El día de hoy se conmemora el aniversario del voto de la mujer en México. A 61 años de distancia ¿cuáles son las condiciones en que las mujeres participan activa y pasivamente en materia política y electoral en nuestro país?
De una somera revisión de las mujeres que ocupan los principales cargos en la administración pública federal solamente tres están ocupadas por mujeres: la Secretaría de Desarrollo Social, la de Turismo y la de Salud. Los poderes ejecutivos de los estados de la República y del Gobierno del Distrito Federal, ninguno es ejercido por mujeres. La historia se repite casi igual en el interior del país. Los altos cargos de la administración pública local y federal, de forma minoritaria, tienen mujeres al frente. Dentro de las estructuras partidistas, ninguno de los partidos políticos nacionales con registro tienen a una mujer como presidenta.
Las cosas en el panorama electoral no son muy distintas. En órganos en los que se clama por la partidad en su integración, las mujeres ocupan, de manera constante, menores espacios en la conformación de los órganos colegiados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, son muestra de ello. En el INE, a pesar de los reiterados llamados y "esfuerzos" para lograr mayores espacios para mujeres, el resultado es claro: de once consejeros electorales que integran el Consejo General del INE, sólo tres son mujeres. Dado el aumento en el número de consejeros del INE, por lo menos, debieron ser nombradas otras dos mujeres en el cargo para lograr un órgano equitativo en materia de género.
De las tres mujeres que integran el Consejo General del INE, la primera saldrá en el año 2017, la segunda en seis años y la tercera, en nueve. Las cosas no pintan mejor en los siguientes niveles jerárquicos de esa institución, ni la Secretaría Ejecutiva ni las direcciones ejecutivas se encuentran ocupadas por mujeres. ¿Cómo el órgano encargado de hacer cumplir la norma respecto a la paridad de las candidaturas locales y federales garantizará el irrestricto cumplimiento a esta obligación constitucional y legal para los partidos políticos si, desde su conformación e integración, el género femenino se encuentra subrepresentado?
Es cierto, el INE hizo un esfuerzo importante en la convocatoria para la integración de los Organismos Públicos Locales con la finalidad de garantizar acceso a más mujeres a la conformación de éstos. Habrá que esperar para analizar la forma en que los OPLES definen estructuras en su interior para valorar si la equidad de género es uno de los criterios que guía la integración de los siguientes niveles jerárquicos dentro de las instituciones electorales de las 18 entidades federativas que fueron recientemente nombradas por el INE.
En el caso de la integración de los tribunales locales de 16 entidades federativas y el Distrito Federal las cosas no pudieron haber salido peor. Seguramente será materia de diversos análisis la falta absoluta de transparencia en estas designaciones y la ausencia total de un procedimiento determinado previamente para la integración de estos órganos jurisdiccionales en materia electoral. La ley de la selva, es el calificativo menos lascivo que pudiera aplicarse a una designación en estas condiciones. Fuera de arreglos en lo obscurito y negociaciones internas, todos los funcionarios tienen obligación de explicar las razones de su actuación sin importar si la ley no les obliga a aprobar un procedimiento para estas designaciones.
Ahora bien, si vemos con atención cómo se valora en esa cámara del Poder Legislativo de la Unión el criterio de la equidad de género, es clara e indubitablemente comprobable que éste no fue uno de los que definió la integración de estos órganos. De 67 magistrados designados en sesión del Senado el jueves 2 de octubre y que rindieron protesta en esa misma Cámara el lunes 6 de octubre, un día antes del inicio del proceso electoral, solamente 15 son mujeres. La representación de mujeres en la integración de estos órganos fue sólo del 22 por ciento.
Frente a este panorama, el de los partidos políticos integrando órganos colegiados administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, sin convicción alguna por garantizar la equidad de género en los órganos que, por ley, deben integrar; el futuro se vislumbra poco alentador. La previsión constitucional y legal por la paridad en las candidaturas a los cargos en los poderes legislativos locales y federal sumada a lo que regulen las leyes locales en las entidades federativas, en el caso del Distrito Federal se prevé paridad en las candidaturas al cargo de Jefe Delegacional, está en riesgo.
Si los partidos políticos no garantizan en los órganos que tienen obligación de nombrar mayor integración de mujeres en su conformación, me parece difícil esperar que cumplan, sin más, con la paridad en las candidaturas que presenten para su registro ante las autoridades electorales.
Debemos alertar desde ahora el probable incumplimiento por parte de los partidos políticos a esta obligación constitucional y legal. Aún hay tiempo para que los partidos políticos generen las condiciones en las cuales las mujeres puedan ser incorporadas, en paridad de género, a competir por estos cargos de elección popular. Aunque este es un paso importante en cuanto a la equidad de género, sigue siendo una cuota de acceso a candidaturas. Tal como está diseñada, la medida no garantiza una integración paritaria de las legislaturas federal, estatales y del Distrito Federal. Con toda seguridad ésta es una de las normas que tendrá que ajustarse en el mediano plazo.
Con base en los datos analizados es posible concluir que la equidad de género y mucho menos la paridad, es un asunto con el que los actores políticos de nuestro país estén comprometidos. En el discurso suena bien, es electoralmente redituable pero cuando llega el momento de tomar acciones para garantizarlo, la evidencia demuestra que son otros factores los que se tienen en cuenta y que no se privilegia el acceso de las mujeres a formar parte de las decisiones públicas en nuestro país.
Si bien es cierto, a 61 años de distancia podemos celebrar algunos avances en materia de equidad de género, particularmente aquellos que encuentran a la postre sustento en una reforma legal o constitucional que se hace cargo del contexto político y social de nuestro país; también es cierto que se requieren cambios estructurales en nuestra sociedad, en la forma en que se enfrenta la desigualdad entre hombres y mujeres, en cambios culturales que permitan hacer este problema uno de todos y no solamente de las mujeres.
El cambio cultural no se logra a golpe de leyes, se requieren esfuerzos educativos, de políticas públicas y culturales que guíen esta lucha ciudadana por los derechos humanos de las mujeres.