El fin de semana inició el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que busca construir 1.1 millones de unidades durante el sexenio. En México se estima un déficit de ocho millones de viviendas, por lo que, en principio, el gobierno acierta en el diagnóstico de facilitar su acceso a quienes más lo necesitan y hacerlo en condiciones dignas.
Parte de la viabilidad del programa reside en los terrenos donde se construirán las viviendas. El director general del Infonavit, Octavio Romero, hizo un llamado a estados y municipios para que donen predios al Instituto y, así, avanzar de manera oportuna con lo planteado.
Hasta aquí, todo suena bien, al menos en el papel: viviendas asequibles, construidas sobre terrenos obtenidos sin costo, ante un problema social real y latente.
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Sin embargo, ya han comenzado a surgir problemas provocados por autoridades locales que, entre el afán de quedar bien y la omisión de sus responsabilidades, amenazan con despojar a la ciudadanía de sus espacios públicos y áreas verdes.
Eso sucede en Sinaloa, como si la entidad no tuviera problemas más urgentes.
Recientemente, los cabildos de Culiacán y Guasave aprobaron el cambio de uso de suelo y la cesión de terrenos que habían sido donados por desarrolladores de fraccionamientos para uso recreativo y como áreas verdes de acceso público.
Estas donaciones son una obligación. Según el artículo 76 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las leyes locales deben establecer que los fraccionadores cedan al municipio predios para destinarlos a áreas verdes y equipamiento urbano.
Por ejemplo, en Sinaloa, el artículo 237 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano obliga a los fraccionadores a donar gratuitamente al municipio entre el 10?% y el 15?% de la superficie neta vendible, para que se destine a espacios públicos para la recreación, infraestructura o equipamiento.
En el caso de Culiacán, vecinos de las colonias Prados de Occidente, Enrique Félix Castro y Jardines del Pedregal —que llevaban más de veinte años esperando la construcción de un parque recreativo— se enteraron de que el municipio decidió ceder esos predios al Infonavit.
Es decir, mientras la ley establece con claridad que esos terrenos deben servir como espacio público, las autoridades actuales pretenden ganar políticamente por partida doble: por un lado, se libran de construir un proyecto que acumula dos décadas de retraso; por el otro, saludan con sombrero ajeno ante el gobierno federal para ganar simpatías políticas.
Desafortunadamente, no es un caso aislado. En 2024, en Los Cabos, empresarios denunciaron la entrega a particulares de licencias para construir en predios donados. En 2021, en Mazatlán, se intentó edificar condominios en un parque y campo deportivo comunitario.
Hoy, mientras las ciudades avanzan hacia la dictadura del concreto, los espacios públicos representan una de las últimas oportunidades para que las personas vivan en entornos dignos, saludables, accesibles y empáticos con el medio ambiente. Estas son las verdaderas soluciones para atender, de raíz, problemas como la inseguridad y la ruptura del tejido social.
En lugar de ello, el Ayuntamiento de Culiacán, encabezado por Juan de Dios Gámez Mendívil, apuesta en sentido contrario: ¿de qué servirá tener vivienda sin parques, sin naturaleza, sin dignidad?
Y si al alcalde no le preocupa el urbanismo, al menos debería importarle la legalidad. El artículo 238 de la legislación estatal es claro: las áreas donadas son de dominio público, imprescriptibles, inalienables e inembargables. Su enajenación o disposición está afectada de nulidad absoluta.
Es necesario que el Cabildo rectifique. Y si no lo hace, que el Congreso del Estado o la propia Presidencia de la República hagan un llamado firme. De lo contrario, tanto el proyecto de la presidenta como la certeza jurídica de quienes adquieran esas viviendas se verán en riesgo.
Los sinaloenses ya no solo deben preocuparse por su vida y patrimonio frente a la violencia, sino también por un gobierno local que amenaza con arrebatarles los pocos espacios de convivencia que aún conservan. No se puede permitir que un buen proyecto sea manchado por autoridades locales obsesionadas con sus aspiraciones políticas del mañana. Ni la ciudadanía ni la presidenta merecen que les hagan esto. Al final, como dijera Henri Lefebvre, las ciudades deben ser para quienes las habitan, no para quienes las negocian.