesos para el próximo año –por supuesto sin tocar el financiamiento a los partidos– sin ninguna racionalidad, y que no guarda proporción alguna con los ajustes presupuestales a otras instituciones o dependencias gubernamentales.
Dicen que en política no hay casualidades, que todo es causalidad y más en tiempos electorales, por lo que sobran elementos que apuntan a que se trata de un cobro de facturas, que la apuesta es por controlar a las instituciones y, si esto no es posible, a debilitarlas restándoles margen de maniobra. En este contexto habrá que preguntarnos ¿a quién le beneficia?