El principal reto de la elección judicial, el próximo primero de junio, será la participación ciudadana, debido a que la mayoría de los mexicanos observan con desconfianza el proceso y son muy pocos, además de los amigos y familiares, quienes se han interesado por conocer los perfiles de los candidatos.
Las primeras proyecciones calculan una participación mínima de entre 8% y 15% del total de mexicanos convocados a las urnas. Y ante el dilema de garantizar la imparcialidad del proceso o disminuir el abstencionismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con voto dividido, echó abajo el acuerdo del INE que prohibía a servidores públicos promover la elección judicial.
La Suprema Corte de Justicia es una de las instituciones más antiguas e importantes del Estado mexicano; sin embargo, pese a su enorme relevancia, ha sido y es una institución poco entendida por el público general, señala Pablo Mijangos y González en la introducción de la Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México (Colmex, 2019).
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Fuera del mundo de los abogados –indica Mijangos–, muy poca gente sabe cuáles son los poderes que realmente tiene el máximo tribunal, cuáles son las condiciones que deben reunirse para que se pronuncie sobre un asunto determinado y por qué todos tendríamos que darle un mayor seguimiento a sus decisiones. A veces da la impresión de que, para la gran mayoría de los mexicanos, la Corte se ubica en un mundo remoto y misterioso que sólo afecta a un puñado de personas,
El desconocimiento generalizado respecto a la Corte y el mundo judicial obedece a varios factores. De entrada, el sistema educativo no ha sabido transmitir y arraigar una cultura de la legalidad: un alto porcentaje de la ciudadanía ignora cuáles son sus derechos básicos, desconoce los procedimientos que tiene a su alcance para hacer valer sus reclamos y carece de la formación necesaria para desentrañar los puntos clave de un texto jurídico; su confianza en las instituciones es limitada y le cuesta distinguir jurisdicciones y niveles de gobierno.
Si el ciudadano común sufre muchas penurias para entender (y enfrentar) problemas legales ordinarios, no podemos esperar que preste atención a decisiones judiciales de enorme complejidad técnica que en apariencia están alejadas de su realidad. Paradójicamente –advierte el historiador–, en México existe una clase profesional de abogados muy numerosa, pero a este gremio nunca le ha preocupado demasiado que sus saberes y su lenguaje resulten incomprensibles para buena parte de la población.
Existe una colección de 28 tomos sobre la Historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coordinada en 1985 por el doctor Lucio Cabrera y Acevedo, que narra la historia de este tribunal desde el año de 1808 “cuando aún se escuchaba el eco de los clarines y cornetas, el tañer de las campanas y los vivas de independencia y libertad resonaban en los lugares más recónditos de la patria mexicana”.
Desde la primera República federal (1824) hasta el presente, este tribunal ha sido una pieza clave de los distintos regímenes que se han ensayado en el país, funcionando a veces como un contrapeso efectivo a los demás poderes, otras tantas como instrumento legitimador del autoritarismo en turno, y siempre como un referente para dotar de uniformidad y certidumbre al derecho nacional.
A pesar de su importancia, advierte Mijangos, la Suprema Corte ha sido prácticamente invisible en el relato histórico nacional. Los análisis críticos sobre el Poder Judicial empiezan a darse a finales de los años 80 del siglo pasado, en un contexto de apertura política y crisis del viejo sistema priísta.
De hecho, la primera campaña presidencial donde el tema de la reforma judicial apareció claramente en el discurso político fue la de Ernesto Zedillo. Una vez en la Presidencia, promovió la reforma judicial de 1994 que redujo el número de ministros de la Suprema Corte, pasando de 26 a 11, además de crear el Consejo de la Judicatura Federal, entidad encargada de administrar y vigilar al Poder Judicial.