Un fracaso de nuestra malograda transición es que los informes de gobierno no han dejado de ser rituales de autoelogio. Lo que debiera ser un acto republicano en el cual el Poder Legislativo llama a rendir cuentas al Poder Ejecutivo, prevalece como el día en que las élites políticas y económicas acuden al besamanos y le aplauden al gobernante en turno. Su formato se asemeja a un monólogo en el cual, aislado de la realidad, el titular del Ejecutivo declama solo frente a su espejo. Lo que es un hábito común en cualquier régimen democrático, en México desconcierta: prevalece una repulsión a debatir en serio, sin simulaciones. Todavía hay resistencias a desacralizar la figura presidencialista y con ello activar la maquinaria de pesos y contrapesos.
El DF es posiblemente la única entidad del país en la que el pluralismo y la división de poderes han tenido avances importantes, aunque insuficientes. En el Tercer Informe de Miguel Ángel Mancera hubo interpelaciones y críticas subidas de tono. El gobernante se bajó de su pedestal y tuvo que escucharlas con humildad. Aun así, el formato dista de ser satisfactorio. El llamado a rendir cuentas debe ser una rutina los 365 días del año y no una excepción. Los diputados deberían contar con la facultad de llamar a comparecer al jefe de Gobierno y a su gabinete cuantas veces fuera necesario.
Desde la tribuna de Donceles, Mancera anunció programas como Médico en tu Casa y Mi Primer Empleo, describió en qué consiste su concepto sobre capital social e incluso anunció la inauguración de la primera clínica de autismo en la ciudad. Estas y otras políticas sociales se han ido tejiendo desde 1997, cuando se instauró el ciclo de gobierno de izquierdas. Son políticas que, en efecto, han aumentado la calidad de vida de los capitalinos en situación de vulnerabilidad y que tienen que ser reivindicadas.
Pero los silencios y omisiones dijeron más que las palabras pronunciadas. No se dijo nada nuevo que contribuyera a esclarecer el multihomicidio de la Narvarte. Tampoco se mencionó la irritación social que han provocado proyectos como el deprimido de Mixcoac, o la entrega de permisos para construir el shopping más grande de América Latina en una zona de por sí densificada.
El jefe de Gobierno no hizo alusión sobre “el elefante en la sala”: la corrupción de los gobiernos delegacionales, la cual ha llegado a niveles exorbitantes. Si la eficiencia y habilidad de algunos jefes delegacionales para desviar recursos, extorsionar y repartir despensas la emplearan en tapar baches, alumbrar calles, pintar banquetas, plantar árboles y recolectar basura, no habría necesidad de que compraran votos porque la gente los apoyaría. Pero estas corruptelas son toleradas cuando no aplaudidas precisamente por parte de las autoridades que deberían sancionarlas.
Prevalece en la capital del país un pacto de impunidad. Los políticos que viven del corporativismo gremial o clientelar condicionan la gobernabilidad a cambio de no ser tocados. No olvidemos, sólo por mencionar a uno de tantos, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Su exoneración se tradujo en docilidad del priísmo capitalino en su relación con el gobierno local. Hay quienes no se han dado cuenta que este modelo de gobernabilidad ha caducado, que ya es obsoleto y que la capital cuenta con una ciudadanía informada, participativa y crítica que no cabe en los moldes del viejo régimen. La mejor muestra de ello fue el descalabro electoral que estos corporativismos sufrieron en las elecciones intermedias de 2015.
Con los resultados que arrojaron estos comicios, ha comenzado una nueva etapa política en la ciudad. Nunca la fuerza más votada había estado en la oposición. Los gobiernos perredistas estaban acostumbrados a contar con una cómoda y holgada mayoría en la Asamblea y en las jefaturas delegacionales. Ni qué decir de los tiempos monocolores de la regencia. Pues bien, esa hegemonía se ha desquebrajado. A partir de octubre, 10 de las 16 delegaciones serán gobernadas por un partido distinto al del jefe de Gobierno, cifra que puede aumentar a once con la reapertura de los paquetes electorales de la delegación Gustavo A Madero ordenada por la sala regional del TEPJF.
El factor Morena ha irrumpido en el tablero y está modificando estrategias, alineamientos, narrativas y las mismas reglas del juego. Para sentarse con Mancera, pusieron como condición que aceptara que desde su gobierno se orquestó un fraude electoral para favorecer al PRD, lo cual equivale a pedirle que se ponga la soga al cuello. En resumen, la confrontación entre PRD y Morena y entre GDF y Asamblea Local va en serio.
Un efecto positivo de esta confrontación es que habrá contrapesos y muchos ojos que se vigilarán mutuamente. Las megaobras que alteran la vida en los barrios, la especulación con el uso del suelo, el crecimiento caótico de la urbe y la privatización de facto del espacio público se pondrán en el centro del debate. Asimismo, la tentación de resolver por la fuerza los conflictos y las movilizaciones sociales tendrá que dar paso a la solución mediante el diálogo y el respeto a las libertades ciudadanas. El pluralismo es un antídoto contra las decisiones arbitrarias y unilaterales.
Sin embargo, una consecuencia no deseada de la polarización entre las fuerzas que fueron aliadas hasta 2012 es el reposicionamiento del PRI, PAN y partidos satelitales en el DF. Morena, al asumir una clara ruptura con el jefe de Gobierno, lo ha orillado a refugiarse en los brazos del PRI y a tejer una coalición atrapa-todo. Un ejemplo revelador es la designación del ex presidente de Nueva Alianza en el DF, Jorge Gaviño como director del Metro. En este nombramiento pesó más el pago de favores por la alianza electoral amarillo-turquesa en Iztapalapa que ponderaciones de carácter técnico para, entre otros temas, reactivar la Línea 12.
En la Asamblea la pepena está a la orden del día. Todo vale con tal de que Morena no sea mayoría. Vale sumar a la bancada perredista a diputados de Encuentro Social, PT, Nueva Alianza, Partido Humanista y hasta a una asambleísta del Partido Verde que aún no se decide. El problema es que los términos de las negociaciones se definen de espalda a la ciudadanía. En este juego de fichas el programa y la agenda legislativa son irrelevantes.
Desconocemos a cambio de qué estos representantes populares decidieron cambiarse de bando. Lo que sí sabemos es que no se está atendiendo el veredicto de las urnas. Los capitalinos por abrumadora mayoría optaron por una opción progresista, con lo cual esperaban que el gobierno local rectificara y girara hacia la izquierda. Paradójicamente con la estrategia intransigente de Morena y la necesidad de aliados de Mancera está ocurriendo justamente lo contrario. Subrepticiamente el PRI y PAN están recolonizando espacios tanto la administración del gobierno local, como jefaturas delegacionales. ¿Será este un efecto perverso de los gobernantes que se asumen independientes de los partidos? Habrá que seguir de cerca el caso de El Bronco para corroborarlo.
A tres años de Mancera, todavía hay sectores progresistas que lo invitan a enmendar el camino, a diferenciarse del gobierno federal, a tender puentes con agendas de la sociedad civil y a asumir una impronta distintiva. A estas alturas, estos llamados son atávicos y anticlimáticos. En el país tenemos la mala costumbre de adelantar tres años la sucesión sin concentrarnos en lo verdaderamente importante, que es la evaluación de las políticas públicas y del desempeño gubernamental. Pues bien, la contienda por el gobierno de la ciudad y la candidatura presidencial ha comenzado. Cada quien ha alineado a su bando y elegido su estrategia. Los ajustes que no se hicieron ya no se harán. Vendrán tres años confusos, enredados y conflictivos para la política institucional de la ciudad. En 2018 estas fuerzas se verán las caras.