Los comicios intermedios de 1955 parecían ser un ejercicio electoral sin mucha importancia. Por un lado, la sociedad mexicana estaba un poco desconcertada por la devaluación del peso mexicano frente al dólar de 1954 y los efectos de ese llamado milagro económico mexicano parecía que comenzaban a desvanecerse, aunque por otro lado, la inversión pública en obras sociales se tradujo en programas de apoyo al campo, infraestructura urbana y carretera, inversión en vivienda y en salud, reflejada en la construcción del Centro Médico Nacional, el ajuste de salarios más allá de lo básico y la instauración del aguinaldo para los trabajadores del Estado.
Sin embargo, la expectativa alrededor de estos comicios, celebrados el 3 de julio, que en la arena política, no representaban, en apariencia, ningún contratiempo, estaba focalizada en que por primera vez en la historia del país, las mujeres iban a poder acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto en una elección federal, cumpliéndose uno de los compromisos de campaña del entonces presidente Adolfo Ruíz Cortines, quien propuso modificar el artículo 34 de la Constitución Política para establecer que eran ciudadanos mexicanos, los varones y las mujeres que hayan cumplido 18 años, si son casados o 21 si son solteros y tengan un modo honesto de vivir.
Esta reforma otorgaba a las mujeres su reconocimiento como ciudadanas y la posibilidad de sufragar en los comicios electorales, rompiendo con el paradigma de que la mujer mexicana sólo debería actuar en el hogar.
De esta manera se concretaban los esfuerzos iniciados un siglo atrás, cuatro años antes de la promulgación de la Constitución liberal de 1857 y la Guerra de Reforma, cuando algunas zacatecanas plantearon ser reconocidas como ciudadanas, sin embargo, la ley suprema no contempló dicha posibilidad y fue ambigua en la definición del ciudadano mexicano.
Décadas más adelante, Laureana Wright pedía abiertamente en sus escritos publicados en la revista “Violetas de Anáhuac” el derecho a votar para las mujeres y la igualdad de oportunidades. Años antes, en 1879, durante la celebración del Primer Congreso Obrero del Gran Círculo de Obreros Libres, grupos de mujeres promovieron la idea de que se les incluyera en los partidos de oposición a Porfirio Díaz y los clubes liberales.
Años más tarde, la también periodista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (editora del seminario “Vésper”), Dolores Jiménez y Muro (colaboradora en la revista “La Mujer Mexicana”) y Elisa Acuña y Rosetti (editora de “La Guillotina”) fundaron en la cárcel la sociedad "Hijas de Cuauhtémoc", y posteriormente “Las Amigas del Pueblo” para exigir a Porfirio Díaz el reconocimiento de sus derechos.
A esta lucha se sumaron las periodistas y simpatizantes del movimiento de Ricardo Flores Magón, Andrea y Teresa Villarreal, quienes estuvieron exiliadas en Estados Unidos por su ideología política y regresaron a México tras el triunfo de Francisco I. Madero. En noviembre de 1911 fundaron el Club Femenil Sufragista, cuyas principales metas eran incorporar a la mujer mexicana a la vida del progreso mediante la igualdad y el derecho al voto.
Ese mismo año, aún adolescente, Hermila Galindo logró incorporarse al gabinete de Madero. En 1914 formó parte del comité de bienvenida al Ejército Constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, y trabajó con el jefe revolucionario como formadora de clubes políticos en el sureste del país. En 1917, al finalizar la Revolución mexicana, se dedicó a promover el sufragio femenino en el constituyente. Posteriormente lanzó su candidatura como diputada federal pero no obtuvo resultados favorables debido a que el Colegio Electoral se negó a reconocer su superioridad en votos obtenidos.
A nivel estatal, en Yucatán, en la década de los 20, Felipe Carrillo Puerto hizo caso a las demandas de grupos sufragistas y otorgó el derecho al voto a las yucatecas. De esta manera, el 18 de noviembre de 1923, Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, convirtiéndose en la primera mexicana en ser elegida para un cargo de representación popular. Sin embargo, dimitió dos años después debido a las constantes amenazas hacia su persona.
Ese mismo año, tras la celebración del Primer Congreso Nacional Feminista en la ciudad de México, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se les permitía ejercer a las potosinas el derecho al voto siempre que supieran leer y escribir y no pertenecieran a ninguna asociación religiosa, en clara alusión a los conflictos entre el Estado y la Iglesia católica. El único cargo popular al que podían aspirar era el de presidencia municipal. Esta enmienda fue considerada un exceso y se derogó en 1926.
Por casi 10 años, el único estado que reconocía el sufragio femenino era Chiapas. En Tabasco, las integrantes del Partido Radical Feminista Tabasqueño lograron en 1931, el reconocimiento al sufragio femenino.
Un lustro después, en medio de la presión ejercida por el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, surgido del Tercer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, el Congreso poblano, en 1936, aprobó la reforma al artículo 33 de la Ley Electoral para establecer que "son electores y por lo mismo tienen derechos a ser inscritos en el padrón electoral los varones y las mujeres poblanas".
Las demandas de los grupos sufragistas de todo el país eran constantes. Por esta razón, en 1937, el titular del ejecutivo, Lázaro Cárdenas, como parte de sus reformas sociales, propondría una modificación al artículo 34 constitucional para otorgar el derecho al voto a las mexicanas. La iniciativa fue aprobada por el Senado de la República pero rechazada por la Cámara de Diputados.
A partir de las modificaciones a las constituciones locales para permitir la participación de mujeres como candidatas en los procesos electorales locales y el asedio de grupos sufragistas como la Alianza Nacional Feminista y el Grupo Leona Vicario, el entonces presidente, Miguel Alemán Valdés, con casi un mes a la cabeza del país, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de adición al artículo 115 constitucional en el que se determinaba que "en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas". La moción fue aprobada días después, el 31 de diciembre de 1946 y entró en vigor el 12 de febrero de 1947.
En 1954, Aurora Jiménez de Palacios fue elegida diputada federal por el Distrito I del estado de Baja California, quien durante sus cuatro meses de trabajo legislativo pidió “mayor atención a los niños, a las mujeres desamparadas y a los campesinos sin trabajo y sin tierra” como herramienta para disminuir la delincuencia.
Un año más tarde, a través de los comicios federales, serían elegidas Remedios Albertina Ezeta, por el estado de México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas como diputadas federales para la XLIII Legislatura (1955-1958).
A partir de ese momento, hubo una incorporación paulatina de mujeres al ámbito de la vida política del país, sin embargo, su inclusión no ha sido la esperada, pues pocas han logrado ser gobernadoras o candidatas a la presidencia de la República, y en las cámaras de diputados y senadores se ha tenido que apelar al principio de paridad de género para poder incorporarles de manera equitativa en ambos espacios legislativos, pues ha habido mucha reticencia a que ocupen escaños legislativos y se han librado batallas a favor del reconocimiento de la violencia política motivada por el género.
La historiadora Joan Wallach Scott ha señalado que la historia política, anclada en una perspectiva de género, ofrece nuevas perspectivas a viejos problemas, redefine los viejos problemas en términos nuevos, hace visibles a las mujeres como participantes activas, y abre posibilidades para pensar en las estrategias políticas feministas actuales y el futuro.
Al respecto, a propósito de la conmemoración de los 65 años de participación electoral de las mujeres en México, hay tres libros enfocados al análisis histórico de la consecución del voto femenino cuya lectura podría brindar aportaciones y reflexiones para las elecciones intermedias del próximo año.
El primero de ellos es una compilación de ensayos sobre el reconocimiento del voto en diferentes estados de la República realizada por Ana Lau Jaiven y Mercedes Zuñiga bajo el título “El sufragio femenino en México. Voto en los estados (1917–1965)”, publicado por El Colegio de Sonora; el segundo es “Mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano” de María Teresa Fernández Aceves, editado por Siglo XXI y Ciesas, que analiza las aportaciones de Belén de Sárraga, Atala Apodaca, María Arcelia Díaz, María Guadalupe Martínez y Guadalupe Urzúa a la vida pública política de Jalisco y de México y “La Revolución de las Mujeres en México”, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde se conjuntan ensayos del sufragio femenino, el movimiento sufragista y los derechos políticos de las mujeres.
Lecturas urgentes a un año de distancia del próximo ejercicio electoral y en medio de una realidad en la que a 65 años de la incorporación de las mujeres a la vida política nacional, a pesar de ser un récord histórico, de acuerdo con el informe Participación política de las mujeres a nivel municipal: proceso electoral 2017 – 2018, de ONU Mujeres, sólo 27.3 por ciento de los ayuntamientos del país están encabezados por una mujer, y sólo nueve mujeres han sido gobernadoras.