A unos días de la presentación del paquete económico, y de la discusión y aprobación del presupuesto para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; es fundamental tener claras las bases constitucionales y legales de nuestro sistema democrático, particularmente la división y el equilibrio de poderes, así como de las facultades exclusivas del poder ejecutivo, legislativo y judicial, a fin de garantizar que la decisión sobre el presupuesto y sobre las reformas e iniciativas presentadas fortalezcan nuestro sistema democrático.
Los cambios y las medidas propuestas deben llevarnos a tener un gobierno austero, de legalidad y con transparencia, a fin de eliminar los privilegios indebidos del uso y abuso del poder. Éste es el consenso de la sociedad y de la mayoría de actores políticos, y todos estamos llamados a trabajar arduamente para concretarlo.
Lo que no debe suceder es que se utilicen, la “austeridad” y la “lucha contra los privilegios”, como pretexto para establecer una supremacía del Ejecutivo sobre los demás poderes, violentando el federalismo, el equilibrio de poderes y el orden Constitucional.
Giovanni Sartori afirmaba que “la diferencia entre democracia y lo contrario a ella, radica en el hecho de que en la democracia el poder está distribuido, limitado, controlado y se ejerce en rotación, mientras que en una autocracia el poder está concentrado, es incontrolado, indefinido e ilimitado”.
Llama la atención que un gobierno que se define como “liberal”, atente contra una de las principales banderas liberales del siglo XIX como es el federalismo. La imposición de los “super-delegados” en cuestiones tan delicadas como la seguridad y la centralización que representan, más que una estrategia de “austeridad” pareciera una estrategia de control político y de posicionamiento de candidatos. Y atenta a su vez, contra del art. 40 constitucional que establece que:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
El federalismo supone el reconocimiento de la coexistencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad y que demandan un campo propio de acción; por lo que debe regir el principio de competencia, mediante el cual se respeten las atribuciones de cada uno de los órdenes de gobierno.
En cuanto al equilibrio de poderes preocupa que el Poder Legislativo pierda su independencia en favor del Poder Ejecutivo. Y también, que se opte por la cerrazón al diálogo y a la pluralidad, y que se actúe como una mayoría aplastante y sumisa al presidente; lo que dicho sea de paso sería muy grave en temas tan delicados como la aprobación del presupuesto y representaría un retroceso a los viejos tiempos del presidencialismo meta-constitucional y omnipresente.
Y, por otra parte, son alarmantes el desprecio y los ataques al Poder Judicial, por parte del grupo en el poder, tras la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por las minorías parlamentarias del Senado, a la cual se unió una interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que veía en la ley una intromisión grave para la estabilidad del Estado.
La resolución judicial desató todo tipo de señalamientos y amenazas de distintos voceros en el grupo del poder, como quien afirmó que podrían solicitar destitución de magistrados de la Corte, o la declaración del coordinador de los diputados de Morena de que continuarían con los recortes en el decreto de Presupuesto 2019 a pesar de la suspensión.
Y finalmente, es muy delicado que tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dio el triunfo de la elección para gobernador en Puebla a Martha Erika Alonso, el titular del Ejecutivo lo descalifique catalogándolo como “una decisión equivocada” y “antidemócrata”.
El equilibrio de poderes es cualidad de las democracias modernas, las cuales frente a poderes autoritarios y unipersonales han optado por la división del poder en un sistema de equilibrios y balances, sustentados en la constitución y constituyéndola como regla fundamental del orden político.
Por el bien de todos los mexicanos es de suma importancia que reine la prudencia y la institucionalidad. El federalismo, el equilibrio de poderes y la Constitución deben ser respetados para que en México reine el Estado de Derecho, se respeten las libertades, las competencias y la pluralidad nacional.