La presidenta parece haber encontrado una fórmula que funciona así: primero detecta una causa de indignación, luego anuncia medidas para atender el problema, y finalmente lanza iniciativas legales en las que aprovecha para meter temas de su agenda que pretende pasar sin resistencias gracias a la legitimidad de la bandera que utiliza.
El modelo lo probó primero con sus propuestas en materia de vigilancia y ataque a la privacidad que, según especialistas como la Red en Defensa de los derechos digitales, buscó vender como acciones pro personas desparecidas, y ahora parece repetirse con las propuestas recientes en materia de telecomunicaciones.
Bajo el amparo de la respuesta al spot antimigración del gobierno de Donald Trump pautado en la televisión mexicana, la presidenta ha puesto en la mesa un conjunto de reformas que van mucho más allá de ese tema. Con el pretexto de revivir un artículo eliminado en tiempos de Peña Nieto, que impedía la transmisión de contenido generado por gobiernos extranjeros, la iniciativa propone cambios en temas que van desde las concesiones, hasta las nuevas atribuciones para áreas de su gobierno, en el marco del reacomodo de funciones que implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Frente a esto han surgido en las últimas horas diversas voces -desde quienes señalan que están estudiando el tema como la CIRT- hasta expresiones de preocupación de políticos, y analistas que señalan por ejemplo, que en los términos propuestos el gobierno podría bajar el switch a diversas plataformas de comunicación; vulnerar las certezas en el tema de concesiones, y abrir la puerta para lo que algunos ven como formas de censura previa.
Las advertencias que han estado sobre todo en redes ha obtenido una respuesta de la presidenta Sheinbaum que asegura que se habrá de revisar la iniciativa para evitar lecturas ambiguas. Sin embargo, la experiencia reciente en temas como la Reforma Judicial muestra que legislar con prisas y sobre las rodillas, termina por generar más problemas de los que pretende resolver.
El caso merece especial atención pues si bien la presidenta ha sido clara en sus diferencias con el sexenio anterior en diversos temas -creación de una policía civil federal, el regreso de las semanas nacionales de vacunación, reconocimiento del daño ambiental del Tren Maya, etc.- en la agenda política no hay diferencia, en tanto que sigue vivo el proyecto que busca eliminar contrapesos y concentrar todo el poder posible en la figura presidencial. Con eso en mente, y con los antecedentes de otros gobiernos de América Latina, vale la pena estar atentos a los posibles cambios en telecomunicaciones que se pudieran aprobar tan pronto como en los siguientes días.