En México, el año pasado se celebraron los 60 años del voto de la mujer y, junto con esta fecha, multitud de reflexiones en torno a lo mucho que falta por hacer para lograr la equidad en los ámbitos de decisión pública, como en varios aspectos de la vida social y familiar.
En torno a esas reflexiones realizadas en México resulta necesario poner en perspectiva que, aunque ha habido avances, éstos no han logrado un cambio sustancial respecto a la incorporación de las mujeres en los espacios de decisión pública. Las cuotas de género, si bien han tenido efectos positivos en el aumento de las mujeres principalmente en la conformación de los poderes legislativos federal y de las entidades federativas, no constituyen el único mecanismo para lograr de facto la igualdad entre hombres y mujeres. Las cuotas, incluso, deben replantearse no sólo como medidas de entrada o acceso a las listas de candidatos a contender por un cargo, sino como porcentaje efectivo en la integración de esos órganos. Las cuotas de entrada no han conseguido garantizar que, cuando menos, ese cuarenta por ciento de candidatos de un género distinto ocupe los escaños en esa misma proporción. En este debate respecto a la utilidad de las cuotas lo que llama la atención es que estados como Nuevo León, por ejemplo, en el que no se encuentran previstas las cuotas para la integración del Congreso, las mujeres únicamente ocupen el 19% los escaños, esto es, sólo ocho mujeres forman parte del poder legislativo de ese estado, y el debate continúe en torno a los espacios que han abierto las cuotas para las mujeres y no a la mucho que debe hacerse para conseguir la equidad.
Debemos concluir el debate en torno a la utilidad de las cuotas de género, como mecanismos constitucionales de carácter temporal para lograr la igualdad de facto, han sido exitosas. No debemos quedarnos ahí. Debemos incidir en otros ámbitos y espacios para lograr la equidad entre los géneros. Las medidas tomadas no deben circunscribirse solo a los cargos de elección popular o a la integración de los poderes legislativos, debemos avanzar en los espacios ocupados por mujeres en los poderes ejecutivo y judicial, en los organismos autónomos y, desde luego, en la iniciativa privada. Las políticas públicas de género, presupuestos etiquetados para este fin, juzgar y legislar con perspectiva de género, educación y capacitación son importantes tareas en este tema.
Las mujeres deben tener garantizado su derecho a desenvolverse en el ámbito de su interés, que les permita cubrir sus necesidades, ser productivas, independientes y con absoluta libertad en las decisiones que tomen. La violencia de género, no sólo la física, la económica, emocional, psicológica se hace presente en mujeres de cualquier condición social, económica y cultural en nuestro país y las armas para enfrentarla pasan, sin duda, por garantizarles acceso a la educación y a un trabajo que les permita desenvolverse con independencia de sus parejas. La solución como país incorpora a los hombres para que, desde sus trincheras y junto con nosotras, aporten soluciones, ideas y acciones a favor de la equidad de género.
Las mujeres no podemos ser estigmatizadas, juzgadas ni ignoradas en función de las decisiones de pareja que hayamos decidido tomar. No podemos vivir atadas al pasado, presente y futuro de nuestras parejas ni de sus decisiones, acciones, aciertos o desaciertos. Nosotras, como ellos, particularmente cuando ejercemos cargos públicos debemos estar siempre en permanente escrutinio público en el ejercicio de nuestro encargo. Debemos rendir cuentas, responder cuestionamientos, dar explicaciones y probar nuestro desempeño apegado a derecho. México tiene que dejar el discurso de la equidad de género para materializar, en los hechos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres convencida de que lo único que debe ser tomado en cuenta para lograrlo son nuestros méritos profesionales y académicos.
Las reflexiones en torno a la conmemoración del día de mañana pasan inexorablemente por el hecho de concretar aquellas reformas que siguen esperando ser dictaminadas en el Congreso, por adoptar las medidas que permitan la incorporación de un mayor número de mujeres al ámbito laboral, por el respeto irrestricto a nuestros derechos y decisiones y por la protección del estado y las leyes a cada una de ellas.
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