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¿50% o 15% delitos menos en 2024?

Según el presidente, en 2024 estaremos frente a un escenario de reducción sustancial de los delitos, comprado con los registrados en 2018. | Francisco Rivas

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Escrito en OPINIÓN el

Al presentar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el presidente describe un México en donde el último año habrá un total de 959,176 delitos denunciados a la autoridad, lo que equivale al 50% menos del hasta ahora, año más violento de la historia.

No obstante, dicho plan parece querer contradecirlo. El documento que se compone del cuerpo y un anexo, en una parte confirma lo dicho por el presidente, es decir, que en el último año de gobierno los delitos totales en el país serán 50% menores que 2018, mientras que en otra refiere para ese mismo año, una disminución del 15% del total de delitos de 2018 (es decir 1,630,599 delitos denunciados).

¿México será un país donde en 2024 el total de los delitos denunciados esté en un rango entre 959,176 y 1,630,599? Difícil pronosticarlo en este momento.

Sin embargo, dadas las ambigüedades que el documento presenta, así como las decisiones que en materia de seguridad y justicia se han tomado en estos primeros cinco meses por el gobierno federal, lo dudo.

En la historia reciente de nuestro país, el año con la menor cantidad de delitos denunciados ha sido el 2000 con un total de 1,367,238 averiguaciones previas reportadas.

Ahora, para obtener un resultado de cualquiera de las dos naturalezas -sean 959,176 delitos o 1,630,599- es importante recordar que la gran parte de delitos que busca reducir el gobierno de López -el 90%-, son del fuero común, es decir, de competencia principalmente de estados y municipios, por lo que su solución debe estar sustentada en una política que prevea la colaboración con lo local.

Indudablemente una parte del trabajo la deberá hacer la federación, subsidiando a los gobiernos locales a través de las fuerzas federales, pero el apoyo que el gobierno de la república debe dar, principalmente debe centrarse en construir instituciones locales capaces de atender la problemática de seguridad y justicia, prevenir, perseguir y sancionar los delitos, atender a las víctimas, reinsertar en la sociedad a quien purgó una sentencia.

Seguir apostando, como lo plantea el PND 2019-2024 a un cuerpo federal, no garantiza resolver los problemas locales. Seguir en un discurso monotemático alrededor de los asuntos que preocupan al presidente -homicidios y robo de hidrocarburo- olvidando los otros temas, no resuelve la crisis de delitos que vive el ciudadano. Pensar que las transferencias económicas a ciertas poblaciones inhiben el crecimiento de los delitos, significa no entender la complejidad y multifactorialidad de por qué existe el delito y por ello no poder resolverlo.

Si en un primer momento podría parecer positivo que el presidente prometa en el PND un descenso en los índices delictivos, las contradicciones, ambigüedades e ingenuidades que el plan plantea, pueden costarnos centenares de miles de víctimas más, enraizamiento de ciertas problemáticas, aumento de la frustración social, erosión en la confianza institucional y empobrecimiento de los recursos del Estado.

¿Eficacia y eficiencia para resolver problemas?

Recuerdo un ejemplo que un distinguido economista compartió una vez en clase mientras cursaba mi licenciatura y que puede ayudar a entender el por qué de la preocupación de un PND mal estructurado.

Para explicar el uso de recursos por parte del Estado, mi profesor propuso el siguiente escenario: “Tenemos una mosca en una habitación, queremos deshacernos de ella y tenemos a disposición 3 instrumentos para ello, un periódico, una pistola y un cañón ¿cuál utilizamos para matar ese insecto?”

La discusión incluyó preguntas sobre por qué matarla y no simplemente aceptar que en la habitación hay una mosca, saber si era posible en vez de matarla abrir una puerta o una ventana y sacarla, usar la mano como 4 instrumento para cumplir con el objetivo de matar a la mosca, etc.

En resumen, el ejemplo buscaba explicar la importancia de la toma de decisiones en materia del uso de los recursos limitados de un Estado, insistiendo en que toda decisión tiene efectos y consecuencias. Si queremos resolver problemas complejos como los que atiende una política pública, debemos evaluar las condiciones generales del ambiente para resolver ese problema en particular, los recursos a disposición y el tiempo que tenemos para poder resolver el problema. 

Todo esto sin crear otros problemas y sin perder insumos que pueden ser necesarios para enfrentar futuros retos.

Entonces, si debemos pensar en términos de eficacia y eficiencia para resolver un problema, las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Hacienda ¿habrán acordado entre ellos si van a intentar resolver el problema de los 959,176 delitos o de los 1,630,599 delitos en el país? ¿Estarán conscientes de la ruta y el destino? ¿Tendrán en el PND una guía o se conducirán según lo que cada uno considere pertinente?

Las inconsistencias y debilidades del plan y su anexo son muchas, y si bien el presidente afirmó que este aún puede ser mejorado, no sé cómo se podrá lograr.

En un contexto donde levantar una duda o verbalizar una crítica nos posiciona ipso facto como enemigos del proyecto del presidente (y por ende del pueblo), donde el acercamiento con los expertos es un acercamiento sólo a aquellos que piensan como él, veo difícil que el documento sea revisado, corregido, hecho más consistente y construido para ser un insumo clave en la resolución de los muchos problemas que vivimos los mexicanos.

Espero que el presidente muestre tamaño de estadista y admita que el PND -por lo menos en el tema de seguridad y justicia- está mal delineado y debe ser reestructurado, de lo contrario, no sólo creo que no lleguemos a ninguna de las dos metas de reducción planteadas en el documento, sino que habremos sufrido muchos más delitos que en 2018.

Promesas difíciles de cumplir

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