El Consejo General del Instituto Nacional Electoral conocerá en los próximos días el dictamen y proyecto de resolución aprobados por la Comisión de Fiscalización del INE, que contiene los resultados de la revisión de los informes presentados por las personas que aspiran a una candidatura independiente para una diputación federal, el próximo 1 de julio.
Este es el primer análisis respecto al comportamiento de las personas que aspiran a una candidatura independiente para ajustarse a las normas que en materia de financiamiento y fiscalización establece la ley para cualquiera que pretenda obtener una candidatura independiente.
Las sanciones por incumplir con las normas sobre fuentes y límites de financiamiento y monto de erogaciones son graves.
La ley establece desde multas hasta la negativa de registro en el periodo en el que se aspire a una candidatura presidencial y los dos siguientes. Las consecuencias jurídicas son incluso más onerosas que las que la ley prevé para los partidos políticos.
Los aspirantes
El dictamen da cuenta que de las 185 personas que obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente para una diputación federal, 107, es decir, el 68 por ciento, no obtuvieron el número de firmas requeridas por la ley y 62 de estos aspirantes no presentaron los informes requeridos por la norma.
Únicamente 78 personas cumplieron en tiempo y forma con la presentación de sus informes.
La mitad de las personas que cumplieron con la obligación legal de presentar sus informes, obtuvieron el número de firmas y el criterio de dispersión geográfica establecidos por la ley, por lo que aseguraron sus lugares en las boletas para la elección de diputaciones al Congreso de la Unión. La otra mitad, 39 aspirantes, a pesar de haber presentado su información financiera, no estarán en la boleta porque no lograron recabar el apoyo ciudadano exigido por la normatividad.
Los documentos aprobados por la Comisión de Fiscalización que serán sometidos a la consideración del Consejo General en la próxima sesión que celebre, establecen diversas sanciones para los aspirantes que omitieron cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Para las 62 personas que no cumplieron con la obligación de presentar sus informes, las sanciones impuestas por la citada Comisión son multas económicas y la imposibilidad de aspirar a contender por una candidatura independiente en este proceso electoral y en los dos siguientes.
Candidatos independientes
Del total de 185 personas que obtuvieron su registro como aspirante a una candidatura independiente, solamente 39 cumplieron con los requisitos exigidos por la ley –el número de firmas y la presentación de sus informes- para solicitar en el mes de marzo su registro formal para ocupar un espacio en la boleta el próximo 1 de julio.
Que el 58 por ciento de las personas que aspiraban a una candidatura independiente que no lograron reunir el apoyo requerido por la norma, simple y llanamente hayan omitido presentar sus informes es un asunto grave, que refleja la vulnerabilidad del Estado de Derecho en nuestro país. Dos son las conductas graves que la autoridad electoral ha detectado en este proceso electoral en torno a las candidaturas independientes: el primero, la falsificación del apoyo ciudadano y ahora, el incumplimiento de sus obligaciones en materia de financiamiento.
Las personas que quieran competir por un cargo de elección popular, por la vía independiente o partidista, deben ser las primeras en cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la norma.
¿Qué podemos esperar de la actuación como funcionarios públicos
de personas que pretenden burlar la ley o incumplen con los requisitos que exige la norma para postularse a una candidatura para un cargo de elección popular?