Recientemente se dio a conocer el último reporte del Banco Mundial sobre la violencia y el crimen organizado en América Latina y el Caribe (LACER) 2025, al que debemos poner atención por la gravedad de lo que arroja. En este documento se advierte que los niveles de violencia que se están alcanzando en la región resultan alarmantes y, por tanto, que el crimen organizado ya no solo representa un problema de seguridad, sino que se ha convertido en un obstáculo estructural para el desarrollo. Entre los datos más relevantes, destaca que aun cuando los países latinoamericanos tenemos el 9% de la población global, la tasa de violencia es 8 veces mayor al promedio global y concentramos el 33% de los homicidios totales.
Por otra parte, señala que las proyecciones de crecimiento son de 2.1% en este año y 2.4% en 2026, lo que coloca a la región como la de menor crecimiento a nivel mundial, pero quizá lo más preocupante, es el control territorial, la gobernanza criminal, la extorsión y la captura del Estado, que son los cuatro elementos que se analizan. En los territorios controlados por el crimen organizado, que van desde pequeñas manzanas hasta grandes áreas rurales, dictan las reglas del juego, proporcionan servicios a la comunidad sustituyendo al gobierno, particularmente en lo que respecta a la seguridad y justicia, ya que además de acaparar mercados ilícitos como el tráfico de narcóticos y armas a través de la coerción y la violencia, también brindan apoyo social a las comunidades, lo que les ha generado legitimidad. Es decir, ante la ausencia del Estado, la delincuencia organizada lo reemplaza y se vuelve gobierno sobre todo en zonas de gran pobreza y desigualdad.
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En este panorama tan complicado y desafiante, nuestro país ocupa la posición número tres a nivel mundial en el índice de crimen organizado desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional (GITOC) que evalúa a 193 países, tan solo después de Myanmar y Colombia. Pero no son únicamente estos informes los que retratan la situación en México. Por ejemplo, según la organización Causa Común, 42 personas desaparecen cada día en México y, tan solo de enero a abril se han registrado más de 5 mil desapariciones, lo cual es un crecimiento de 25% respecto a 2024, siendo que en 20 estados el balance es negativo. En lo que se refiere a la violencia homicida, llama la atención el notable incremento en entidades supuestamente seguras como la Ciudad de México (153%) que se ubica en segundo lugar tan solo después de Sinaloa (253%).
Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, más del 61% de la población en zonas urbanas considera que el lugar donde vive es inseguro –llegando a 67.5% en el caso de las mujeres–, y en algunas ciudades como Villahermosa, Culiacán, y Fresnillo alrededor del 90% manifiestan incluso miedo a transitar en sus mismas colonias, seguidas de Uruapan, Irapuato, Chimalhuacán, Ecatepec, Tapachula, Chilpancingo, Naucalpan, Zacatecas, Cuernavaca, todas arriba de 80% en cuanto a percepción de inseguridad. Otro dato que resalta, es que la mitad de la población entrevistada manifestó haber atestiguado algún robo y el 39% disparos con armas de fuego.
Toda esta información proveniente de reportes de organismos internacionales, organizaciones sociales y encuestas oficiales, contrasta con las cifras que periódicamente anuncia el gobierno por lo que, si bien hay un notorio cambio de rumbo en las estrategias gubernamentales, todo indica que aún estamos lejos de lograr los resultados que todas y todos demandamos.