Nos encontramos justo a un año de que nuestra Constitución llegue a su centenario. Se trata de una oportunidad inigualable para colocar su devenir en el centro del debate, o bien, reflexionar en torno a la necesidad de un nuevo pacto que reconstituya la convivencia entre los mexicanos.
En estos casi cien años transcurridos, políticos obsesionados con dejar huella de su paso por el Congreso la han engordado, convirtiéndola en un texto barroco, enredado y sólo apto para iniciados en leyes. Cuando se promulgó la Constitución estaba conformada por 22 mil palabras. La mutación constitucional se agudizó a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, siendo el calderonismo el periodo en que más cambios constitucionales se realizaron. De acuerdo con el investigador Héctor Fix-Fierro, para 2015 contaba con más de 66 mil palabras y 642 reformas, es decir, se triplicó su tamaño. El resultado de este maltrato es una Carta Magna tan desfigurada, que sería irreconocible a los ojos de aquellos legisladores que la promulgaron hace un siglo.
La Constitución ha dejado de ser una carta de derechos esenciales enunciados con precisión. Ya no es ese documento que define el carácter, las aspiraciones y los valores en los cuales los miembros de una comunidad política se identifican. En vez, se ha vuelto una sucesión interminable de reglamentaciones que colindan con el sinsentido: Hasta la cantidad de spots que le corresponden a los partidos fue elevada a rango constitucional. Con duplicidades, contradicciones y un abuso descomunal de artículos transitorios, es un compendio de leyes tan desordenado, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es considerado un derecho humano.
Más allá de la forma y la redacción, el verdadero problema es de fondo. Nuestra Carta Magna ya no es un instrumento de emancipación; se ha convertido en un instrumento de dominación. En los hechos, el pacto fundacional de 1917 ya no existe. Las reformas aprobadas a lo largo de los últimos sexenios y sobre todo en el actual, se han encargado de borrar cualquier reminiscencia. Los tres pilares que cristalizaban los legados más valiosos de la Revolución Mexicana y que le conferían reconocimiento internacional como una Constitución social de vanguardia, han sido paulatinamente vaciados de significado, cuando no derruidos.
El primer pilar caído es el Artículo 3ro. El carácter laico, público y gratuito de la educación está siendo revertido por legislaciones secundarias cuyo único propósito es someter al magisterio. En efecto, la Reforma Educativa cambió todo menos lo que tenía que haber cambiado: la educación. El segundo pilar vuelto escombros es el Artículo 27. La Reforma Energética ha transferido la soberanía de nuestros recursos naturales y territorios a las trasnacionales extractivas. Bajo el aberrante eufemismo de “ocupación temporal”, en las próximas décadas estarán perpetrando un saqueo ni siquiera visto en la Colonia. A menos que hagamos algo por impedirlo.
Y qué decir de los residuos del Artículo 123. La legislación laboral vigente deja en la indefensión y la precariedad tanto al trabajador como al pequeño y mediano empresario. Se cumple así el sueño neoliberal de disponer de una fuerza de trabajo flexible a la oferta y la demanda del momento a través de modalidades como el empleo de media jornada o incluso por hora, los contratos a prueba, la prolongación de la edad de retiro y el outsourcing.
En suma, la vertiente agraria del zapatismo, el aporte sindicalista del magonismo y la vocación republicana y democrática de Madero, fueron devorados por un ogro filantrópico que instituyó la Revolución a su imagen y semejanza.
En estos cien años, de manera sigilosa y subrepticia se instauró una revolución conservadora. Contrario a la concepción clásica de revoluciones, ésta no fue contra el poder, sino impulsada desde el poder por una minoría invisible que no le rinde cuentas a nadie. Este tipo de revolución se fragua en despachos privados y no en tribunas públicas. Sus festejos son imperceptibles, pues no están en las calles sino dentro de los palacios. Pero por más silencioso que fuera su triunfo, dejó huellas: tenemos una Constitución totalmente diferente a la de 1917 sin que se haya convocado a un Poder Constituyente. Los cambios recientes no han sido del todo dimensionados, aunque sus estragos se aproximan a una velocidad insospechada.
Por eso hay que ir a disputar el sentido del centenario de la Constitución. Nada más lejano a una celebración. El 5 de febrero de 1917 (#5f17) debe resignificarse como el día en que habrá de sepultarse a la Constitución que el régimen aniquiló. La contraofensiva no debe basarse en la nostálgica pretensión de volver al texto original de 1917. Habría que recordar, por ejemplo, que el derecho al sufragio de las mujeres no se alcanzó sino hasta la década de los cincuenta. De lo que se trata es de recuperar su esencia social y libertaria y adaptarla a los desafíos y realidades del Siglo XXI.
Los próximos 366 días (tratándose de un año bisiesto) tienen que ser el despegue de un proceso constituyente. México no se encontrará a sí mismo mientras no inicie una gran conversación nacional en la cual imaginemos colectivamente qué tipo de país queremos ser. El camino hacia una nueva Constitución es pedagogía cívica, es formación de ciudadanos libres, es saldar una deuda histórica con los actores postergados que nunca han sido tomados en cuenta al momento de decidir.
Se equivoca quien piense este proceso como un ejercicio académico o de contemplación intelectual. Es un esfuerzo a largo plazo de acumulación de fuerzas en el cual desde el seno de la sociedad tendrán que emerger ideas que movilicen a una mayoría política capaz de imponer los cambios que México requiere.
La pregunta es, ¿por dónde comenzar? En Por México Hoy hemos definido que nuestro punto de partida es impulsar una iniciativa ciudadana en el Poder Legislativo. Vamos por la reforma, entre otros, de los artículos 35, 36, 41 y 135 constitucionales. De este modo, en la Constitución estará previsto que los ciudadanos puedan convocar a una Asamblea Constituyente y a un referéndum para aprobar el pacto fundacional que de esta surja. Para que nuestra iniciativa ingrese a discusión parlamentaria necesitamos el apoyo del 0.13% de la lista nominal de electores. Esto implica que en los próximos meses estaremos recolectando cuando menos 120 mil firmas por todo el país, aunque la idea es ir por muchas más.
México debe dejar de ser un caso excepcional en América Latina, marginado de las discusiones contemporáneas y sobre todo de las transformaciones en clave progresista y democrática. Incorporar la figura de Asamblea Constituyente en la Constitución no es algo extravagante. De los 18 países latinoamericanos, once han implementado una asamblea de este tipo o la han regulado como mecanismo de reforma constitucional. Como el especialista chileno Francisco Soto Barrientos señala, el común denominador de estas experiencias es reconstruir sistemas institucionales severamente deslegitimados a través de procesos de participación ciudadana intensivos que se extienden por varios años y que suponen la conformación de una asamblea elegida con el único fin de redactar una nueva constitución.
Sabemos que el camino hacia una nueva Constitución será cuesta arriba. Pero conforme vayamos avanzando iremos creando un relato alternativo, descubriendo un sentido común fuera de los márgenes en los que el neoliberalismo pretende confinar nuestro actuar. Ha llegado la hora de que el demos –la gente– se reapropie del cratos –el poder, pues no hay democracia sin pueblo. Con el #5F17 vamos hacia una nueva Constitución en la que todos nos sintamos identificados.