La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador es firme. El regreso a clases está considerado ya como una actividad esencial y de alta prioridad. Por eso, el próximo 30 de agosto iniciarán las actividades, aunque algunos expertos en materia de salud aseguren que el país aún no está preparado.
El retorno a las aulas seguirá siendo opcional para los padres y madres de familia. Sin embargo, el gobierno tratará de convencerlos para cumplir con el objetivo. Sin embargo, varios gobernadores no están de acuerdo con esta decisión y es probable que no se logre la coordinación efectiva que se requiere entre todos los sectores involucrados.
El dilema que enfrenta el gobierno es grande. Una vez más tendrá que elegir el menor costo: privilegiar las medidas económicas y educativas o anteponer la salvaguarda de la salud y la vida de miles de personas que estamos en riesgo ante los efectos adversos que está ocasionando la tercera ola del covid en casi todo el territorio nacional.
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Las pérdidas que la covid-19 ha provocado en materia de educación traerá fuertes impactos en el corto y mediano plazos. Por un lado, las plataformas tecnológicas y los programas transmitidos por los medios electrónicos no funcionaron como se esperaba. Se aprendió mucho, cierto, pero los resultados fueron insuficientes. Por el otro, se abrió una gran expectativa con la vacunación, pero la variante Delta ha puesto en duda su efectividad.
Desde cualquier escenario o perspectiva, el problema es muy complejo. También la racionalidad de las decisiones que exige su solución. Se trata de uno de los casos en los que el gobierno tendrá que abrir un nuevo frente, porque cualquiera que sea la ruta que tome habrá críticas, cuestionamientos, desacuerdos, ataques, rechazos abiertos y conflictos.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) está a favor del regreso a clases presenciales. Si bien no existe un pronunciamiento explícito ante la tercera ola, el organismo asegura que las primarias y secundarias no están entre los principales centros de transmisión del virus. Los planteles escolares deberían ser los "últimos en cerrar y los primeros en reabrir”, dijo James Elder, portavoz de la agencia.
Según los datos más recientes, en América Latina y el Caribe hay 18 países y territorios en los que las escuelas están parcial o totalmente cerradas. Sin embargo, nuestro gobierno parece estar de acuerdo con Elder cuando afirma que la urgencia de reabrir las escuelas explica porque la educación a distancia no es posible para al menos un tercio de las niñas y niños en edad escolar, y que el sistema escolarizado aumenta los ingresos de los países un diez por ciento al año.
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Los análisis disponibles muestran que la decisión tomada por el presidente de la República es lógica y está bien razonada. Sobre esta base, queda implícito que habrá costos y también que su gobierno asumirá la responsabilidad. Es lo lógico en un gobierno elegido democráticamente. El problema de fondo está una vez más en la comunicación.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la evidencia científica sobre la mayor agresividad de Delta en relación con otras variantes “no es concluyente”. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que las personas que aún no han sido vacunadas y las niñas, niños y jóvenes son los grupos más vulnerables. También que la propagación es mayor dentro de las escuelas, debido a que son espacios en los que se forman con facilidad las cadenas de transmisión.
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Ciertamente, los argumentos en favor y en contra son confusos e insuficientes. De lo que no hay duda es que el presidente tiene el poder y la legitimidad para tomar la decisión que considere la más conveniente para resolver un dilema en el que está de por medio el presente y el futuro de casi 30 millones de estudiantes. En consecuencia, el presidente está obligado a ser muy cuidadoso en la forma de explicar las razones que motivaron dicha decisión.
El argumento de que ya no es posible “tener a los niños encerrados o dependiendo por completo, por entero, del Nintendo” porque eso es “muy tóxico”, solo pone de manifiesto que la Estrategia de Comunicación y la Narrativa que lo respalda debe corregirse. Si en verdad se quiere convencer a las madres y padres de familia del regreso a clases, existen muchos argumentos para hacerlo de una mejor manera. También se deben garantizar las condiciones apropiadas de infraestructura e higiene en todas las instalaciones, lo que hoy parece ser una misión imposible.
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Por otra parte, es necesario que se hable con la verdad a la población. Se deben decir las ventajas, pero también advertir sobre los riesgos y posibles impactos que se correrán mientras la pandemia se mantenga como un problema grave de salud pública. Durante una gestión de crisis, la persuasión no debe estar basada en engaños ni argumentos falsos.
Además, es imprescindible poner el énfasis en la importancia que tienen las medidas de responsabilidad y prevención que debemos tomar todas y todos. Una parte de los altos niveles de contagio se explica por la mayor facilidad y velocidad con la que se transmite la variable Delta. Pero otra es consecuencia de la falta de cuidado de muchas personas, cierto, pero también en las fallas que persisten en los procesos de comunicación de nuestras autoridades.
La corrección y los ajustes no pueden esperar más. Sobre todo cuando se ha dicho que el regreso a clases presenciales será “sí o sí”.
Recomendación editorial: Leonardo Curzio. Toma de decisiones. México: Instituto Nacional Electoral, Cuadernos de Orientación Metodológica, 1998.
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