La violencia que desangra al país es, con mucho, uno de los desafíos más grandes para nuestras autoridades y para la sociedad en su conjunto; el dolor que viven las familias y las comunidades por las acciones de los generadores de violencia, paraliza la vida y las actividades cotidianas y pone en riesgo la convivencia pacífica y la estabilidad del país.
Una de las violencias con mayor capacidad de daño es la violencia política, en tanto que su impacto va más allá de los afectados directos, busca sembrar el miedo en la sociedad, tomar el control de las actividades públicas y paralizar a gobiernos enteros para someterlos a los intereses ilegítimos del agresor.
Para Integralia, de Luis Carlos Ugalde, la violencia política es “Todo acto ejercido contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos, para influir en los resultados o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza… usando cualquier mecanismo que produzca daño físico o emocional”
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El atentado directo en el que perdieron la vida dos colaboradores cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a reserva del resultado de las investigaciones, apunta a intereses profundos -no solo del crimen organizado- y manda un mensaje terrible a la población… nadie es inalcanzable.
Lo cierto es que el fenómeno de la violencia política va más allá de estos hechos lamentables y de las definiciones convencionales. Incurre en violencia política quien atenta con violencia, de manera directa o indirecta, en contra de personas, instituciones y procesos democráticos, de los que depende la paz, la seguridad y el bienestar de la población.
La beligerancia y las tácticas violentas de la CNTE, aplicadas impunemente durante más de diez días en la Ciudad de México, atentan contra derechos y libertades fundamentales de la población, en especial, el derecho a la educación de millones de niños, a quienes toman como rehenes y les niegan el servicio educativo; el derecho a la libre circulación y tránsito; el derecho al trabajo, al impedir que los trabajadores lleguen a sus empleos, ocasionando pérdidas económicas y sanciones laborales.
Y otros derechos sociales, como el derecho a la información al bloquear eventos y estaciones de radio y televisión; el derecho a la libre manifestación de otros ciudadanos; el derecho al acceso a servicios públicos y privados; el derecho a la propiedad y el libre uso de los bienes; y la amenaza -de facto- en contra de la elección judicial del 1 de junio.
Ante estos hechos, por demás preocupantes, sorprende la inacción de las autoridades, que se muestran rebasadas o sometidas por los grupos políticos que les ayudaron a llegar al poder. Es claro que las exigencias de la CNTE son imposibles de cumplir, que sus demandas son injustas y carentes de legalidad, por más que quieran legitimarlas con promesas de campaña.
En sano juicio, nadie pide ni quiere la represión, tampoco autoridades que caigan en la provocación de los movilizados para escalar el conflicto, lo que sí es exigible, son actos de autoridad y diálogo eficaz para preservar el bien común.