Hace unas semanas, el enfrentamiento entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y la Universidad de Harvard alcanzó un nuevo nivel. En esta misma columna, informamos que un grupo de trabajo del gobierno de EU expresó su preocupación a las autoridades de la Universidad de Harvard sobre sus esfuerzos para combatir lo que denominaron acoso antisemita.
La disputa ha escalado en temas de financiamiento, inscripción de estudiantes extranjeros y acusaciones de antisemitismo, aumentando las tensiones entre la administración y la institución académica. En una decisión sin precedentes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, notificó públicamente la revocación de la certificación de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros, citando violaciones de visa y riesgos de seguridad. Esto afectaría a miles de estudiantes internacionales, obligándolos a trasladarse a otras instituciones o enfrentar la deportación.
En el fondo, el Departamento de Seguridad Nacional argumenta que Harvard no ha proporcionado datos de estudiantes, profesores y empleados que han participado en manifestaciones dentro de sus campus sobre el conflicto Israel-Palestina, en especial aquellos de origen extranjero. Según el gobierno, esta falta de cooperación vulnera la autonomía académica, por lo que ha impulsado medidas para mayor transparencia en la inscripción, exigiendo que Harvard revele la identidad y nacionalidad de sus estudiantes internacionales. Los críticos sostienen que estas acciones socavan la libertad académica y dañan la educación superior en EU mientras que sus partidarios aseguran que buscan responsabilizar a las universidades por sesgo político y preocupaciones de seguridad nacional.
Te podría interesar
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha amenazado con retirar tres mil millones en subvenciones federales a Harvard, argumentando que la universidad promueve el antisemitismo y permite influencia extranjera radical. Además, la universidad ha sufrido recortes en fondos federales, con la suspensión de $450 millones de dólares en subsidios y la amenaza de eliminar su estatus de exención fiscal.
Ante esta medida, la Universidad de Harvard impugnó la decisión en tribunales, calificándola de inconstitucional y represiva. La universidad alegó que la revocación del programa de estudiantes extranjeros constituye una violación de la Primera Enmienda y del derecho al debido proceso, logrando que un juez federal bloqueara temporalmente la medida, lo que le permite seguir inscribiendo estudiantes internacionales mientras el litigio avanza.
Aunque muchos consideran esta medida una venganza personal por el supuesto rechazo de la Universidad de Harvard a la postulación del hijo del presidente, en realidad, este conflicto refleja una lucha política más profunda entre la derecha e izquierda de Estados Unidos de América. Se inscribe dentro de una estrategia más amplia contra las universidades de élite, que han sido semilleros del pensamiento opuesto al movimiento MAGA, formando a figuras clave en el gobierno que han promovido políticas contrarias a esta ideología, incluyendo jueces de la Suprema Corte, funcionarios del poder judicial y arquitectos de estrategias económicas y sociales.
La ofensiva busca reducir el financiamiento de estos adversarios políticos, quienes suelen retomar sus posiciones académicas tras salir del gobierno, y debilitar su infraestructura de apoyo en el contexto de futuras elecciones. Además, se enmarca dentro de una campaña conservadora dirigida a limitar la diversidad, equidad e inclusión, particularmente en el ámbito universitario.
Más allá de las razones personales que puedan influir en esta disputa, el fondo del conflicto revela una estrategia política cuidadosamente diseñada, cuyo impacto no solo afectará la estructura académica y financiera de la Universidad de Harvard y otras instituciones de élite, sino que también podría redefinir el papel de las universidades como centros de resistencia intelectual y formación política en Estados Unidos de América.