Opinión

¿A dónde se fueron los migrantes?

A partir de 2019 y 2020 el flujo migratorio se ha reducido de manera drástica. ¿Cómo explicar esta disminución? . | Edgar Guerra*

  • 28/06/2020
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El 2020 será un año que permanecerá en la memoria colectiva de la humanidad durante el resto del siglo. Los estragos sociales, económicos y de salud provocados por la pandemia han transformado la vida diaria de los habitantes de todos los países; sobre todo, han cambiado la cotidianidad de los sectores más vulnerables. Sin duda, en las actuales circunstancias, uno de los grupos que enfrenta más adversidades es el de los migrantes forzados. En México, la mayoría de estas personas llega del Triángulo del Norte de Centroamérica; vienen huyendo de la violencia estructural y criminal de sus países. Luego, en su paso por el territorio mexicano, suelen ser víctimas de una discriminación sistemática por parte de la población y de acciones violentas ejecutadas por el Estado. Ahora, además, están expuestas al coronavirus.

En 2018, los medios de comunicación de toda Latinoamérica testimoniaron la marea de caravanas migrantes que llegaba a México. Miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, entre otros, realizaban un intento desesperado por cruzar la frontera sur de nuestro país para llegar a Estados Unidos, su destino final. Las imágenes mostraban las vicisitudes de su paso por los estados, en una suerte de odisea de desenlace incierto y difícilmente feliz. Y, exhibían como, en su último tramo, enfrentaban un muro invisible pero infranqueable, construido a través de la política del odio de un gobierno populista —el de Donald Trump— que les cerró las puertas mediante el discurso, el bloqueo administrativo y el despliegue de su patrulla fronteriza.

Sin embargo, a pesar de ese norte aciago, el mismo año, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, de la república mexicana, reportó que 138 mil 612 extranjeros fueron presentados ante esa autoridad; una cifra 32 por ciento más alta que la de 2017, de 93 mil 846 casos. Sin duda, los jóvenes, las mujeres, los hombres y los niños se vieron obligados a desplazarse en grandes oleadas, desde sus países de origen, para huir de las condiciones de pobreza e inseguridad en las que estaban viviendo. Usando las palabras del sociólogo italiano Sandro Mezzadra, puede decirse que huyeron para lograr vivir; ejercieron su derecho de fuga.

El fenómeno de la migración centroamericana es complejo. En él se conjugan circunstancias de larga data y factores coyunturales. En general, los Estados del Triángulo del Norte —región de alarmantes cifras de migración forzada— se han caracterizado por el autoritarismo y la exclusión social; por detonar espirales de violencia política y guerras civiles, en su tránsito a regímenes democráticos, y por sus intrincados devenires históricos, en los que la violencia ha sido transversal a su desarrollo sociopolítico. 

Para comprender un poco más las causas de la migración proveniente de esta región, basta escuchar las historias de vida de quienes emigran y revisar los datos oficiales de sus países de origen. Estas fuentes de información evidencian que las circunstancias de estas personas son el resultado de la precarización de todos los ámbitos de su vida —trabajo, participación política, derechos sociales y culturales— y, además, del padecimiento de los estragos de las guerras civiles. Las políticas públicas de los países de los migrantes centroamericanos se han construido con ausencias que los han condenado a la exclusión social. Han sido víctimas de la corrupción que corroe a las instituciones estatales, construidas sobre la impunidad. Y, encima, en los últimos años, este grupo, ya vulnerable, tiene que sobrevivir a la violencia perpetrada por Las Maras, esa especie de brazo armado de cárteles trasnacionalizados. La economía política que ha impuesto la delincuencia organizada se gestiona a partir del terror; convierte a los cuerpos en objetos desechables. En otras palabras, la necropolítica gobierna en Centroamérica.

El impulso migratorio de 2018 representó, sin duda, una huida en búsqueda de una vida vivible, un derecho de fuga. Sin embargo, a partir de 2019 y 2020 el flujo migratorio se ha reducido de manera drástica. ¿Cómo explicar esta disminución? ¿Cambió el contexto político y de violencia de los países del Triángulo del Norte? No. Lo que cambió fue la política migratoria del gobierno de la 4T a partir de las negociaciones, en junio de 2019, con la administración de Donald Trump. En el contexto de los acuerdos con Estados Unidos para evitar medidas arancelarias en México, las autoridades de la 4T aceptaron desplegar más agentes en las fronteras sur y norte, y se comprometieron, provisionalmente, a recibir en territorio nacional a quienes solicitaran asilo en Estados Unidos. Bajo el eufemismo de "garantizar los derechos de los migrantes", en la práctica, el Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica significó mayor capacidad para detener, arrestar y deportar a personas en tránsito que no contaran con la documentación necesaria para acreditar su estancia legal.

Las consecuencias de tal política las vimos a partir de octubre de 2019. Los medios de comunicación han estado, desde entonces, atestados de fotografías y grabaciones de efectivos de la Guardia Nacional deteniendo y enfrentando a las caravanas migrantes. En formación marcial (aunque la Guardia Nacional se presente como un cuerpo civil), los elementos de esta corporación han sido el muro de Donald Trump. Lo que hasta ese año solamente era un muro simbólico, encontró en los cuerpos y en los uniformes, la materialización de la política de odio y rechazo de los migrantes

Bajo las actuales directrices de la política migratoria, el flujo de migrantes se ha ralentizado y se ha contenido —en ello, cabe decir, también ha jugado un papel la actual pandemia por el nuevo coronavirus—. De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración, durante el mes de mayo de 2020, solamente 2 mil 50 extranjeros fueron presentados ante esta autoridad migratoria. Una cifra sumamente alejada de las 23 mil 241 personas que fueron presentadas en el mismo mes de 2019; hay un decremento de casi 90 por ciento. Incluso, se espera que, en términos globales, durante el primer semestre de 2020, se registre una caída del 60 por ciento con respecto al primer semestre de 2019. Una cifra más ilustra la magnitud del cambio: entre enero y junio de 2020 el INM ha registrado 36 mil 490 personas con estancia irregular en el país, cifra que contrasta, nuevamente, con los 108 mil 57 para el mismo periodo en 2019.

En su tránsito por el país, las personas migrantes se enfrentan a dos desafíos más. La violencia delictiva y el riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus. De acuerdo con el informe Procesos migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas, que publicó la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), las personas migrantes, en su tránsito por México, son víctimas de robo por parte de individuos, pandillas, policías municipales —y en su momento federales— y hasta autoridades migratorias. Además, se enfrentan al abuso de autoridad y a la extorsión de los cuerpos policiales y las autoridades del país. Finalmente, no es menor el acecho de la delincuencia organizada, que encuentra en los migrantes una población vulnerable al secuestro, la extorsión y la trata de personas.

Sumado a lo anterior, la covid-19 ha traído consigo el despliegue de una política de bloqueo de fronteras. Esta clausura se ha traducido no solamente en un aumento de la voracidad de las redes de tráfico de personas —pues buscan compensar el mayor riesgo al que están expuestas sus operaciones—, sino también en mayores vulnerabilidades para las personas migrantes, quienes se enfrentan a situaciones inimaginables que las obligan a dejar de caminar y a buscar refugios. Además, las medidas de distanciamiento social se han convertido en una pesadilla para quienes tienen que salir a buscar el sustento diario. Un sustento muy difícil de conseguir que, ahora, implica un riesgo letal.

A pesar de todos los llamados de la sociedad civil y académica y de los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, la política migratoria carece aún de un enfoque de derechos humanos y pro persona. Por el contrario, se fundamenta en acuerdos políticos de coyuntura y su objetivo es detener los flujos migratorios a través del aparato coercitivo del Estado, lo que se traduce en más agresiones y violaciones de derechos contra las personas migrantes y comunidades en tránsito, para quienes el retorno a sus hogares difícilmente es una opción. 

*Edgar Guerra

Doctor en Sociologi´a por la Universidad de Bielefeld, Alemania (Suma Cum Laude) y Maestro en Sociologi´a Poli´tica por el Instituto Mora (Mencio´n Honori´fica). Sus li´neas de trabajo se encuentran en el campo de la sociologi´a de los grupos armados, de los movimientos sociales y la poli´tica de drogas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.