La Constitución de 1917 es una muestra vigente de la historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano. Nacida como un elemento fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes, hoy se enaltece como uno de los instrumentos más antiguos promulgados durante el siglo XX.
La Constitución Mexicana de 1917, como todas, es resultado de un momento histórico, es un documento y una norma, que rodeada de simbolismo democrático, se presentó como una muestra solidaria del interés social, económico y cultural en relación con la realidad de las personas.
La Constitución representa un baluarte de la democracia de nuestro país, de ahí la importancia de celebrar los 103 años de este instrumento surgido de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados, continente de los anhelos y esperanzas de los mexicanos, así como de las garantías y procedimientos que han fortalecido nuestro Estado de derecho.
La estructura constitucional refrendó al federalismo como soporte de la nación y a la democracia como el modelo político fundamental del quehacer público. Además, a través de sus adecuaciones, ha reforzado e incorporado un enfoque centrado en los derechos humanos, fomentando el reconocimiento y mayor protección de la dimensión social de la persona.
Este importante aspecto guió la generación de la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero de 2017, luego de un amplio proceso político jurídico cuyas implicaciones impactan directamente en el ordenamiento social, económico y político de la capital de nuestro país.
Al respecto, el artículo 7 de la constitución local califica a la capital del país como Ciudad democrática, no sólo en función del derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria; sino además, en atención a los derechos a una buena administración pública, a la libertad de reunión y asociación, así como la de expresión, del derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales y, por supuesto, al derecho a la información.
Lo anterior refuerza el precepto universal de acceso a la información como un derecho humano. Los habitantes de la Ciudad deben tener derecho a acceder a la información en todos los rubros de la administración y la vida pública; un libre acceso a la información plural, suficiente y oportuna que posea, transforme o genere cualquier instancia pública o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público.
Del cumplimiento a este mandato se derivan otros artículos constitucionales; fundamentalmente relativos al órgano encargado de garantizar el ejercicio de los mencionados derechos y definir el alcance de éstos. Al respecto, el artículo 49 del máximo ordenamiento local prevé al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como el órgano garante de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La participación institucional del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es fundamental en la construcción de un Estado de derecho, por ello, encamina sus esfuerzos hacia la conservación y el enriquecimiento de los principios consagrados en esta norma fundamental local. Muestra de ello es que tan sólo durante el 2019, se registraron 155 mil 733 solicitudes de acceso a la información pública y 8 mil 447 solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, lo que en suma representa un incremento del 6% respecto al año 2018. Lo anterior demuestra el interés creciente de la ciudadanía frente a los asuntos públicos, lo que nos conmina como institución a entrar a una nueva etapa donde se consolide la democracia sustantiva, que genere procesos de igualdad entre todos los actores de una sociedad como la nuestra.
En esa lógica, la Constitución Política de la Ciudad de México denota que los esfuerzos institucionales nos invitan a pensar en una ciudad con derechos consagrados a favor de las personas. A más de un año de su entrada en vigor, se debe reconocer el trabajo realizado y velar por hacer de los derechos plasmados, una herramienta y una práctica cotidiana.
Asumimos de este modo y con profunda responsabilidad, la vigilancia y el cumplimiento de las garantías estipuladas en nuestras constituciones, símbolos de pluralidad, diversidad y corazón de nuestra república y ciudad, en las que se reflejan nuestras aspiraciones como nación.