Opinión

A 19 años de la primera Ley Federal de Transparencia

La transparencia es un bien público por medio del cual las y los mexicanos podemos transformar nuestra realidad. | Blanca Lilia Ibarra

  • 13/06/2021
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El 12 de junio de 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Este ordenamiento, considerado como reforma democrática de “segunda generación”, fue aprobada de forma unánime por todas las fuerzas políticas, luego de una alternancia política histórica. Asimismo, esta normativa materializaba un nuevo reclamo democrático, mostrando la voluntad de los actores políticos para escuchar y dar voz a la sociedad civil organizada. Misma que impulsó esta iniciativa para transparentar toda la información generada por las instancias del ámbito federal, y que con ello hubiera mayor conocimiento y seguimiento del desempeño del ejercicio público.

Con esta legislación se creó al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa y de decisión, como autoridad encargada de garantizar el derecho de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Resulta interesante recordar que, tal como estipula el Informe de Labores del IFAI (2003-2004), en el primer ejercicio, la Administración Pública Federal recibió 36,803 solicitudes de acceso a la información, una cifra que reflejó la necesidad que había entre la sociedad civil, académicos y periodistas de ejercer esta prerrogativa. 

La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia marcó el inicio de una nueva interacción en el espacio público, que se caracterizó por apertura del gobierno para informar y rendir cuentas. Al sumarnos a iniciativas internacionales que promueven el gobierno abierto, la integridad y la transparencia en las contrataciones y obras públicas, México –a través de la acción colaborativa de la sociedad civil, el gobierno federal y nuestro Instituto– ha buscado conformar un nuevo esquema de administración más clara y efectiva, que abre los procesos de toma de decisiones a la participación de la población. Un gobierno que con máxima publicidad de sus acciones y decisiones reduce los espacios de opacidad y secrecía.

Otro punto que vale la pena considerar es el relativo a la transparencia y el ejercicio del derecho a saber en el periodismo. Ya que al establecer un procedimiento sencillo y en el que no es necesario acreditar la identidad del solicitante, para acceder a información pública, se facilitó el trabajo periodístico más seguro e independiente del poder público, así como la conformación de investigaciones más especializadas. Por ejemplo, el reportaje sobre la Casa Blanca, el caso de la Estafa Maestra, y la investigación sobre las empresas “fantasmas” durante la administración del exgobernador veracruzano Javier Duarte. Estas buenas prácticas dan cuenta de la estrecha relación entre el periodismo y el derecho de acceso a la información, como vías para la difusión del conocimiento público, y como medio para dilucidar prácticas de opacidad o corrupción de las administraciones.

En 2016, este cuerpo normativo dio paso a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de dar mayor efectividad a la reforma constitucional en la materia, y con ello brindar más elementos para que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, se conviertan en una realidad que permea las administraciones a nivel nacional. A diecinueve años de la primera legislación en la materia, todas las entidades federativas cuentan ya con leyes armonizadas y órganos garantes que trabajan unidos en el Sistema Nacional de Transparencia. Orgullosamente, este sistema conformado por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, que trabajan coordinadamente para la socialización de las prerrogativas tuteladas y para hacer de la transparencia una política pública nacional. 

La transparencia ha dejado una huella que va más allá de la profesionalización del servicio público y la búsqueda por la reducción de la opacidad y la secrecía en las administraciones. La transparencia es un bien público por medio del cual las y los mexicanos podemos transformar nuestra realidad. Nuestro reto es ampliar los alcances de la transparencia y con ello, hacer que cada persona vea en el derecho a la información una posibilidad para crecer en comunidad, para integrar sus exigencias y evaluar la actuación de sus autoridades. Pero también como canal para conocer y encauzar el ejercicio de otros derechos fundamentales.

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