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5G, más allá del espectro radioeléctrico

Un marco regulatorio debe incluir medidas de protección a la privacidad que aseguren un nivel mínimo de control y transparencia. | María Elena Estavillo Flores

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Escrito en OPINIÓN el

5G, la quinta generación tecnológica de telecomunicaciones móviles, es un tema que está en la boca de todos.

Esta combinación de nuevas tecnologías permitirá, entre otras cosas, un desarrollo explosivo del internet de las cosas, es decir, la interacción directa y automatizada entre dispositivos. Nos maravillamos pensando en ese futuro a la vuelta de la esquina invadido de dispositivos y sensores conectados a múltiples sistemas, muchos de ellos sin intervención humana y que harán nuestra vida más sencilla, intercambiando y procesando cantidades masivas de datos.

Una gran parte de la discusión sobre 5G se ha enfocado en encontrar bandas del espectro radioeléctrico que podamos aprovechar en la nueva generación de tecnologías, ya que su evolución nos indica que cada vez necesitaremos más frecuencias para responder a la demanda explosiva de capacidad de las redes. Buscamos bandas que por cualquier razón no estén en uso, o que estén siendo aprovechadas para otros servicios que es posible reacomodar, o bien las que fueron asignadas a servicios móviles con aplicaciones tecnológicas anteriores que ya van de salida.

Dentro de estos debates, también reflexionamos sobre cuáles son las mejores formas de organizar y segmentar las bandas, para adecuarlas a las tecnologías y a los requerimientos de las aplicaciones comerciales, de manera que se logre el mejor uso posible.

Pero un ecosistema con los ingredientes necesarios para impulsar el desarrollo de 5G, va mucho más allá del espectro radioeléctrico.

Una preocupación importante, a la luz del creciente tráfico de datos en las redes, además de que una gran porción se está compartiendo de forma automatizada, es la privacidad.

El intercambio de datos de los usuarios permite desarrollar nuevos servicios en beneficio de las personas, tomando como base sus preferencias y hábitos, para adelantarse a sus necesidades y facilitar la vida cotidiana.

Pero, al mismo tiempo, nos damos cuenta de que un gran número de entidades tienen en su poder datos nuestros, que frecuentemente autorizamos por defecto, desconocimiento o complejidad de los procesos, y que es muy escaso el margen de control de los ciudadanos para decidir el tipo de información que están dispuestos a compartir, con qué tipo de organizaciones, para cuáles usos, y bajo qué condiciones.

Un marco regulatorio para 5G forzosamente debe incluir medidas de protección a la privacidad que aseguren un nivel mínimo de control y transparencia para que los usuarios tengan conocimiento y verdaderas opciones sobre el grado de acceso que decidan brindar a terceros sobre sus datos.

Ese margen de control requiere contar con la posibilidad de que los ciudadanos se lleven sus datos consigo cuando decidan cambiar de aplicación o sistema, como ocurre actualmente con la portabilidad de los números telefónicos al optar por otro proveedor de servicios.

Esta posibilidad conlleva un esfuerzo importante de estandarización, de forma que los datos estén disponibles y puedan ser útiles y procesables en cualquier aplicación o sistema. Además de los datos, es preciso identificar otros elementos que pueden dificultar la transición entre aplicaciones, sistemas, proveedores y el movimiento físico a través de las fronteras nacionales.

Tales acciones no sólo protegen la privacidad y la libertad de elección de los consumidores, sino que promueven una sana competencia y alientan la innovación. Aunque al mismo tiempo, la estandarización y coordinación conllevan riesgos de monopolización que deben ser estudiados desde la óptica de la competencia y la libre concurrencia.

No es posible preservar la privacidad sin un manejo efectivo de la ciberseguridad, por lo que éste es otro componente esencial para impulsar el ecosistema 5G, que debe desarrollarse con la colaboración de distintas autoridades.

Por otro lado, la profusión de datos masivos está dando lugar a incontables nuevas aplicaciones y servicios, que no hubiera podido generarse antes de la era de los megadatos o big data y el aprendizaje de máquinas.

En estas actividades se hace esencial definir derechos de propiedad sobre la información procesada, de forma que se protejan tanto los derechos de los usuarios originadores de los datos, como los de los innovadores que aportan su creatividad y trabajo para darles una utilidad. Además, se requiere claridad sobre las responsabilidades de las distintas personas y organizaciones involucradas en el funcionamiento de los sistemas automatizados, para crear un entorno de certidumbre a medida que exista mayor interacción entre los mismos sistemas y con los humanos.

Para acomodar el crecimiento esperado, es necesario extender físicamente el tamaño de las redes, pero resulta que en la práctica los operadores se enfrentan a todo tipo de obstáculos para el despliegue. De nada sirve la asignación de mayores cantidades de espectro, si no se trabaja para la homologación, simplificación y digitalización de trámites locales relacionados con la instalación de cables, antenas, el uso del derecho de vía y compartición de sitios, lo que idealmente debería coordinarse con la provisión de otros servicios públicos.

Muchas veces ocurre que, ante la instalación de nueva infraestructura de telecomunicaciones, se despierta una fuerte oposición vecinal propiciada por la falta de lineamientos e información pública relacionada con las emisiones radioeléctricas y sus efectos en la salud. Un ecosistema impulsor de los nuevos servicios y aplicaciones debe encontrar un equilibrio donde se fomente el acceso de los ciudadanos a las tecnologías y, al mismo tiempo, se evite generar riesgos a su salud, lo que necesariamente implica tener lineamientos claros para los operadores e información pertinente y accesible para los ciudadanos.

Existen amplias áreas en donde el regulador de las telecomunicaciones debe interactuar con diversas autoridades, como por ejemplo las de salud para el caso de las emisiones, las locales para el despliegue de infraestructura, o la de transporte aéreo para el funcionamiento de drones, por lo cual habrá que desarrollar mecanismos eficientes de colaboración entre reguladores.

Estamos hablando, esencialmente, de tener una visión de futuro para concebir y aplicar una política integral que impulse un nuevo ecosistema regulatorio para el desarrollo de 5G, con incentivos para la inversión por parte de los productores de equipo, desarrolladores de las redes, proveedores de servicios, sistemas y aplicaciones, y que también proteja los derechos de los consumidores y promueva su acceso a las tecnologías.